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El Consejo de Derechos Humanos se reunirá del 27 de febrero al 4 de abril. Durante la sesión, plantearemos diversas situaciones de derechos humanos y preocupaciones compartidas por nuestros socios de base.

A continuación encontrarás todas nuestras declaraciones. Esta página se actualizará a lo largo del periodo de sesiones.

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Fin de la sesión: Principales resultados y oportunidades perdidas (4 de abril)

En una declaración final conjunta, reflexionamos sobre los principales resultados y retos de la 52ª sesión del Consejo de Derechos Humanos. Entre otras cuestiones, acogimos con satisfacción la adopción por consenso de una resolución sobre el derecho a un medio ambiente limpio, sano y sostenible. Sin embargo, también expresamos nuestra preocupación por los continuos intentos de algunos Estados de cuestionar si se trata realmente de un derecho universal, a pesar de su reconocimiento por el Consejo de Derechos Humanos y la Asamblea General. Además, planteamos el papel de la sociedad civil en las deliberaciones del Consejo, que sigue estando restringido tras las medidas de emergencia adoptadas a causa de Covid-19. En particular, pedimos que se mantengan las modalidades híbridas, que permiten la participación a distancia de aquellos que no pueden viajar a Ginebra.

Punto 6: Examen Periódico Universal – Brasil (28 de marzo)

Durante la adopción del EPU de Brasil, acogimos con satisfacción el apoyo a todas las recomendaciones relacionadas con el derecho a un medio ambiente sano, el derecho al agua y las relacionadas con las actividades mineras. Este es un paso clave teniendo en cuenta las medidas, leyes y políticas regresivas adoptadas en el último año. Sin embargo, también pedimos al gobierno que adopte medidas rápidas y proactivas para aplicarlas, garantizando al mismo tiempo que las víctimas de violaciones de derechos humanos, especialmente las derivadas de actividades empresariales, tengan garantizado un recurso efectivo.

Punto 6 Examen Periódico Universal – Filipinas (27 de marzo)

En una declaración conjunta, acogimos con satisfacción la aceptación de importantes recomendaciones relativas a la protección de los defensores de los derechos humanos y el compromiso de investigar los casos de ejecuciones extrajudiciales. Sin embargo, a pesar del cambio de discurso de la nueva administración, nos sigue preocupando el desfase entre el discurso público y la realidad sobre el terreno. Durante la aprobación del EPU, planteamos varios casos recientes de Filipinas y reiteramos nuestro llamamiento para que se establezca un mecanismo internacional que investigue los casos relacionados con la política de «guerra contra las drogas».

Punto 6: Examen Periódico Universal – Indonesia (27 de marzo)

Aunque Indonesia aceptó cinco recomendaciones relacionadas con la situación de los derechos humanos en Papúa Occidental, sólo tomó nota de otras cinco, incluida una relativa a una visita del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. En una declaración conjunta, pedimos la rápida aplicación de las recomendaciones relativas a la protección de los defensores de los derechos humanos y al fin de la impunidad por violaciones de derechos humanos. Reiteramos que la situación de los derechos humanos necesita urgentemente una solución sostenible que sólo puede lograrse mediante un diálogo pacífico e integrador y garantizando la rendición de cuentas de todos los autores de violaciones de los derechos humanos.

Tema 4: Debate general – Guatemala (22 de marzo)

Los ataques contra defensores de derechos humanos en Guatemala se han duplicado en 2022. Estas agresiones contra operadores de justicia, periodistas, comunidades indígenas y organizaciones y personas que defienden el derecho a la tierra, al territorio y a un medio ambiente sano se realizan en la impunidad y amenazan la democracia en el país. En una declaración conjunta, reiteramos nuestro llamamiento al Consejo para que utilice su función preventiva antes de que la situación de los derechos humanos en Guatemala llegue a un punto de no retorno.

– Declaración completa (inglés y español)

Casi cuatro años después de que 269 personas murieran en los atentados del Domingo de Resurrección en Sri Lanka, las víctimas siguen esperando justicia. Varios informes oficiales no se han publicado en su totalidad y no se ha aplicado ninguna de las principales recomendaciones que se publicaron. No se ha procesado por negligencia criminal a ningún funcionario del Estado ni a las mentes maestras responsables de los crímenes. En una declaración conjunta, pedimos al gobierno de Sri Lanka que haga rendir cuentas a los autores. Además, instamos al Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos a que apoye las iniciativas internacionales de justicia relacionadas con los atentados del Domingo de Resurrección.

