communications, Author at Franciscans International (ES)

Con la elección del presidente Marcos en mayo de 2022, Filipinas ha entrado en un nuevo capítulo de su turbulenta historia de derechos humanos. La nueva administración asumió el cargo tras una controvertida campaña empañada por acusaciones de desinformación generalizada y tendrá que decidir cómo aborda el legado de la llamada «guerra contra las drogas» del presidente Duterte, en la que decenas de miles de filipinos se convirtieron en víctimas de asesinatos extrajudiciales.

«Temo que este resultado electoral signifique una continuación de las guerras que inició la administración Duterte: la guerra contra las drogas, la guerra contra los marginados, la guerra contra la lucha Covid-19», afirma el Hermano Ángel Cortez OFM, que visitó Ginebra durante la 50ª sesión del Consejo de Derechos Humanos. «Pone a las familias de las víctimas en un vacío y será un recordatorio constante del dolor de perder a alguien».

Como parte de una alianza de la sociedad civil que incluye redes basadas en la fe, los franciscanos han estado abogando por la rendición de cuentas por las violaciones cometidas bajo la administración de Duterte. En el pasado, el Hermano Ángel se dirigió en repetidas ocasiones al Consejo de Derechos Humanos de la ONU y a diplomáticos en Ginebra, proporcionando actualizaciones desde el terreno y compartiendo los testimonios de las víctimas.

Estos esfuerzos contribuyeron a una investigación publicada por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en 2020, que aporta pruebas de graves violaciones de los derechos humanos, como homicidios, detenciones arbitrarias y difamación de la disidencia. El informe también señalaba la persistencia de la impunidad y de formidables obstáculos para que las víctimas accedan a la justicia.

«Todavía estamos en un proceso de duelo, pero también tenemos que empezar a trabajar de nuevo con el pueblo de Filipinas», afirma el Hermano Ángel. «Seguiremos pidiendo una investigación independiente e internacional. También pedimos puntos de referencia en materia de derechos humanos basados en el informe del Alto Comisionado, porque en realidad la situación ha empeorado, en lugar de mejorar.»

La situación de los derechos humanos en Filipinas sigue siendo precaria, especialmente para los defensores de los derechos humanos críticos con el gobierno. Con barreras internas para obtener justicia que son casi insuperables, los franciscanos seguirán planteando esta situación en las Naciones Unidas y abogando por una investigación internacional que aborde las violaciones del pasado y ponga fin a la impunidad reinante en el país.

Se trata de una traducción automática. Rogamos disculpen los errores que puedan haberse producido. En caso de divergencia, la versión inglesa es la autorizada.

A la vez que crece el poder de las corporaciones, también debería crecer su responsabilidad hacia los derechos humanos y nuestro planeta. Pero la realidad es que, en todo el mundo, los daños a los derechos de las personas a través de las actividades empresariales siguen produciéndose con impunidad. Por esta razón, en 2014 el Consejo de Derechos Humanos de la ONU puso en marcha un proceso para establecer un tratado que regule las corporaciones transnacionales en el marco del derecho internacional de los derechos humanos. El 16 de marzo se presentará un reporte sobre la última ronda de negociaciones de dicho tratado entre los Estados reunidos en un grupo de trabajo específico.

Mientras el Consejo de Derechos Humanos examina el informe, una coalición internacional de la sociedad civil se opone a los intentos de socavar este proceso crucial. Mirando hacia la próxima ronda de negociaciones en octubre, les pedimos que apoyen nuestros esfuerzos para hacerlo en los próximos meses. Si realmente queremos proteger la dignidad humana y nuestro planeta, necesitamos un instrumento jurídicamente vinculante sobre las corporaciones transnacionales.

Varios Estados poderosos –principalmente los que tienen la sede de grandes empresas– se han negado hasta ahora a participar de forma constructiva en este proceso. Ahora están intentando imponer su punto de vista a otros Estados. Al hacerlo, están ignorando los progresos realizados durante los últimos siete años y la imperiosa necesidad de actuar que exige la realidad.

La mayoría de estos Estados han señalado que las alternativas existentes, como los Principios Rectores de la ONU sobre las Empresas y los Derechos Humanos, son suficientes. Sin embargo, una y otra vez, estos marcos voluntarios han demostrado ser inadecuados para prevenir o remediar los abusos de los derechos humanos por parte de las empresas.

