Aproximadamente hace un año, Franciscans International publicó su segunda declaración sobre la pandemia del COVID-19, las acciones que se hicieron para responder a ella, así como también acerca de los efectos combinados que tuvo sobre los derechos humanos. En esa declaración, nos enfocamos en dos temas de derechos humanos que son centrales en nuestro trabajo y de los franciscanos y franciscanas y otros colegas: la pobreza extrema y la justicia medioambiental.
En los 12 meses que han pasado desde entonces, y desde sus redes, FI ha seguido recibiendo testimonios sobre cómo el COVID-19 ha desenmascarado e intensificado las desigualdades sociales y económicas, la discriminación racial y de género y otros impactos. También hemos documentado la forma en que la pandemia llegó a ser una oportunidad perdida para adoptar las medidas urgentes que exige la crisis ambiental. Al elegir este doble enfoque, estuvimos muy atentos a los llamados a la solidaridad internacional y a la necesidad de fortalecer en lugar de socavar el multilateralismo en estos tiempos. FI ha analizado la información recibida de los colegas en el terreno y la ha presentado ante diversos organismos y agencias de la ONU.
En particular, los testimonios de franciscanos y franciscanas y de otros colegas en África, las Américas y Asia-Pacífico nos han mostrado las formas concretas en que personas y comunidades, ya de por sí marginadas y discriminadas, están sufriendo durante este tiempo.
Este es el caso para los pueblos indígenas en países como Brasil y Guatemala donde las comunidades han tenido que luchar para tener acceso a oxígeno, a vacunas y a sus medios de subsistencia habituales, incluidos los mercados locales para vender sus cosecha. Al mismo tiempo, los pueblos indígenas han sido blanco permanente de represión e intimidación por parte del Estado y de entes privados. En Kenia, los franciscanos están apoyando a comunidades rurales a las que el Estado no atiende ni protege de los impactos adversos que se han acumulado a consecuencia de la sequía, de la invasión de langostas, del cambio climático y del COVID-19. Las protestas actuales que están siendo violentamente reprimidas en Colombia son uno de los ejemplos de la negativa de aceptar le existencia de más desigualdades y más injusticias económicas y sociales, evidenciada por parte de las víctimas de la pandemia y las crisis de derechos humanos que ella produce. En Indonesia, en noviembre de 2020, el presidente promulgó oficialmente una nueva ley que tiene por objeto atraer inversiones y crear empleos. Esta ley ha sido ampliamente criticada por organizaciones de la sociedad civil, ya que perpetuará desigualdades y afectará negativamente la forma en que los pueblos indígenas que habitan los bosques y sus alrededores pueden acceder a sus tierras, poniéndolos en desventaja en relación con las corporaciones con intereses comerciales, situación que en particular afectará la región de Papúa Occidental.
En este contexto, la evidente falta de solidaridad internacional ha quedado expuesta en varios debates de la ONU, incluso en aquellas discusiones en torno al acceso a las vacunas a nivel mundial. Además, hemos observado gran renuencia de los Estados a expresar apoyo a la necesidad de preservar y fortalecer los servicios públicos como el cuidado de la salud o de adoptar enfoques que se ajustan a los derechos humanos en los foros multilaterales, como el de la protección ambiental.
En el área de la lucha por un medio ambiente seguro, limpio y saludable, y consiguientemente un desarrollo verdaderamente sostenible, la segunda declaración de FI advertía sobre Estados que estaban reduciendo los estándares de protección ambiental y sus objetivos climáticos. Después de algunos discursos prometedores, especialmente en Europa, acerca de la necesidad de un cambio de paradigma y en pro de una recuperación “verde”, deploramos que, al contrario, muchos Estados hayan recurrido a las mismas tácticas antiguas para reimpulsar sus economías mediante el aumento del extractivismo y la explotación de los recursos naturales.
Este es el caso por ejemplo en las Islas Salomón, donde los efectos del cambio climático ya se han percibido de una manera muy intensa y donde los franciscanos han venido denunciando el impacto de una industria maderera en auge. En Filipinas, en abril de 2021, el presidente levantó una moratoria de nueve años sobre la concesión de permisos a nuevas operaciones mineras, lo cual hará que se eleve más la amenaza ya existente contra las lideranzas indígenas y las personas defensoras del medio ambiente. En Brasil, ha habido intentos de adoptar legislación que eliminaría las consultas con los pueblos indígenas y otras comunidades, y haría que la regulación ambiental fuera menos severa. Actualmente, un proyecto de ley concedería licencias a megaproyectos sin evaluación de su impacto ambiental.1 En este contexto, FI y la familia franciscana en países como Brasil, Filipinas y Colombia comparten las profundas inquietudes de la sociedad civil y de los movimientos sociales acerca de los crecientes ataques a las personas defensoras de los derechos humanos ambientales.
Otros países, en especial los desarrollados, han dado miles de millones de sus paquetes de recuperación a grandes compañías que no invertirán en una producción efectivamente “más verde” ni contribuirán a establecer sociedades más iguales.2 En la última sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en marzo de 2021, FI ha dado seguimiento a varios debates que mostraron cómo todavía está presente la negación de la triple crisis ambiental (biodiversidad, contaminación y climática), lo cual lleva a un fracaso en la toma de decisiones urgentes y enégicas para frenar los ataques a nuestro planeta y fortalecer la intención de reducir drásticamente nuestro impacto negativo sobre él.
A pesar deque existen razones que pudieran llevar a la frustración y el desaliento, nosotros en FI, una vez más, hemos tenido el gran privilegio de trabajar con franciscanos y franciscanas y colegas de todo el mundo que están contribuyendo a disminuir las injusticias y a brindar ayuda espiritual, material y jurídica a sus comunidades. Junto con esta red, FI continúa asegurándose, pese a las restricciones debidas a la pandemia, de que el sistema de la ONU pueda oír las voces de aquellas personas que están viviendo en las circunstancias más difíciles, pero que también son los actores para el cambio y la esperanza.
Nuestras declaraciones anteriores sobre COVID-19 y los derechos humanos