El presente documento es la segunda declaración pública individual de Franciscans International en torno a la pandemia del COVID-19. La primera, publicada el 4 de abril de 2020, fue realizada desde la perspectiva del derecho humano la información y las graves inquietudes que seguimos recibiendo de los franciscanos y otros colegas en diferentes países. A ella le siguieron diversas declaraciones1 colectivas a las cuales FI contribuyó, respaldó y promovió. FI seguirá emitiendo declaraciones según evolucione la situación y a medida que nos siga llegando información de nuestra red.
Ginebra/Nueva York, 27 de abril de 2020.
Ha pasado casi un mes desde la primera declaración de FI sobre el COVID-19 y las respuestas a la pandemia desde una perspectiva de derechos humanos.
Los miembros de la familia franciscana, al igual que otros socios en la red de FI en todo el mundo que trabajan a nivel local, continúan siendo testigos y de gran ayuda en la lucha de los pueblos contra el virus y, más aún, frente a los severos impactos que muchas acciones y omisiones estatales en su respuesta a la pandemia tienen sobre las personas y el planeta.
FI mantiene firme su compromiso de seguir recopilando la información recibida a través de los hermanos y hermanas de la familia franciscana y de otros socios. Con esta segunda declaración, FI reflexiona también sobre la crisis respecto a algunas de las preocupaciones fundamentales que plantea, y dirige llamados a la acción correspondiente. Estos llamados se dirigen principalmente a órganos y expertos de la ONU, ya que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU tendrá su próxima reunión virtual el 30 de abril de 2020 para una conversación informal con algunos de los expertos independientes en derechos humanos en temas y países en específico. Estos expertos, los relatores especiales de la ONU y los miembros de los grupos de trabajo de la ONU, han emitido declaraciones útiles, individuales y colectivas, análisis y orientación a los Estados sobre la crisis. Sin embargo, todavía falta que la respuesta internacional corresponda a la magnitud del problema.
En este sentido, un tema general en que hemos hecho hincapié en nuestra primera declaración y que también ha sido expresado con fuerza por los niveles más altos de la ONU, es el tremendo reto a una gobernanza mundial y el Estado de derecho que esta crisis representa. La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, habló el 9 de abril de 2020, durante una reunión virtual con el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, de una “prueba colosal de liderazgo”. No podemos evitar notar que esta crisis está ocurriendo mientras celebramos el 75º aniversario de la Carta de las Naciones Unidas— una pieza de crucial importancia del multilateralismo, la cooperación internacional y el respeto por los derechos humanos.
Con este hito de los 75 años de multilateralismo post-segunda guerra mundial en la mente, queda aún más claro que la pandemia del COVID-19 nos coloca en una encrucijada: o aprendemos de la crisis y respondemos con cambios sistémicos a los problemas estructurales que la pandemia expone sin rodeos, o volvemos a los negocios como de costumbre cuanto antes y barremos estos problemas bajo la alfombra hasta la próxima crisis. FI subraya dos cuestiones clave que ilustran la necesidad de una gobernanza global, de cooperación y solidaridad internacional, de acciones concertadas y coherentes, y de un cambio sistémico: los vínculos entre el COVID-19 y la pobreza, el COVID-19 y la justicia ambiental, y su intersección.
COVID-19 y pobreza
De muchas maneras, la pandemia del COVID-19 ha actuado como una lupa sobre los temas estructurales de derechos humanos. Como lo expresó la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos: “Ningún país estaba preparado para este shock, que en cada Estado ha sido exacerbado por las desigualdades, en particular del acceso a la salud, las protecciones sociales y los servicios públicos.”
Si bien no deseamos negar la gravedad de las consecuencias directas del COVID-19 sobre la salud y las vidas, sí queremos destacar la situación de las víctimas “indirectas” del virus: aquellas que quizás no mueran a causa del virus mismo sino a causa de los impactos de las políticas estatales que en el mejor de los casos son ineficientes para alcanzarlas o, peor, las atacan o directamente apuntan a matarlas.