Punto 4: Debate general – Brasil (22 de marzo)

Aunque reconocemos la creación del Ministerio de Pueblos Indígenas por parte de la nueva administración de Brasil, alertamos al Consejo de que los Pueblos Indígenas siguen sufriendo graves amenazas y ataques contra sus derechos fundamentales, sus vidas y sus territorios. Es esencial que el nuevo gobierno reanude inmediatamente una política de demarcación para proteger las tierras indígenas y convierta sus promesas en hechos. En una declaración conjunta, pedimos al Consejo que mantenga una actitud vigilante hacia Brasil para asegurar que la nueva administración haga progresos concretos en la garantía de los derechos territoriales de los Pueblos Indígenas.

Punto 3: Debate General – Mozambique (17 de marzo)

Un violento conflicto y la lenta aparición del cambio climático han desplazado a más de un millón de personas en el norte de Mozambique. Esta crisis multifacética ha creado una aguda inseguridad alimentaria, con una situación especialmente grave en los campos de desplazados internos, donde la tierra y la ayuda alimentaria disponibles son limitadas, mientras que las viviendas han sido destruidas por fenómenos meteorológicos extremos. Instamos al Gobierno de Mozambique y a otros Estados miembros de la ONU a cumplir con sus obligaciones internacionales, así como a proporcionar ayuda humanitaria inmediata en Cabo Delgado y las provincias circundantes.

Punto 3: Diálogo interactivo con el Relator Especial sobre derechos humanos y medio ambiente (10 de marzo)

Junto con nuestros socios locales, somos testigos de que la discriminación impide que las mujeres y las niñas disfruten del derecho a un medio ambiente sano, así como de otra serie de derechos humanos. A su vez, esto priva a la humanidad del potencial y la capacidad de gestión de la mitad de la población. En esta declaración, señalamos a la atención del Relator Especial dos casos concretos de las Islas Salomón y Mozambique. Para proteger el poderoso papel de las mujeres y las niñas como agentes de cambio, también pedimos al Consejo que reconozca el derecho recientemente reconocido a un medio ambiente sano en su resolución anual sobre el tema, así como en todas las resoluciones pertinentes de la ONU en el futuro.

Punto 3: Diálogo interactivo con el Relator Especial sobre el derecho a la alimentación – Guatemala (9 de marzo)

En Guatemala, las políticas gubernamentales benefician sobre todo a los agronegocios y a las empresas extractivas, mientras que afectan negativamente a las poblaciones vulnerables. En una declaración conjunta, expresamos nuestra preocupación por la ejecución de proyectos extractivos sin el consentimiento previo de los pueblos indígenas, a pesar de que se ven directa y negativamente afectados. También planteamos la cuestión de la biodiversidad vegetal y la pérdida de conocimientos ancestrales. Teniendo en cuenta todo esto, pedimos al Consejo que inste a Guatemala a adoptar políticas que aborden y mitiguen las amenazas a una alimentación adecuada y promuevan la soberanía alimentaria.

Punto 3: Diálogo interactivo con el Relator Especial sobre el derecho a una vivienda adecuada – Guatemala (9 de marzo)

Guatemala corre el riesgo de sufrir fenómenos meteorológicos extremos, agravados por el cambio climático. En 2020, los huracanes Eta e Iota dejaron a cientos de personas sin hogar o con viviendas gravemente dañadas. En una declaración conjunta, expresamos nuestra preocupación por los desalojos forzosos que a menudo se llevan a cabo de forma violenta y sin notificación previa, sin contemplar medidas de reasentamiento. Esta situación afecta de manera desproporcionada a los pueblos indígenas. Durante el Diálogo Interactivo, pedimos a los Estados que aumenten los recursos disponibles para mitigar los impactos del cambio climático y que se abstengan de realizar desalojos que ponen a las personas en una situación de vulnerabilidad aún mayor.

Punto 2: Debate general – Guatemala (8 de marzo)

Guatemala se enfrenta a una crisis de derechos humanos y del Estado de derecho, agravada por el debilitamiento y la cooptación de las instituciones públicas. Existe un acoso y criminalización generalizados de los defensores de los derechos humanos, con más de 2.000 ataques documentados en 2022. En una declaración conjunta pedimos al Consejo que utilice su papel preventivo antes de que la situación llegue a un punto de no retorno y que inste a Guatemala a garantizar la independencia judicial, a prevenir e investigar los ataques contra defensores de derechos humanos y operadores de justicia, y a garantizar un proceso electoral transparente.

Se trata de una traducción automática. Rogamos disculpen los errores que puedan haberse producido. En caso de divergencia, la versión inglesa es la autorizada.

En las Islas Salomón, la tala industrial ha trastornado todos los aspectos de la vida de las comunidades cercanas o situadas aguas abajo de los lugares de tala: los ríos están contaminados, nuevas especies invasoras destruyen los medios de subsistencia, y mujeres y niñas han sido víctimas del tráfico doméstico. En octubre, Franciscans International y Dominicos por la Justicia y la Paz viajaron a varias de las comunidades afectadas junto con hermanas y hermanos locales. Allí, unimos nuestras fuerzas para documentar exhaustivamente los efectos adversos de la tala y determinar los próximos pasos que podemos dar en términos de defensa y sensibilización.