En años anteriores, Franciscanos Internacional ha trabajado para llamar la atención sobre la situación de las víctimas que buscan justicia en casos relacionados con la minería, como los de Brumadinho (Brasil), Arica (Chile), Marinduque (Filipinas) y Kabwe (Zambia), en los que una combinación de negligencia corporativa y escasa supervisión gubernamental ha causado daños duraderos y devastadores.

En países como Guatemala, Colombia, El Salvador, Indonesia y la República Democrática del Congo, los franciscanos y sus socios se han enfrentado a la amenaza que suponen los proyectos industriales a gran escala para el acceso al agua y otros derechos humanos. En la mayoría de los casos, se ha permitido a las empresas eludir la plena responsabilidad por sus fechorías utilizando diferentes vacíos legales. Mientras tanto, es probable que los daños que han causado se dejen sentir durante generaciones.

A menudo, las violaciones de los derechos humanos se producen en las primeras fases de los proyectos extractivos, cuando se mantiene a las comunidades en la oscuridad sobre todos los impactos y riesgos y se las excluye de los supuestos beneficios. Por ese motivo, el «consentimiento libre, previo e informado» es una de las cuestiones clave que se tratan en nuestras recientes fichas técnicas sobre los derechos humanos y los pueblos indígenas.

También es la razón por la que FI está trabajando estrechamente con varios expertos en derechos humanos de la ONU sobre esta cuestión, por ejemplo, contribuyendo al desarrollo del «ciclo de megaproyectos» por el ex-Relator Especial sobre los derechos al agua y al saneamiento, que ayuda a las comunidades a navegar por estos procesos.

Pero el hecho es que todos estos esfuerzos solo pueden tener un impacto limitado sin un tratado general de la ONU. Desde 2014, Franciscanos Internacional ha apoyado las negociaciones, tanto proporcionando apoyo técnico como llevando a representantes de las comunidades afectadas a la ONU para que puedan compartir sus testimonios. A pesar de ello, siete años después nos encontramos en una encrucijada.

La próxima sesión del grupo de trabajo de la ONU encargado de las negociaciones en octubre de 2022 será probablemente un momento crítico para este proceso. Esta lucha por la responsabilidad de las corporaciones ha sido, y seguirá siendo, un esfuerzo colectivo. Si quiere formar parte de esta lucha, le invitamos a que se inscriba en nuestra lista de correo especial para que podamos mantenerle informado de las novedades y le hagamos saber qué medidas puede tomar cuando llegue el momento.

Estas fichas técnicas tienen como objetivo apoyar el trabajo de activistas indígenas y de personas defensoras de derechos humanos que trabajan en temáticas de pueblos indígenas. Asimismo, Franciscans International busca que sirvan como herramienta para familiarizarse con el vocabulario, diseño y formulación de recomendaciones emanadas de distintos mecanismos de derechos humanos de Naciones Unidas para facilitar el trabajo de incidencia a nivel nacional, regional, e internacional.

Cada ficha técnica está dedicada a una temática diferente y en ellas se pueden encontrar una descripción general de la problemática, algunas recomendaciones generales, un listado de recomendaciones específicas y un apartado dedicado a otras fuentes autoritativas relacionadas con cada temática.

Si bien las recomendaciones están relacionadas con la pandemia del COVID-19, muchas de ellas pueden ser adaptadas para abordar situaciones más generales en materia de derechos humanos.

Las fichas técnicas también están disponibles en español, inglés, portugués y q’eqchi. Ellas abordan los siguientes temas:

Ayer 22 de junio del 2021, en el marco de la sesión numero 47 del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra, Suiza, un grupo conformado por más de 300 organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, movimientos sociales y asociaciones de víctimas presentaron una declaración oral conjunta pidiendo acción por parte de la comunidad internacional ante las graves violaciones a los derechos humanos cometidas estas últimas semanas en Colombia.