Se ha presentado un ejemplo en una reciente declaración de dos relatores especiales, los cuales denuncian las irresponsables políticas económicas y sociales de Brasil en respuesta a la crisis poniendo muchas “vidas en riesgo”. La situación que ha sido descrita por los socios de FI en las Filipinas también es particularmente ilustrativa.
El gobierno de Filipinas ha decidido proporcionar a 18 millones de familias una ayuda de emergencia con dinero en efectivo a través del Departamento de Bienestar Social y Desarrollo ([DBSD] – DSWD en inglés) como alivio durante la pandemia del COVID-19. Sin embargo, ha habido varias acusaciones con respecto a la falta de transparencia en la distribución de estos fondos. FI recibió información que la distribución se basó en el último censo de población, llevado a cabo en 2015, aunque la población ha aumentado desde entonces. Como resultado, muchas personas, especialmente los pobres y sin una vivienda, no están registrados y por lo tanto no pueden recibir ayuda financiera. Otro tema que ha llamado la atención de FI es la aparente distribución discriminatoria y arbitraria de la ayuda pública a través de algunos jefes locales de comunidades (Barangay Kapitan) que han excluido a varias familias.
La actual crisis sanitaria golpea más duramente a los pobres y pone en evidencia las crudas desigualdades en el acceso a alimentos, a una vivienda y al cuidado de la salud5 , y exacerba los problemas de derechos humanos ya existentes en las Filipinas, incluidos los que surgen de la ‘guerra contra las drogas’ que continúa. Si bien podría considerarse necesario que se implemente un confinamiento para frenar la propagación del coronavirus, el gobierno no ha adoptado medidas suficientes para mitigar los efectos que sufren los pobres a causa de los cierres. Esto ha afectado especialmente a los que viven en áreas marginales o carecen de una vivienda, o no pueden trabajar para ganar dinero para comprar comida, y en algunos casos son excluidos de esta lista de beneficiarios para la ayuda gubernamental.
Como resultado, los más pobres están también entre aquellos que son más severamente afectados por la pandemia. Organizaciones no gubernamentales, instituciones eclesiásticas, grupos de ciudadanos e iniciativas privadas se han puesto a la tarea de ayudar a la gente a satisfacer sus necesidades básicas. Sin embargo, los sacerdotes que ayudan a alimentar a los pobres han sido acusados de ser parte de “organizaciones izquierdistas” y de estar “usando mal” la distribución de la ayuda alimentaria para reclutar gente para hacer campaña contra el gobierno. Algunos sacerdotes incluso han sido arrestados bajo este pretexto.
Existen alrededor de 4.5 millones de personas sin vivienda en las Filipinas de una población de cerca de 106 millones, con unos 3 millones de ellas en Manila, de acuerdo con la Oficina Filipina de Estadística. Su principales fuentes de ingresos incluyen la mendicidad y la recolección y venta de desechos metálicos o plásticos. Mientras por un lado oficialmente el gobierno ha brindado refugios temporales durante la pandemia, por otro lado FI ha recibido un informe de que un número significativo de ellos todavía deambula por la ciudad durante el confinamiento, buscando trabajo o alimentos para sobrevivir. En varios testimonios, personas que viven en pobreza dijeron que tienen más probabilidad de morir de hambre que por causa del COVID-19.
Una vez más, el ejemplo de Filipinas es solamente uno entre muchos. Se han reportado situaciones semejantes en otros países, como la República Democrática del Congo, donde uno denuestros socios está preocupado de que el hambre en las áreas más pobres cause más muertes que el virus. Hace unas semanas se han publicado diversos artículos que muestran que son los pobres los que con más probabilidad serán afectados negativamente por el virus debido a la mayor prevalencia de condiciones sanitarias crónicas, las cuales ponen a la gente en un riesgo mayor de desarrollar formas severas de la enfermedad. El bajo nivel socioeconómico está entre los tres factores de riesgo para el COVID-19, junto con la edad avanzada y las condiciones sanitarias preexistentes. Esto ya se ha visto de modo concreto en diversos países, incluidos España y los Estados Unidos. Como lo afirmó la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos en su discurso del 9 de abril: “La epidemia ha clarificado la necesidad de redoblar nuestros esfuerzos para asegurar que todas las personas, incluidas las más vulnerables, se beneficien del desarrollo.”