«Nuestra misión se ha definido en términos de personas que van a las escuelas y parroquias, a las cárceles, visitan a la gente en los pueblos, les ayudan, rezan con ellos y llevan a cabo programas de misión», dice el Hermano Christopher John SSF. Como Ministro General de la Sociedad Anglicana de San Francisco, se dirigió por primera vez a Franciscans International con la petición de plantear en las Naciones Unidas los daños causados por la tala de árboles en las Islas Salomón.

«Sugerí a los hermanos, mientras celebraban su 50 aniversario en las Islas Salomón, que necesitábamos ampliar nuestra idea de misión para abarcar toda la creación – que nuestro cuidado de la creación es también parte de nuestro trabajo de misión», dice el hermano Christopher. Siguiendo su petición, FI, los Dominicos por la Justicia y la Paz y los hermanos y hermanas locales trabajaron duro para reunir su información y alertar a la comunidad internacional sobre estos problemas en un informe previo al Examen Periódico Universal de 2021 de las Islas Salomón.

Un estanque de tala en la isla de Guadalcanal.

La reciente misión profundizó nuestra comprensión de los problemas que afectan a las comunidades afectadas y garantizó que disponemos de la información necesaria para seguir ejerciendo presión tanto a nivel nacional como en las Naciones Unidas.

Investigación sobre el terreno

El núcleo de la misión consistió en una serie de debates de grupo dirigidos por hermanas y hermanos anglicanos y católicos locales en seis pueblos de la isla de Guadalcanal. Para garantizar que la gente pudiera hablar libremente de cómo se habían visto afectados, las conversaciones tuvieron lugar en diferentes grupos, incluidos líderes tradicionales, mujeres y jóvenes. En todas partes nos encontramos con historias de vidas y medios de subsistencia que se han visto alterados por la tala, al tiempo que no se cumplían las promesas de desarrollo y replantación de los bosques.

«Antes, si plantabas comida, disfrutabas de su crecimiento: los cerdos salvajes no bajaban del bosque y se la comían. Los peces del río, antes podías zambullirte y cogerlos: ahora no puedes coger nada de los ríos. Incluso las [vides] que utilizamos para atar nuestras casas de hojas: no hay ninguna en el monte porque las máquinas las destruyeron», dijo un anciano del pueblo y hermano de la Tercera Orden de la Sociedad de San Francisco. «Así que esa es la diferencia antes y ahora: antes disfrutábamos de todo en el monte. Ahora, no».

Hermanos de la Sociedad de San Francisco entrevistan a líderes comunitarios.

Estas discusiones de grupo se complementaron con sesiones con las hermanas y hermanos locales sobre cómo involucrarse en los mecanismos nacionales e internacionales de derechos humanos. Posteriormente, también se reunieron con representantes de la sociedad civil, abogados, periodistas, diplomáticos y representantes de la ONU. Estas conversaciones ayudaron a identificar los obstáculos jurídicos y prácticos para impedir nuevas talas u obligar a las empresas madereras a cumplir las promesas hechas a las comunidades, como el desarrollo de infraestructuras, escuelas, instalaciones sanitarias y dispensarios médicos.

Un compromiso arraigado y a largo plazo

Aunque FI utilizará los resultados obtenidos para su posterior presentación ante la ONU, las hermanas y hermanos de las Islas Salomón también están incorporando las lecciones del taller a su propio ministerio, entre otras cosas mediante planes de sensibilización y participación comunitaria, como teatro y representaciones.

Hermanas y hermanos practican un debate en grupo.

«En los pueblos que visitamos, los hermanos son de toda la vida y son muy conocidos. No somos gente que acaba de llegar para hacer algo y se va volando», dice el hermano Christopher. «Para nosotros, trabajar en estos temas no es algo puntual: llegas, hay una solución y puedes irte y marcar una casilla. Es una relación a largo plazo».

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En octubre de 2017, los insurgentes de la provincia septentrional mozambiqueña de Cabo Delgado desencadenaron un violento conflicto en el que hasta la fecha han muerto al menos 3.000 personas. Desde el inicio del conflicto, más de 800.000 personas han huido del terror, la mayoría hacia la vecina provincia de Nampula. Las hermanas franciscanas son algunas de las personas que apoyan a estos desplazados internos, tratando de paliar la falta de alimentos, agua, vivienda, educación, la prevalencia de traumas y otros problemas de derechos humanos.