Las numerosas organizaciones reafirmaron las preocupaciones expresadas por la Alta Comisionada de Derechos Humanos, la Señora Michelle Bachelet, este lunes, durante la presentación del informe anual, quien llamó a la realización de investigaciones prontas, efectivas e independientes, ante las 56 muertes (54 de ellas civiles y 2 policías) registradas por su Oficina en el contexto de las protestas iniciadas el 28 de abril de 2021 (Paro Nacional), así como a la implementación del Acuerdo de Paz como clave para abordar las causas estructurales que han generado las protestas y la brutal respuesta del Estado a estas.

Asimismo, durante el respectivo diálogo interactivo, las misiones diplomáticas de Bélgica y Suiza solicitaron respeto al derecho a la libertad de reunión y expresaron preocupación por el uso excesivo de la fuerza, llamando a establecer canales de diálogo.

Mediante la declaración las organizaciones firmantes resaltaron los asesinatos, el uso excesivo de la fuerza, los actos constitutivos de tortura y otros malos tratos, las desapariciones forzadas, la violencia sexual, las detenciones arbitrarias y los ataques, incluidos los ciberataques contra quienes ejercen su derecho a protestar en Colombia.

Las organizaciones expresaron que estos hechos constituyen violaciones flagrantes de los derechos humanos, que han tenido lugar a pesar del fallo de la Corte Suprema de Justicia, que instó a la Fuerza Pública de Colombia a no actuar de manera violenta, arbitraria y sistemática durante las manifestaciones y los llamamientos de mecanismos de derechos humanos a cesar estas violaciones.

Igualmente destacaron que las protestas se vinculan a reivindicaciones estructurales ligadas a los derechos humanos, incluyendo la pobreza – el 42% vive de la sociedad colombiana vive en la pobreza y el 15% en la pobreza extrema – , la desigualdad, injusticias sociales crecientes, la impunidad, el racismo sistémico y la violencia sistemática contra las personas defensoras de derechos humanos, incluyendo líderes sociales, campesinas, sindicales e indígenas y la prensa y a la falta de la plena implementación del Acuerdo de Paz de 2016.

Las organizaciones exhortaron al Consejo de Derechos Humanos a exigir a Colombia el cese del uso de violencia y el respeto del derecho a la protesta pacífica; a que investigue de forma independiente las violaciones a los derechos humanos cometidas en este contexto; a que acepte la visita de los procedimientos Especiales y a que apoye el logro de consensos sociales en torno a las demandas estructurales.

Finalmente pidieron a la Alta Comisionada a la Alta Comisionada, que, por medio del monitoreo de su oficina en Colombia, elabore un reporte sobre las violaciones de derechos humanos cometidas durante las protestas.

La declaración conjunta que agrupó diversas organizaciones de Colombia, América Latina y de distintos países del mundo fue leída ante el Consejo por un representante de la Familia Franciscana en Colombia.

A pesar de que la relación entre las protestas y la falta de una efectiva implementación de los Acuerdos de Paz de la Habana ha sido constantemente mencionada dentro de las demandas de las organizaciones sociales colombianas, en su respuesta a la Alta Comisionada el Estado Colombiano negó la vinculación entre el Paro Nacional y la falta de implementación de los acuerdos, una vez más haciendo oídos sordos a las reivindicaciones de los sectores involucrados en las protestas y restando relevancia a la implementación de acuerdos internacionalmente vinculantes.

A los Estados miembros y observadores del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas

En el marco del 47º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU (CDH) que tendrá lugar del 21 de junio al 15 de julio de 2021, las organizaciones de la sociedad civil y de los Pueblos Indígenas abajo firmantes piden a los Estados miembros de la ONU, a través del CDH, que establezcan en este período de sesiones un nuevo Relator Especial de la ONU sobre derechos humanos y cambio climático.

El cambio climático es una amenaza existencial para la humanidad, que pone en peligro la realización de todos los derechos humanos para las generaciones presentes y futuras. A medida que los impactos de la crisis climática empeoran y agravan las formas de discriminación interseccional contra diversos pueblos, individuos y grupos en nuestras sociedades, no se puede seguir posponiendo la acción en el CDH y se deben adoptar medidas urgentes para proteger a las personas y al planeta. La cuestión del cambio climático no puede continuar únicamente en espacios, aunque interesantes, como diálogos interactivos o en manos de los diferentes Procedimientos Especiales existentes para que la aborden cuando puedan, a pesar de que sus diversas contribuciones hayan sido notables.