Los impactos desproporcionados de la pandemia no solo están vinculados a las desigualdades dentro de los países, sino que también plantean el tema de las flagrantes desigualdades entre los países a nivel global, y hasta en la misma región. Como lo escribió nuestro socio en Vanuatu: “Tenemos solo dos respiradores en un país de 307.145 personas.” De igual manera, las capacidades de los sistemas de salud pública en África generalmente son demasiado limitadas para absorber una pandemia. Sin embargo, esta capacidad también varía drásticamente de un país a otro. Esto, combinado con otros factores externos como la densidad de las áreas urbanas y la situación de las personas desplazadas, acentúa las desigualdades entre países dentro de la misma región.
El Banco Mundial estima que, como consecuencia de la crisis del COVID-19, “el número de personas empujadas a la pobreza extrema será aproximadamente de entre 40 y 60 millones. En los escenarios más pesimistas, la pobreza global en 2020 se acercaría al nivel que tenía en 2017—significando que el progreso del mundo para eliminar la pobreza extrema sufriría un retroceso de tres años.”
Así como la pobreza está vinculada a otras cuestiones de derechos humanos, así también lo está la justicia ambiental. Ambas están estrechamente relacionadas según lo destacó recientemente el relator especial de la ONU para los derechos humanos y el medio ambiente, “el acelerado deterioro del medio ambiente tendrá impactos negativos sobre una amplia gama de derechos humanos incluyendo los derechos a la vida, a la salud, a la cultura y a la alimentación (…). La gente que vive en áreas que han experimentado más altos niveles de contaminación del aire enfrentan un riesgo incrementado de muerte prematura por causa del COVID-19. De modo semejante, el acceso al agua limpia es esencial para prevenir que las personas contraigan y propaguen el virus (…). La pandemia global resalta la importancia vital de un medio ambiente seguro, limpio, saludable y sostenible.”15 Esto ha sido informado por ejemplo en los Estados Unidos, donde las condiciones crónicas como el asma que hace más letal al COVID-19, son más prevalentes en las minorías de bajos ingresos.
Cambio climático, justicia ambiental y COVID-19
Como FI lo subrayó en su primera declaración, voces importantes de la ONU han concentrado la atención en los vínculos entre la destrucción medioambiental y el COVID-19. La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos afirmó el 9 de abril que “la protección del medio ambiente y la preservación de la diversidad biológica son los instrumentos más eficaces para proteger de cualquier pandemia la salud y el bienestar de las personas. El deterioro medioambiental y la pérdida de biodiversidad crean las condiciones para la zoonosis de los animales a los seres humanos, que en repetidas ocasiones ha degenerado en epidemias de gran entidad.”
El propio Secretario General de la ONU ha hecho varias declaraciones, incluso en el Día de la Tierra de este año, con seis puntos de acción para un mundo post-COVID-19 “más verde”. También instó a los Estados a cumplir con su compromiso de hacer realidad sus grandes ambiciones para hacer realidad la reducción de emisiones de carbono y la renovación de sus Contribuciones Nacionalmente Determinadas. En ese sentido, como nuestro socio en Vanuatu escribió acerca del doble desastre del COVID-19 y el ciclón tropical Harold: “Es una llamada de atención para recordarnos que la crisis climática no se está desacelerando a pesar de la pandemia del COVID-19”.
Sin embargo, paralelamente a estos importantes llamados, FI y sus aliados de la sociedad civil que trabajan en asuntos del cambio climático y los derechos humanos, y más generalmente por la justicia ambiental, están muy preocupados por las perniciosas acciones y omisiones de los Estados. Estas preocupaciones son compartidas, entre otros, por el relator especial de la ONU sobre los derechos humanos y el medio ambiente, quien deploró que, en lugar de redoblar sus acciones ambientales y climáticas, “numerosos gobiernos anunciaron que están bajando los estándares ambientales, suspendiendo los requerimientos de monitoreo ambiental, reduciendo las obligaciones ambientales y restringiendo la participación pública.” Este ha sido notablemente el caso en los Estados Unidos.