«La moral está muy baja, así que es un gran reto al que nos enfrentamos», dice la hermana Lucía, de las Misioneras Franciscanas de María, que, como parte de su trabajo, ofrece asesoramiento a los desplazados internos. «¿Cómo elevamos el espíritu de la gente para que sienta que sigue siendo una persona, con dignidad y respeto?

A pesar de la afluencia de tropas extranjeras para luchar contra la insurgencia, la violencia en Cabo Delgado sigue sin denunciarse y sus consecuencias no se abordan. Los franciscanos de Mozambique buscan ahora ayuda en la comunidad internacional. A principios de este año, recibieron a una delegación de Franciscans International para estudiar cómo plantear su caso ante las Naciones Unidas.

Esta delegación visitó dos campos de desplazados internos en Nampula, donde la gente está empezando a asentarse permanentemente. Aquí, las condiciones de vida siguen siendo difíciles, y falta el acceso a la alimentación, la atención sanitaria y la educación. Los fenómenos meteorológicos extremos, como el ciclón Idai, han empeorado aún más la situación. Sin embargo, una vez superada la «emergencia» inmediata, las organizaciones humanitarias internacionales han empezado a retirarse, y la Iglesia es uno de los principales donantes que quedan para prestar ayuda a la población.

Como parte de la misión, FI también llevó a cabo dos talleres para determinar los retos a los que se enfrentan los franciscanos locales e identificar sus necesidades para ayudar a mejorar la situación de los desplazados internos a los que apoyan. Como segundo paso, los participantes exploraron posibles vías para plantear su caso a través de los distintos mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas.

Aunque la prioridad inmediata de la colaboración entre los franciscanos de Mozambique y FI se centrará en la situación de los desplazados internos, también buscará soluciones a largo plazo para abordar la crisis de Cabo Delgado. Aunque aparentemente se trata de una insurgencia islamista, muchos de los agravios subyacentes que dieron lugar a la violencia tienen sus raíces en desigualdades socioeconómicas persistentes y a largo plazo

«En última instancia, la situación en Cabo Delgado también plantea la cuestión de la distribución de la riqueza entre la población local, que no se ha beneficiado de la explotación de las reservas de gas de la provincia», afirma Mickaël Repellin, coordinador del programa regional de FI para África. «Para abordar el conflicto, debemos garantizar un mejor disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales de las personas actualmente excluidas y que viven en la pobreza extrema.»

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La historia de los pueblos indígenas es una historia estropeada y arruinada por el colonialismo, por la asimilación forzosa y por otras violaciones de derechos humanos. Hoy, los pueblos y comunidades indígenas alrededor del mundo continúan enfrascados en una larga lucha por la preservación de sus tradiciones, su identidad y sus tierras ancestrales – un empeño que incluye la protección de la naturaleza en estos territorios.  

Esta historia de discriminación y exclusión en su contra hace aún más sorprendente que ahora el mundo mire cada vez más a los indígenas cuando buscamos respuestas a algunos de los más urgentes desafíos de derechos humanos de nuestro tiempo. Con esto en mente, el tema del Día Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo de este año, que se enfoca en el papel de las mujeres y en la preservación y transmisión del conocimiento tradicional, debe ser escuchado por toda la comunidad internacional, no solo a través de los espacios dedicados como el Foro Permanente de la ONU sobre Asuntos Indígenas sino también más allá en otros foros de la ONU, de manera que su participación significativa pueda influir en todos los tipos de elaboración de políticas nacionales y globales, como, por ejemplo, en las áreas de derechos humanos, del medio ambiente, el desarrollo y la paz.  

Aunque los pueblos indígenas solo constituyen alrededor del seis por ciento de la población mundial, ellos protegen el ochenta por ciento de la biodiversidad que queda en el mundo. A menudo preservadas a través de prácticas tradicionales, estas áreas tienden a ser unas donde la naturaleza se degrada con menos rapidez, y ahora se las considera cruciales para combatir las crisis ambientales globales. Para preservar un planeta habitable y hacer realidad el derecho a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible será esencial prestar atención a este conocimiento y ponerlo en práctica, algo que fue reconocido recientemente por la Asamblea General de la ONU. De manera significativa, la resolución también reconoce los desproporcionados impactos del daño medioambiental sobre los pueblos indígenas, entre otras comunidades.  