La creación de una Relatoría Especial dedicada a los retos del cambio climático es una petición histórica por parte de un número creciente de organizaciones de la sociedad civil y de Pueblos Indígenas, dado que un mandato de esta naturaleza permitiría al CDH elevar su trabajo sobre el cambio climático de forma sistemática y sostenible, proteger a las personas del cambio climático desmedido y de sus impactos inevitables; y promover el respeto de los derechos humanos en las respuestas al clima. En pocas palabras, el cambio climático debe ser una prioridad máxima para el CDH.

En 2019, las Islas Marshall, en nombre del Foro de Vulnerables del Clima (CVF), pidieron la creación de un Relator Especial del CDH dedicado a los derechos humanos y el cambio climático en la 25ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. En los últimos dos años, esta propuesta ha cobrado impulso entre los Estados. Durante la 46ª sesión del CDH en marzo de 2021, en un momento sin precedentes, un grupo interregional de 56 Estados se unió a Bangladesh en una declaración que pedía a los miembros del Consejo que consideraran la creación de este nuevo mandato.

Ha llegado el momento de actuar sobre estas declaraciones. Nosotros, los abajo firmantes, reiteramos por tanto nuestro llamamiento instando a los Estados a establecer un nuevo Relator Especial sobre derechos humanos y cambio climático en la 47ª sesión del Consejo de Derechos Humanos.

Aproximadamente hace un año, Franciscans International publicó su segunda declaración sobre la pandemia del COVID-19, las acciones que se hicieron para responder a ella, así como también acerca de los efectos combinados que tuvo sobre los derechos humanos. En esa declaración, nos enfocamos en dos temas de derechos humanos que son centrales en nuestro trabajo y de los franciscanos y franciscanas y otros colegas: la pobreza extrema y la justicia medioambiental.

En los 12 meses que han pasado desde entonces, y desde sus redes, FI ha seguido recibiendo testimonios sobre cómo el COVID-19 ha desenmascarado e intensificado las desigualdades sociales y económicas, la discriminación racial y de género y otros impactos. También hemos documentado la forma en que la pandemia llegó a ser una oportunidad perdida para adoptar las medidas urgentes que exige la crisis ambiental. Al elegir este doble enfoque, estuvimos muy atentos a los llamados a la solidaridad internacional y a la necesidad de fortalecer en lugar de socavar el multilateralismo en estos tiempos. FI ha analizado la información recibida de los colegas en el terreno y la ha presentado ante diversos organismos y agencias de la ONU.

En particular, los testimonios de franciscanos y franciscanas y de otros colegas en África, las Américas y Asia-Pacífico nos han mostrado las formas concretas en que personas y comunidades, ya de por sí marginadas y discriminadas, están sufriendo durante este tiempo.

Este es el caso para los pueblos indígenas en países como Brasil y Guatemala donde las comunidades han tenido que luchar para tener acceso a oxígeno, a vacunas y a sus medios de subsistencia habituales, incluidos los mercados locales para vender sus cosecha. Al mismo tiempo, los pueblos indígenas han sido blanco permanente de represión e intimidación por parte del Estado y de entes privados. En Kenia, los franciscanos están apoyando a comunidades rurales a las que el Estado no atiende ni protege de los impactos adversos que se han acumulado a consecuencia de la sequía, de la invasión de langostas, del cambio climático y del COVID-19. Las protestas actuales que están siendo violentamente reprimidas en Colombia son uno de los ejemplos de la negativa de aceptar le existencia de más desigualdades y más injusticias económicas y sociales, evidenciada por parte de las víctimas de la pandemia y las crisis de derechos humanos que ella produce. En Indonesia, en noviembre de 2020, el presidente promulgó oficialmente una nueva ley que tiene por objeto atraer inversiones y crear empleos. Esta ley ha sido ampliamente criticada por organizaciones de la sociedad civil, ya que perpetuará desigualdades y afectará negativamente la forma en que los pueblos indígenas que habitan los bosques y sus alrededores pueden acceder a sus tierras, poniéndolos en desventaja en relación con las corporaciones con intereses comerciales, situación que en particular afectará la región de Papúa Occidental.