En este sentido, FI una vez más recibió en su red información de los socios sobre que la minería sigue siendo una actividad “esencial” en diversos países y que se han incrementado las actividades de la minería ilegal ya que las autoridades y poblaciones interesadas han reducido su capacidad de monitoreo y control. En Venezuela, el gobierno está promoviendo la minería en regiones amazónicas ecológicamente frágiles y vitales. En Sudáfrica, el gobierno enmendó las regulaciones de la Ley de Gestión de Desastres para permitir a las compañías mineras aumentar operaciones en un 50% de su capacidad de producción durante la cuarentena en todo el país.
De manera semejante, colegas del Brasil informaron que, aunque los precios de los productos básicos para los minerales han bajado, las empresas mineras son siguen con en el mantenimiento de los niveles de producción incluso si con ello ponen en riesgo a sus trabajadores y a las comunidades circundantes. Se demostró que esto era verdad especialmente en áreas donde hay minas aisladas con pequeña infraestructura, pocos servicios y lejos de la supervisión de autoridades ambientales. Encima de todo eso, en esta crisis, las compañías mineras en Brasil se están vendiendo a sí mismas como actividades esenciales y seguras haciendo algunos donativos a hospitales como contribución suya a la respuesta al COVID-19.
El contexto y los impactos que rodean la minería durante esta pandemia ilustran la incoherencia, los círculos viciosos y los problemas estructurales que nos empujarán hacia la próxima crisis si no se les hace frente.
Esto es también verdad para el cambio climático, ahora que se han pospuesto las dos grandes conferencias internacionales, la climática y la medioambiental. 26 Debido al confinamiento en respuesta a la pandemia del COVID-19, las actividades económicas globales se han frenado de una manera jamás vista. Imágenes satelitales muestran la insólita mejora de la calidad del aire en muchas ciudades grandes y áreas industriales alrededor del mundo. En la última década, la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (UNFCCC, por sus siglas en inglés) ha estado forcejeando por convencer a sus Estados miembros de reducir drásticamente sus emisiones de carbono, sabiendo que, si no hay cambio, la temperatura de la tierra aumentará de una manera irreversible. No debemos olvidar que en su último informe de 2020 ‘Informe del Cambio Climático Global en 2015-2019’ la Organización Meteorológica Mundial encontró un aumento en las emisiones de dióxido de carbono (CO2) y un acelerado incremento en la concentración de CO2 atmosférico con tasas de crecimiento 20% más altas que para el período de evaluación de los cinco años previos. 27 Aunque podemos esperar que la mejora de la calidad del aire durante el período del confinamiento por el COVID-19 aliente a una acción continuada que nos lleve a salir de nuestra crisis climática, es improbable que tenga un impacto general significativo. La contaminación del aire podría incluso crecer a tasas más altas que las predichas, ya que los sectores económicos buscan recuperarse rápidamente.
Durante la crisis económica 2007 – 2008, la contaminación del aire cayó en 1.4% a nivel mundial, pero subió hasta 5.9% en 2010 ya que la economía se estaba recuperando. Durante el cierre debido al COVID-19 en China, se estimaba que las emisiones de carbono se redujeron en aproximadamente 25%. Sin embargo, nuevos datos muestran que la contaminación del aire ha rebotado de vuelta a los niveles antes del cierre, aumentando la posibilidad de que algunas industrias hayan incrementado la producción para recuperar el tiempo perdido.