Al mismo tiempo, muchos territorios y tierras indígenas de todo el mundo permanecen bajo amenaza, incluso de intereses y actividades empresariales. En lugares como Brasil, Guatemala, Indonesia y las Islas Salomón, la familia de franciscanos y franciscanas apoya a los pueblos y comunidades indígenas que se oponen a las industrias extractivas, a los megaproyectos y a la agricultura en gran escala, desafiando amenazas y criminalización por ello. Sus experiencias y desafíos, así como las lecciones aprendidas de estas luchas, son invaluables para las negociaciones en curso en la  ONU sobre reglas nuevas y vinculantes para evitar que las empresas dañen los derechos humanos y el medio ambiente. Estas reglas deben incluir el respeto al consentimiento libre, previo e informado de los pueblos y comunidades indígenas. De modo más general, tales reglas también mejorarán el aspecto de responsabilidad con exigibilidad de rendición de cuentas y el acceso a la justicia cuando se haya producido un daño.  

Si bien es clave esta participación en los debates nacionales e internacionales de los pueblos indígenas, reivindicar y defender los derechos humanos sigue siendo un trabajo peligroso. Esto es particularmente cierto para los defensores indígenas de los derechos humanos y sus aliados, quienes han enfrentado amenazas e intimidación en países a lo largo y ancho de todo el mundo. En su  Análisis global 2021, la organización de derechos humanos Front Line Defenders informa que los defensores de los derechos humanos que trabajan en lo relacionado con el medio ambiente, la tierra, los megaproyectos y los derechos de los pueblos indígenas muy a menudo suelen ser objeto de ataques debido a su trabajo.  

En su lucha por los derechos humanos, las hermanas y los hermanos franciscanos desde hace mucho tiempo se han posicionado al lado de las comunidades indígenas. Como parte de este esfuerzo, Franciscans International ha ayudado a proporcionar una plataforma para las voces indígenas en las Naciones Unidas tanto en Ginebra como en Nueva York. Nuestro trabajo también incluye el desarrollo de recursos, como nuestras hojas informativas sobre el Covid-19 y los pueblos indígenas, que empoderan a los defensores indígenas de derechos humanos en todos los niveles para interactuar más eficazmente con la ONU.  

En el Día Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo, hacemos un llamado a la comunidad internacional a no solamente abordar los muchos problemas de derechos humanos que aún enfrentan los pueblos y comunidades indígenas en todo el mundo, sino también a darles la bienvenida como agentes invaluables para resolver las muchas y urgentes crisis que enfrentamos hoy. 

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En una votación histórica celebrada el 28 de julio, la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció por abrumadora mayoría el derecho humano a un medio ambiente limpio, sano y sostenible. Franciscans International celebra el apoyo de 161 Estados a esta resolución, que afirma que un medio ambiente sano es, de hecho, un derecho humano que debe protegerse y garantizarse a todos sin discriminación. Se trata de un paso importante hacia el fortalecimiento de los esfuerzos internacionales y nacionales para ayudar a preservar el medio ambiente en todo el mundo.

«El reconocimiento universal de un medio ambiente limpio, sano y sostenible ofrece una respuesta poderosa y eficaz que esperamos catalice cambios transformadores en nuestras sociedades, entre otras cosas generando un cambio de paradigma de lo que debe ser nuestra relación con el medio ambiente y los ecosistemas», declaró la Embajadora de Costa Rica, Maritza Chan Valverde, que presentó la resolución. También expresó la esperanza de que el reconocimiento universal contribuya a mejorar los resultados medioambientales de los Estados que ya han consagrado este derecho en su legislación nacional y proporcione un punto de partida para los cambios constitucionales y legislativos en los Estados que no lo han hecho.

Con su decisión, la Asamblea General también reafirmó una resolución de octubre de 2021 del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que reconoció formalmente por primera vez este derecho a nivel internacional. Sin embargo, al ser la Asamblea General el único órgano de la ONU en el que todos los Estados miembros tienen igual representación, la votación de hoy tiene un significado adicional.

«Esta decisión es verdaderamente histórica. Sin embargo, también llega con mucho retraso y en un momento en el que todas las señales de alarma están en rojo y nos estamos quedando rápidamente sin opciones para evitar una catástrofe medioambiental mundial», declaró Sandra Epal-Ratjen, Directora de Incidencia Internacional de FI. «Ahora es innegable que el derecho a un medio ambiente limpio, sano y sostenible es un derecho humano que debe ser disfrutado por todos. Tras esta votación, todos los Estados deben comprometerse a hacerlo realidad».

El reconocimiento del derecho a un medio ambiente sano llega tras una larga y sostenida campaña internacional de defensa por parte de amplias coaliciones y sigue a los llamamientos de más de 1.350 organizaciones de la sociedad civil, pueblos indígenas, movimientos sociales y comunidades locales. La decisión de la Asamblea General también envía un fuerte mensaje que confirma que la lucha por la justicia medioambiental es, de hecho, una lucha por los derechos humanos.

FI continuará trabajando estrechamente con los franciscanos y otros socios de todo el mundo abogando por la aplicación plena y concreta de este derecho como base para unas políticas medioambientales más justas y eficaces.