En este contexto, la evidente falta de solidaridad internacional ha quedado expuesta en varios debates de la ONU, incluso en aquellas discusiones en torno al acceso a las vacunas a nivel mundial. Además, hemos observado gran renuencia de los Estados a expresar apoyo a la necesidad de preservar y fortalecer los servicios públicos como el cuidado de la salud o de adoptar enfoques que se ajustan a los derechos humanos en los foros multilaterales, como el de la protección ambiental.

En el área de la lucha por un medio ambiente seguro, limpio y saludable, y consiguientemente un desarrollo verdaderamente sostenible, la segunda declaración de FI advertía sobre Estados que estaban reduciendo los estándares de protección ambiental y sus objetivos climáticos. Después de algunos discursos prometedores, especialmente en Europa, acerca de la necesidad de un cambio de paradigma y en pro de una recuperación “verde”, deploramos que, al contrario, muchos Estados hayan recurrido a las mismas tácticas antiguas para reimpulsar sus economías mediante el aumento del extractivismo y la explotación de los recursos naturales.

Este es el caso por ejemplo en las Islas Salomón, donde los efectos del cambio climático ya se han percibido de una manera muy intensa y donde los franciscanos han venido denunciando el impacto de una industria maderera en auge. En Filipinas, en abril de 2021, el presidente levantó una moratoria de nueve años sobre la concesión de permisos a nuevas operaciones mineras, lo cual hará que se eleve más la amenaza ya existente contra las lideranzas indígenas y las personas defensoras del medio ambiente. En Brasil, ha habido intentos de adoptar legislación que eliminaría las consultas con los pueblos indígenas y otras comunidades, y haría que la regulación ambiental fuera menos severa. Actualmente, un proyecto de ley concedería licencias a megaproyectos sin evaluación de su impacto ambiental.¹ En este contexto, FI y la familia franciscana en países como Brasil, Filipinas y Colombia comparten las profundas inquietudes de la sociedad civil y de los movimientos sociales acerca de los crecientes ataques a las personas defensoras de los derechos humanos ambientales.

Otros países, en especial los desarrollados, han dado miles de millones de sus paquetes de recuperación a grandes compañías que no invertirán en una producción efectivamente “más verde” ni contribuirán a establecer sociedades más iguales.² En la última sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en marzo de 2021, FI ha dado seguimiento a varios debates que mostraron cómo todavía está presente la negación de la triple crisis ambiental (biodiversidad, contaminación y climática), lo cual lleva a un fracaso en la toma de decisiones urgentes y enégicas para frenar los ataques a nuestro planeta y fortalecer la intención de reducir drásticamente nuestro impacto negativo sobre él.

A pesar deque existen razones que pudieran llevar a la frustración y el desaliento, nosotros en FI, una vez más, hemos tenido el gran privilegio de trabajar con franciscanos y franciscanas y colegas de todo el mundo que están contribuyendo a disminuir las injusticias y a brindar ayuda espiritual, material y jurídica a sus comunidades. Junto con esta red, FI continúa asegurándose, pese a las restricciones debidas a la pandemia, de que el sistema de la ONU pueda oír las voces de aquellas personas que están viviendo en las circunstancias más difíciles, pero que también son los actores para el cambio y la esperanza.

Nuestras declaraciones anteriores sobre COVID-19 y los derechos humanos

Hacemos un llamado al Estado mexicano a cumplir con las recomendaciones que órganos y mecanismos internacionales han hecho en el marco de la protección de los derechos humanos de las personas migrantes y solicitantes de asilo y de las personas defensoras de los derechos humanos que trabajan con ellas.

En el marco del 103º período de sesiones del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CEDR), y de la carta de seguimiento enviada por el Comité al Estado Mexicano, las organizaciones abajo firmantes nos sumamos al análisis que hace el Comité sobre la falta de implemenetación o la implementación insatisfactoria de muchas de las recomendaciones que el Comité hizo en 2019. En particular, a casi dos años, aquellas recomendaciones realizadas sobre la situación de las personas migrantes y solicitantes de refugio o protección complementaria, la implementación no sólo ha sido insatisfactoria, sino que incluso ha habido una regresión.

Este inclumplimiento a las recomendaciónes del CEDR por parte del Estado mexicano, se enmarca en un contexto de políticas migratorias de militarización, criminalización, detenciones sistemáticas y uso de la fuerza, que fomentan la discriminación contra personas migrantes y solicitantes de refugio. Contexto que se ha agravado a un año de la imposición de medidas para contener la pandemia del Covid-19, y que ha afectado de manera particular a las personas con necesidad de protección internacional.