Recientemente, varios Estados han usado el COVID-19 como pretexto para evitar la implementación plena de las políticas medioambientales, previstas como parte de sus esfuerzos para frenar las emisiones. Por ejemplo, Polonia, uno de los principales productores de carbón en Europa, ha pedido a la Unión Europea (UE) eliminar su Sistema de Comercio de Emisiones o eximir al país del esquema, a fin de poder usar el fondo para luchar contra los efectos de la crisis sanitaria. El Sistema de Comercio de Emisiones de la UE es parte de los esfuerzos europeos para combatir el calentamiento global. La República Checa también ha solicitado a la UE abandonar su Acuerdo Verde a fin de concentrarse más en su respuesta al COVID-19. Actualmente la UE está discutiendo la adopción del Acuerdo Verde, el cual obliga a sus miembros a alcanzar la meta de cero emisiones de gas de efecto invernadero para 2050.32
Tomando en consideración la discrepancia entre las voces principales de la ONU y las diversas realidades nacionales, FI hace las siguientes conclusiones y llamados a la acción.
Recomendaciones / Llamado a la acción
Al Consejo de Derechos Humanos de la ONU y sus Procedimientos Especiales
Reconocemos y acogemos con beneplácito todas las contribuciones que los procedimientos especiales de la ONU han hecho hasta ahora, advirtiendo a los Estados miembros y a la comunidad internacional de las amenazas y violaciones a los derechos humanos dentro de sus respectivos mandatos y ofreciendo orientación y recomendaciones.
También reconocemos y acogemos la declaración hecha el 26 de marzo de 2020 por 60 titulares de mandatos de procedimientos especiales de la ONU, que unieron fuerzas afirmando el derecho a intervenir para salvar vidas sin excepción.
Sin embargo, consideramos que la situación requiere una respuesta más sistémica, y exhortamos a una acción más coordinada y un mayor trabajo conjunto de los Procedimientos Especiales. Sus hallazgos, orientación y recomendaciones deberían ser sistemáticamente compilados y difundidos dentro del sistema de la ONU, así como en los Estados, especialmente a través de los equipos de la ONU en los países, para garantizar su operativización.
Los Estados bajo revisión deben tomar en consideración la orientación de Procedimientos Especiales cuando elaboren sus informes para el Examen Periódico Universal (EPU), incluidos sus informes intermedios. También los Estados examinadores, la ONU y otras partes interesadas deberían tomar en consideración la orientación durante los procesos EPU venideros, cuando evalúen con la perspectiva de derechos humanos el cumplimiento de las medidas nacionales sobre el COVID-19.
Además, algunos actores han pedido al Consejo de Derechos Humanos de la ONU que lleve a cabo una sesión especial. Si en los meses venideros hay dicha sesión especial, u otras sesiones del Consejo, las circunstancias excepcionales que estamos enfrentando no deberían de hecho significar un papel disminuido para la participación de la sociedad civil, incluso a través de presentaciones y declaraciones.
En todo caso, cualquier acción venidera del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, incluso según lo sugirió su presidente en referencia a las actualizaciones orales de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos en sus próximas dos sesiones y un futuro informe sobre el COVID-19 y los derechos humanos que deberá ser presentado a su 46ª sesión el año próximo, debería enviar una señal fuerte de que los derechos humanos no pueden ser una añadidura o un mero elemento retórico, como lo fue durante la crisis financiera de 2007–2008.
En este sentido, el Consejo de Derechos Humanos debería fortalecer el mandato de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos (OACNUDH) proporcionando los medios para que desempeñe un papel fundamental en los mecanismos interinstitucionales que se establezcan (ver líneas abajo).
A otros organismos de derechos humanos de la ONU
También instamos al resto del sistema de derechos humanos de la ONU a reaccionar y dar a esta crisis la atención que merece para hacer frente tanto a sus impactos directos como a los problemas estructurales que ha resaltado y exacerbado en todos los países del mundo.
A este respecto, las reuniones de los Órganos por Tratados de la ONU deberían quedar garantizadas, aunque sea virtualmente, por todo el tiempo que sea necesario, para asegurar la participación en los exámenes periódicos. La ONU debería ser flexible en cuanto a los plazos y el formato, y aceptar información adicional, especialmente desde la sociedad civil, acerca del impacto de la pandemia sobre los derechos bajo sus respectivos tratados.
Al sistema general de la ONU
Reconocemos y acogemos con beneplácito las diversas declaraciones emitidas por el Secretario General de la ONU, como su Resumen de Políticas sobre el COVID-19 y los Derechos Humanos, 34 su declaración en el Día de la Tierra de este año, 35 como también la creación del Fondo de Respuesta Rápida de la ONU al COVID-19 para la Recuperación.