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Con la elección del presidente Marcos en mayo de 2022, Filipinas ha entrado en un nuevo capítulo de su turbulenta historia de derechos humanos. La nueva administración asumió el cargo tras una controvertida campaña empañada por acusaciones de desinformación generalizada y tendrá que decidir cómo aborda el legado de la llamada «guerra contra las drogas» del presidente Duterte, en la que decenas de miles de filipinos se convirtieron en víctimas de asesinatos extrajudiciales.

«Temo que este resultado electoral signifique una continuación de las guerras que inició la administración Duterte: la guerra contra las drogas, la guerra contra los marginados, la guerra contra la lucha Covid-19», afirma el Hermano Ángel Cortez OFM, que visitó Ginebra durante la 50ª sesión del Consejo de Derechos Humanos. «Pone a las familias de las víctimas en un vacío y será un recordatorio constante del dolor de perder a alguien».

Como parte de una alianza de la sociedad civil que incluye redes basadas en la fe, los franciscanos han estado abogando por la rendición de cuentas por las violaciones cometidas bajo la administración de Duterte. En el pasado, el Hermano Ángel se dirigió en repetidas ocasiones al Consejo de Derechos Humanos de la ONU y a diplomáticos en Ginebra, proporcionando actualizaciones desde el terreno y compartiendo los testimonios de las víctimas.

Estos esfuerzos contribuyeron a una investigación publicada por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en 2020, que aporta pruebas de graves violaciones de los derechos humanos, como homicidios, detenciones arbitrarias y difamación de la disidencia. El informe también señalaba la persistencia de la impunidad y de formidables obstáculos para que las víctimas accedan a la justicia.

«Todavía estamos en un proceso de duelo, pero también tenemos que empezar a trabajar de nuevo con el pueblo de Filipinas», afirma el Hermano Ángel. «Seguiremos pidiendo una investigación independiente e internacional. También pedimos puntos de referencia en materia de derechos humanos basados en el informe del Alto Comisionado, porque en realidad la situación ha empeorado, en lugar de mejorar.»

La situación de los derechos humanos en Filipinas sigue siendo precaria, especialmente para los defensores de los derechos humanos críticos con el gobierno. Con barreras internas para obtener justicia que son casi insuperables, los franciscanos seguirán planteando esta situación en las Naciones Unidas y abogando por una investigación internacional que aborde las violaciones del pasado y ponga fin a la impunidad reinante en el país.

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A la vez que crece el poder de las corporaciones, también debería crecer su responsabilidad hacia los derechos humanos y nuestro planeta. Pero la realidad es que, en todo el mundo, los daños a los derechos de las personas a través de las actividades empresariales siguen produciéndose con impunidad. Por esta razón, en 2014 el Consejo de Derechos Humanos de la ONU puso en marcha un proceso para establecer un tratado que regule las corporaciones transnacionales en el marco del derecho internacional de los derechos humanos. El 16 de marzo se presentará un reporte sobre la última ronda de negociaciones de dicho tratado entre los Estados reunidos en un grupo de trabajo específico.

Mientras el Consejo de Derechos Humanos examina el informe, una coalición internacional de la sociedad civil se opone a los intentos de socavar este proceso crucial. Mirando hacia la próxima ronda de negociaciones en octubre, les pedimos que apoyen nuestros esfuerzos para hacerlo en los próximos meses. Si realmente queremos proteger la dignidad humana y nuestro planeta, necesitamos un instrumento jurídicamente vinculante sobre las corporaciones transnacionales.

Varios Estados poderosos –principalmente los que tienen la sede de grandes empresas– se han negado hasta ahora a participar de forma constructiva en este proceso. Ahora están intentando imponer su punto de vista a otros Estados. Al hacerlo, están ignorando los progresos realizados durante los últimos siete años y la imperiosa necesidad de actuar que exige la realidad.

La mayoría de estos Estados han señalado que las alternativas existentes, como los Principios Rectores de la ONU sobre las Empresas y los Derechos Humanos, son suficientes. Sin embargo, una y otra vez, estos marcos voluntarios han demostrado ser inadecuados para prevenir o remediar los abusos de los derechos humanos por parte de las empresas.

En años anteriores, Franciscanos Internacional ha trabajado para llamar la atención sobre la situación de las víctimas que buscan justicia en casos relacionados con la minería, como los de Brumadinho (Brasil), Arica (Chile), Marinduque (Filipinas) y Kabwe (Zambia), en los que una combinación de negligencia corporativa y escasa supervisión gubernamental ha causado daños duraderos y devastadores.

