Franciscans International llevó a cabo recientemente un taller de capacitación con miembros de la Familia Franciscana en Madagascar, antes del próximo Examen Periódico Universal (EPU) del país. La formación siguió a una misión de investigación realizada en mayo de 2024 por la Comisión de Justicia y Paz de la Orden Franciscana Seglar, que se reunió con las autoridades locales y las comunidades de desplazados internos en el norte de Madagascar.
Las sequías prolongadas y las hambrunas subsiguientes en el sur han alimentado una oleada de migraciones internas, lo que ha provocado un aumento de las tensiones entre los desplazados y las comunidades de acogida. Sin embargo, estos flujos migratorios también han puesto de manifiesto importantes deficiencias en la respuesta del gobierno, y la gente indica que la ausencia de infraestructuras y la incapacidad de las autoridades para hacer frente a las hambrunas fueron factores clave en su decisión de marcharse. Las comunidades antandroy del sur ya sufrían marginación y discriminación, y la crisis actual no ha hecho sino erosionar aún más la confianza en el gobierno.
La ausencia de un marco reglamentario para hacer frente a estos flujos migratorios también está agravando aún más la situación. Si bien la migración laboral estacional desde el sur ya era habitual, la crisis actual empuja a la gente a trasladarse de forma permanente. Estas comunidades desplazadas denuncian dificultades para acceder a la educación, los alimentos y el agua, y se enfrentan a la estigmatización en sus comunidades de acogida. Mientras tanto, las comunidades desplazadas del sur recurren a ciertas prácticas culturales, como la agricultura de roza y quema, que entran en conflicto con las prácticas existentes en el norte y provocan una mayor degradación medioambiental. Los funcionarios apenas se esfuerzan por resolver estos problemas, y los observadores denuncian una corrupción endémica y una mala gestión de los fondos climáticos.
Con el apoyo de FI, los franciscanos de Madagascar transmitirán sus conclusiones a la ONU antes del EPU de Madagascar a principios de 2025. En virtud de este mecanismo, el historial de derechos humanos de todos los Estados miembros de la ONU se examina de forma rotatoria. Al final de este proceso, se hacen recomendaciones para mejorar la situación, estableciendo puntos de referencia concretos para futuras acciones y políticas. FI aprovechará esta oportunidad para defender la adopción de un marco sólido para mejorar la situación de las comunidades desplazadas, así como la ausencia de políticas medioambientales sostenibles, y la integración del derecho a un medio ambiente sano en las nuevas políticas para abordar y mitigar las prolongadas sequías que afligen a Madagascar.
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