Como en anteriores crisis, es importante que se creen entidades operativas/financieras para garantizar un trabajo interinstitucional y una respuesta coordinada. Sin embargo, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y sus miembros tendrán que asegurarse de que esta coordinación y capacidad de actuar de las diferentes instituciones pertinentes no estén dejando de lado los derechos humanos, sino que los estén integrando plenamente y, consiguientemente, que la oficina de la OACNUDH pueda desempeñar su rol como debería.
También instamos a los Estados miembros y a la propia ONU a aprender algunas lecciones de esta crisis y tomarlas debidamente en cuenta mientras trabajan mirando hacia una futura ONU, incluso con respecto a la arquitectura institucional que sea necesaria para enfrentar tales crisis, y prevenirlas y afrontarlas con mayor eficacia. En consecuencia, esto debería tener un impacto en las futuras reformas de la ONU, para más articulación y coordinación entre los derechos humanos, el desarrollo y la paz, con los derechos humanos desempeñando un papel fundamental acorde con el llamado a la acción en pro de los derechos humanos realizado por el Secretario General de la ONU.
La demanda prioritaria de FI sigue siendo que haya una mayor coherencia de políticas en conformidad con los derechos humanos. Como vemos un llamado cada vez más fuerte, hecho especialmente por altos funcionarios de la ONU, tales como el Secretario General de la ONU y la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, que la Agenda 2030, sus Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y su principio fundamental de “no dejar a nadie atrás” son nuestras mejores herramientas en estos tiempos, FI subraya el vínculo efectivo que aún se necesita efectuar con los correspondientes estándares de derechos humanos. Si los Estados continúan ignorando las normas y principios de derechos humanos, como la responsabilidad de rendición de cuentas y el imperio de la ley, no habrá ninguna rendición de cuentas por el progreso o la falta de progreso hacia el ODS 1 y a la erradicación de la pobreza o el ODS 6 y a darles a todos el acceso al agua potable segura. Si los Estados continúan delegando al sector privado las medidas para alcanzar los ODS, a la vez que simultáneamente van dejando de exigir que las empresas rindan cuentas por sus historiales con los derechos humanos, u obstruyendo los procesos de la ONU que buscan eliminar tal impunidad, los servicios públicos seguirán siendo desmantelados, inaccesibles a todos e incapaces de reacción ante shocks futuros. Si el ODS 8 y sus metas de más “crecimiento económico” son otro pretexto para continuar negocios como de costumbre y perseguir el mismo modelo de desarrollo económico fuertemente dependiente de industrias insostenibles y de la extracción de recursos naturales, pues entonces, la Agenda 2030 no ayudará.
Por último, pero no por eso menos importante, si bien el COVID-19 presenta una crisis severa a un mundo que ya está enfrentando la amenaza del cambio climático, también demuestra que los Estados pueden actuar cuando son obligados. En 2020, se prevé que los Estados partes en el Convenio de París de la ONU sobre el Cambio Climático presentarán sus Contribuciones Nacionalmente Determinadas (CND) revisadas y actualizadas. Sin embargo, hasta abril de 2020, solo 10 Estados lo han hecho. Si bien se reconocen los severos impactos del COVID-19 a todo nivel, no se le debe utilizar como una excusa para que los Estados eviten sus obligaciones legales de impulsar sus aspiraciones de mantener la temperatura promedio global por debajo de los 2°C sobre los niveles preindustriales. Tampoco debería ser una excusa para abandonar los esfuerzos por limitar el aumento de la temperatura a 1.5°C sobre los niveles preindustriales, o evitar los irreversibles impactos si no lo hacen. Las acciones climáticas en las CND renovadas y actualizadas deberían incluir salvaguardas sociales y ambientales robustas basadas en los derechos humanos; asegurar el acceso a la información y participación pública y garantizar un mecanismo de reclamaciones independiente, equitativo, accesible, legítimo, basado en los derechos y transparente.