En países como Guatemala, Colombia, El Salvador, Indonesia y la República Democrática del Congo, los franciscanos y sus socios se han enfrentado a la amenaza que suponen los proyectos industriales a gran escala para el acceso al agua y otros derechos humanos. En la mayoría de los casos, se ha permitido a las empresas eludir la plena responsabilidad por sus fechorías utilizando diferentes vacíos legales. Mientras tanto, es probable que los daños que han causado se dejen sentir durante generaciones.

A menudo, las violaciones de los derechos humanos se producen en las primeras fases de los proyectos extractivos, cuando se mantiene a las comunidades en la oscuridad sobre todos los impactos y riesgos y se las excluye de los supuestos beneficios. Por ese motivo, el «consentimiento libre, previo e informado» es una de las cuestiones clave que se tratan en nuestras recientes fichas técnicas sobre los derechos humanos y los pueblos indígenas.

También es la razón por la que FI está trabajando estrechamente con varios expertos en derechos humanos de la ONU sobre esta cuestión, por ejemplo, contribuyendo al desarrollo del «ciclo de megaproyectos» por el ex-Relator Especial sobre los derechos al agua y al saneamiento, que ayuda a las comunidades a navegar por estos procesos.

Pero el hecho es que todos estos esfuerzos solo pueden tener un impacto limitado sin un tratado general de la ONU. Desde 2014, Franciscanos Internacional ha apoyado las negociaciones, tanto proporcionando apoyo técnico como llevando a representantes de las comunidades afectadas a la ONU para que puedan compartir sus testimonios. A pesar de ello, siete años después nos encontramos en una encrucijada.

La próxima sesión del grupo de trabajo de la ONU encargado de las negociaciones en octubre de 2022 será probablemente un momento crítico para este proceso. Esta lucha por la responsabilidad de las corporaciones ha sido, y seguirá siendo, un esfuerzo colectivo. Si quiere formar parte de esta lucha, le invitamos a que se inscriba en nuestra lista de correo especial para que podamos mantenerle informado de las novedades y le hagamos saber qué medidas puede tomar cuando llegue el momento.

Estas fichas técnicas tienen como objetivo apoyar el trabajo de activistas indígenas y de personas defensoras de derechos humanos que trabajan en temáticas de pueblos indígenas. Asimismo, Franciscans International busca que sirvan como herramienta para familiarizarse con el vocabulario, diseño y formulación de recomendaciones emanadas de distintos mecanismos de derechos humanos de Naciones Unidas para facilitar el trabajo de incidencia a nivel nacional, regional, e internacional.

Cada ficha técnica está dedicada a una temática diferente y en ellas se pueden encontrar una descripción general de la problemática, algunas recomendaciones generales, un listado de recomendaciones específicas y un apartado dedicado a otras fuentes autoritativas relacionadas con cada temática.

Si bien las recomendaciones están relacionadas con la pandemia del COVID-19, muchas de ellas pueden ser adaptadas para abordar situaciones más generales en materia de derechos humanos.

Las fichas técnicas también están disponibles en español, inglés, portugués y q’eqchi. Ellas abordan los siguientes temas:

Acceso a la atención sanitaria y a las vacunasCláusula general de no discriminaciónMujeres y asuntos de género
Acceso a la información de COVID-19Consentimiento libre, previo e informadoMedicina tradicional
Agua y saneamientoDerecho a una alimentación adecuadaPersonas defensoras de derechos humanos

Ayer 22 de junio del 2021, en el marco de la sesión numero 47 del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra, Suiza, un grupo conformado por más de 300 organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, movimientos sociales y asociaciones de víctimas presentaron una declaración oral conjunta pidiendo acción por parte de la comunidad internacional ante las graves violaciones a los derechos humanos cometidas estas últimas semanas en Colombia.

Las numerosas organizaciones reafirmaron las preocupaciones expresadas por la Alta Comisionada de Derechos Humanos, la Señora Michelle Bachelet, este lunes, durante la presentación del informe anual, quien llamó a la realización de investigaciones prontas, efectivas e independientes, ante las 56 muertes (54 de ellas civiles y 2 policías) registradas por su Oficina en el contexto de las protestas iniciadas el 28 de abril de 2021 (Paro Nacional), así como a la implementación del Acuerdo de Paz como clave para abordar las causas estructurales que han generado las protestas y la brutal respuesta del Estado a estas.

Asimismo, durante el respectivo diálogo interactivo, las misiones diplomáticas de Bélgica y Suiza solicitaron respeto al derecho a la libertad de reunión y expresaron preocupación por el uso excesivo de la fuerza, llamando a establecer canales de diálogo.

Mediante la declaración las organizaciones firmantes resaltaron los asesinatos, el uso excesivo de la fuerza, los actos constitutivos de tortura y otros malos tratos, las desapariciones forzadas, la violencia sexual, las detenciones arbitrarias y los ataques, incluidos los ciberataques contra quienes ejercen su derecho a protestar en Colombia.