Primero, hemos sido testigos de un preocupante aumento de las fuerzas de seguridad, en especial las fuerzas militares y de la Guardia Nacional (GN), en la participación de las tareas de control y verificación migratoria. En el período de junio de 2019 a diciembre de 2020, las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional detuvieron a 152 mil personas migrantes en la frontera sur. La Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) – no la Guardia Nacional – realizó el 67% de estas detenciones, entre las cuales se encontraban 27 mil niños y niñas menores de 18 años.¹ Además, se ha identificado un uso excesivo, arbitrario e indiscriminado de la fuerza en estas tareas de control y verificación migratoria, en especial, en el contexto de las caravanas del éxodo centroamericano, con violaciones fundamentales de los derechos humanos. Así como frente a las manifestaciones legítimas y pacíficas de las personas migrantes en detención por exigir sus derechos y condiciones dignas en la detención, lo que ha tenido consecuencias irreparables, como la muerte de un guatemalteco en la Estación Migratoria de Tensoique en abril de 2020.²

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También hemos documentado que el INM ha negado el acceso al procedimiento de solicitud de refugio a las personas con necesidades de protección internacional, que han manifestado su intención de acceder al procedimiento y muchas de ellas han sido enviadas a centros de detención sin una consulta adecuada de sus solicitudes, o incluso rechazada su entrada al país. Aunado a esto, hemos documentado que personas con documentos de sus procesos de solicitud de refugio, o con la condición de refugiado reconocida, han sido detenidas y deportadas a sus países donde su vida corre riesgo.

Asimismo, ante la llegada de personas migrantes de origen africano y asiático al país, así como la presencia de personas haitianas, el Estado mexicano no ha adoptado un enfoque integral y diferenciado en su política migratoria, esencial para atender las diversas necesidades de dichas personas, como ofrecer una traducción adecuada e información suficiente de sus derechos.

El racismo que padecen las personas y familias haitianas, que han sido víctimas de la violencia, el trauma y la separación familiar es institucional. Tal es el caso de Maxene Andrè, quien murió la madrugada del 6 de agosto de 2019 en el interior de la Estación Migratoria Siglo XXI en Tapachula, Chiapas. De los 20 días que Maxene Andrè pasó detenido, 15 estuvo enfermo y en aislamiento.

La respuesta del Estado mexicano y sus instituciones, como el depliegue del INM en colaboración con la GN y la SEDENA en las fronteras, para evitar el ingreso de las personas migrantes y refugiadas, ha fomentado la xenofobia y discriminación en contra de las personas que ingresan al país por la frontera sur. Dichas prácticas se han documentado y publicado en diversos comunicados e informes donde se evidencia la criminalización del ingreso de personas extranjeras al país en situación migratoria irregular y se presume que estas personas podrían ser portadoras de alguna enfermedad. Situación que se ha hecho evidente con las medidas sanitarias en el contexto del Covid-19, las cuales han sido discriminatorias y dirigidas para contener la migración.

Por otro lado, en el actual campamento instalado desde el 18 de febrero de 2021 en el puerto de entrada de la ciudad de Tijuana, conocido como El Chaparral, en el que permanecen aproximadamente 1,500 personas, principalmente centroamericanas, existen situaciones de vulnerabilidad y riesgo. En el campamento no hay condiciones básicas de salubridad, higiene, seguridad, alimentación y atención a la salud. También, hay presencia de personas que difunden mensajes y acciones abiertamente xenofóbicas, racistas y discriminatorias, condiciones que generan mayor estrés y tensión en el campamento. Hasta el momento los tres niveles de gobierno no han implementado ninguna medida de atención humanitaria, ni de prevención a estas situaciones de discriminación.

También llamamos la atención a la situación particular de niñas y niños no acompañados. El 11 de noviembre de 2020, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley de Migración y de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, en materia de Infancia Migrante. Sin embargo, en la práctica se siguen observando detenciones de los niños y niñas no acompañados; así como detenciones en lugares inadecuados para estas poblaciones; separaciones familiares; y la falta de acceso al derecho de solicitud de asilo para ellos y sus acompañantes. Hasta el momento no existen reglamentos, protocolos, ni manuales de operación adecuados que hagan efectiva la implementación de dicha reforma.