Las organizaciones expresaron que estos hechos constituyen violaciones flagrantes de los derechos humanos, que han tenido lugar a pesar del fallo de la Corte Suprema de Justicia, que instó a la Fuerza Pública de Colombia a no actuar de manera violenta, arbitraria y sistemática durante las manifestaciones y los llamamientos de mecanismos de derechos humanos a cesar estas violaciones.

Igualmente destacaron que las protestas se vinculan a reivindicaciones estructurales ligadas a los derechos humanos, incluyendo la pobreza – el 42% vive de la sociedad colombiana vive en la pobreza y el 15% en la pobreza extrema – , la desigualdad, injusticias sociales crecientes, la impunidad, el racismo sistémico y la violencia sistemática contra las personas defensoras de derechos humanos, incluyendo líderes sociales, campesinas, sindicales e indígenas y la prensa y a la falta de la plena implementación del Acuerdo de Paz de 2016.

Las organizaciones exhortaron al Consejo de Derechos Humanos a exigir a Colombia el cese del uso de violencia y el respeto del derecho a la protesta pacífica; a que investigue de forma independiente las violaciones a los derechos humanos cometidas en este contexto; a que acepte la visita de los procedimientos Especiales y a que apoye el logro de consensos sociales en torno a las demandas estructurales.

Finalmente pidieron a la Alta Comisionada a la Alta Comisionada, que, por medio del monitoreo de su oficina en Colombia, elabore un reporte sobre las violaciones de derechos humanos cometidas durante las protestas.

La declaración conjunta que agrupó diversas organizaciones de Colombia, América Latina y de distintos países del mundo fue leída ante el Consejo por un representante de la Familia Franciscana en Colombia.

A pesar de que la relación entre las protestas y la falta de una efectiva implementación de los Acuerdos de Paz de la Habana ha sido constantemente mencionada dentro de las demandas de las organizaciones sociales colombianas, en su respuesta a la Alta Comisionada el Estado Colombiano negó la vinculación entre el Paro Nacional y la falta de implementación de los acuerdos, una vez más haciendo oídos sordos a las reivindicaciones de los sectores involucrados en las protestas y restando relevancia a la implementación de acuerdos internacionalmente vinculantes.

A los Estados miembros y observadores del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas

En el marco del 47º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU (CDH) que tendrá lugar del 21 de junio al 15 de julio de 2021, las organizaciones de la sociedad civil y de los Pueblos Indígenas abajo firmantes piden a los Estados miembros de la ONU, a través del CDH, que establezcan en este período de sesiones un nuevo Relator Especial de la ONU sobre derechos humanos y cambio climático.

El cambio climático es una amenaza existencial para la humanidad, que pone en peligro la realización de todos los derechos humanos para las generaciones presentes y futuras. A medida que los impactos de la crisis climática empeoran y agravan las formas de discriminación interseccional contra diversos pueblos, individuos y grupos en nuestras sociedades, no se puede seguir posponiendo la acción en el CDH y se deben adoptar medidas urgentes para proteger a las personas y al planeta. La cuestión del cambio climático no puede continuar únicamente en espacios, aunque interesantes, como diálogos interactivos o en manos de los diferentes Procedimientos Especiales existentes para que la aborden cuando puedan, a pesar de que sus diversas contribuciones hayan sido notables.

La creación de una Relatoría Especial dedicada a los retos del cambio climático es una petición histórica por parte de un número creciente de organizaciones de la sociedad civil y de Pueblos Indígenas, dado que un mandato de esta naturaleza permitiría al CDH elevar su trabajo sobre el cambio climático de forma sistemática y sostenible, proteger a las personas del cambio climático desmedido y de sus impactos inevitables; y promover el respeto de los derechos humanos en las respuestas al clima. En pocas palabras, el cambio climático debe ser una prioridad máxima para el CDH.

En 2019, las Islas Marshall, en nombre del Foro de Vulnerables del Clima (CVF), pidieron la creación de un Relator Especial del CDH dedicado a los derechos humanos y el cambio climático en la 25ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. En los últimos dos años, esta propuesta ha cobrado impulso entre los Estados. Durante la 46ª sesión del CDH en marzo de 2021, en un momento sin precedentes, un grupo interregional de 56 Estados se unió a Bangladesh en una declaración que pedía a los miembros del Consejo que consideraran la creación de este nuevo mandato.

Ha llegado el momento de actuar sobre estas declaraciones. Nosotros, los abajo firmantes, reiteramos por tanto nuestro llamamiento instando a los Estados a establecer un nuevo Relator Especial sobre derechos humanos y cambio climático en la 47ª sesión del Consejo de Derechos Humanos.

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