Por último, enmarcado en el contexto generalizado de endurecimiento de las políticas migratorias antes descrito, se han vivido meses de una intensa hostilidad, acoso, vigilancia, difamaciones y agresiones en contra de personas defensoras de las personas migrantes; así como de albergues y espacios de atención a personas migrantes. Desde enero de este año, durante los recorridos de monitoreo de derechos humanos realizado por integrantes del Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos del Sureste Mexicano, las personas defensoras han sido vigiladas, hostigadas e impedidad a ejercer el derecho a defender derechos por elementos del INM, la GN, Sedena y Marina. Lo anterior, sucede en un contexto en el que, por las situaciones arriba descritas, son las personas defensoras, albergues y organizaciones de la sociedad civil quienes asumen todas las tareas de asistencia humanitaria y protección de las personas migrantes y sujetas de protección internacioal.

En el contexto del Covid-19, los discursos y acciones que criminalizan a las personas defensoras de los derechos de las y los migrantes, también han utilizado la emergencia sanitaria como pretexto para señalar falsamente las labores de acompañamiento y defensa de los derechos humanos, como “riesgos” a la salud de las poblaciones locales. Tal es el caso de las personas defensoras que atienden humanitariamente a las personas migrantes en el campamento El Chaparral, en Tijuana, y el de diversos albergues para personas migrantes en el país.

Por esta razón, vemos con preocupación la falta de información del Estado Mexicano en su informe de seguimiento al CEDR sobre la implementación de las recomendaciones relacionadas con la protección de personas defensoras que trabajan con personas en movilidad.

La falta de acciones que atiendan estas recomendaciones por parte del Estado mexicano tiene como consecuencia la negación sistemática de derechos fundamentales de cientas de miles de personas migrantes y solicitantes de refugio a raíz de la discriminación por su origen nacional.

Hacemos un llamado al Estado mexicano a cumplir con sus obligaciones internacionales, particularmente, en dar cumplimiento a las recomendaciones que órganos y mecanismos internacionales han hecho en el marco de la protección de los derechos humanos de las personas migrantes y solicitantes de asilo y de las personas defensoras de los derechos humanos que trabajan con ellas.

Firmamoss

Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova A. C.
Franciscans International
Programa de Asuntos Migratorios, Universidad Iberoamericana Ciudad de México
Red Franciscana para Migrantes en Centroamérica, México y Estados Unidos
Red Franciscana para Migrantes en México
Red Jesuita con Migrantes Centroamérica y Norteamérica
Servicio Jesuita a Refugiados México

1) Storr, Samuel, “La militarización de las fronteras”, 24 Marzo 2021, https://seguridadviacivil.ibero.mx/2021/03/24/la-militarizacion-de-las-fronteras/ (acceso por última vez el 31 de Mayo 2021)

2) Ver también la comunicación realizada al respecto por los Mandatos del Relator Especial sobre los derechos humanos de los migrantes; del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria; el Relator Especial sobre el derecho a la alimentación y del Relator Especial sobre los derechos humanos al agua potable y el saneamiento, 23 de diciembre de 2020, https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=25793

En el marco del 103º período de sesiones del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CEDR), y de la carta de seguimient enviada por el Comité al Estado Mexicano, las organizaciones abajo firmantes nos sumamos al análisis que hace el Comité sobre la falta de implemenetación o la implementación insatisfactoria de muchas de las recomendaciones que el Comité hizo en 2019. En particular, a casi dos años, aquellas recomendaciones realizadas sobre la situación de las personas migrantes y solicitantes de refugio o protección complementaria, la implementación no sólo ha sido insatisfactoria, sino que incluso ha habido una regresión.

Firmamoss

Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova A. C.
Franciscans International
Programa de Asuntos Migratorios, Universidad Iberoamericana Ciudad de México
Red Franciscana para Migrantes en Centroamérica, México y Estados Unidos
Red Franciscana para Migrantes en México
Red Jesuita con Migrantes Centroamérica y Norteamérica
Servicio Jesuita a Refugiados México

Cada año, más de 300.000 personas procedentes de la región norte de Centroamérica intentan llegar a los Estados Unidos. Obligadas a dejar sus casas debido a la violencia, la pobreza extrema, el cambio climático e innumerables otros factores, estas personas se ven forzadas a emprender un viaje plagado de situaciones de riesgo. A lo largo de este camino, hay hermanas y hermanos franciscanos que tratan de apoyar y proteger a los migrantes de la mejor manera posible. Lo hacen proporcionando ayuda directa, y documentando también las historias de quienes pasan por sus refugios.

Este diagnóstico de la labor de defensa e incidencia combina estos testimonios con un escrutinio de la información más reciente en la literatura pertinente, así como también de las entrevistas con actores claves. Brinda un panorama general de las nuevas tendencias en el norte de Centroamérica, con miras a expandir el debate sobre posibles modos de abordar este fenómeno. Comenzando con las caravanas de 2018 y 2019, identificamos los cambios que han tenido lugar en la dinámica migratoria y resaltamos tanto los problemas estructurales en la subregión como la violencia y el empobrecimiento en las anteriormente productivas áreas rurales que impulsan a la migración.

También hemos considerado que es esencial informar acerca de los problemas que los actores que cuidan de las poblaciones migrantes enfrentan –tanto en sus países de origen como en los de tránsito – para poder analizar posibles oportunidades y desafíos en el futuro. Este enfoque en los protagonistas que apoyan a los migrantes nos permite avanzar más allá de simplemente describir el problema en vez de ayudar a visualizar mejores modos de articulación y coordinación.

Cuando comenzamos nuestro trabajo, ya se estaban aclarando las primeras consecuencias de las medidas sobre el Covid-19 así como las respuestas de los Estados a los flujos migratorios. Esto nos permitió incluir una sección dedicada a considerar las nuevas dinámicas que comenzaron a surgir como resultado de la pandemia en curso.

Este diagnóstico es el resultado de la colaboración entre Franciscans International y la Red Franciscana para Migrantes en Centroamérica, México y los Estados Unidos.

En 2019, las Islas Marshall, en nombre del Climate Vulnerable Forum (CVF), pidieron al Consejo de Derechos Humanos que estableciera un mandato para un nuevo Relator Especial de la ONU sobre Derechos Humanos y Cambio Climático. Los Estados miembros del CVF y los Estados insulares del Pacífico se han hecho eco desde entonces de esta petición, solicitando que el mandato se instituya en 2021 para proteger mejor los derechos de quienes se encuentran en primera línea de los impactos climáticos. Estos llamamientos reiteran las demandas formuladas por organizaciones de la sociedad civil ya en 2010.

En otoño de 2020, la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), el Centro para el Derecho Ambiental Internacional (CIEL), Franciscans International (FI), Natural Justice, Pacific Island Students Fighting Climate Change (PISFCC), la Alianza Panafricana para la Justicia Climática (PACJA) y la Red de Acción Climática de Vanuatu (V-CAN), llevaron a cabo consultas regionales a través de Internet con más de 150 expertos de la sociedad civil y de los pueblos indígenas de más de 50 países, con el apoyo de la Oficina de Ginebra de la Friedrich-Ebert-Stiftung (FES). El objetivo era recoger opiniones sobre la idea de que el Consejo de Derechos Humanos establezca un mandato para un nuevo Relator Especial de la ONU sobre Derechos Humanos y Cambio Climático.

El informe «¿Un Relator Especial de la ONU sobre Derechos Humanos y Cambio Climático? Perspectivas regionales» canaliza estas perspectivas con el fin de informar los debates sobre la cuestión. Presenta recomendaciones clave de la sociedad civil y de los Pueblos Indígenas sobre la creación de este mandato, recogidas a través de consultas regionales en todo el mundo, que fueron coordinadas por el Centro para el Derecho Ambiental Internacional (CIEL) y Franciscans International (FI) en cooperación con la Oficina de la FES en Ginebra.

El informe está disponible en inglés, francés y español.


Acceso a la atención sanitaria y a las vacunas	Cláusula general de no discriminación	Mujeres y asuntos de género

Acceso a la información de COVID-19	Consentimiento libre, previo e informado	Medicina tradicional

Agua y saneamiento	Derecho a una alimentación adecuada	Personas defensoras de derechos humanos