Un refugio en el camino
A lo largo de las rutas migratorias de Panamá, las familias llegan exhaustas, con los niños a cuestas, en busca de seguridad tras pasar días en la selva del Darién. En la ciudad de David, los franciscanos y otras organizaciones eclesiásticas ofrecen un momento de descanso, comida y acompañamiento a quienes no tienen a dónde acudir. Para la mayoría, este viaje no es una elección, sino un último recurso, impulsado por los conflictos, la persecución, la pobreza y los efectos cada vez más graves del cambio climático.
Antes del Examen Periódico Universal (EPU) de Panamá en noviembre de 2025, Franciscans International, junto con la Red Franciscana para Migrantes – Panamá y otras organizaciones asociadas, presentó un informe alternativo conjunto que documenta graves violaciones de los derechos humanos contra los migrantes. Estas organizaciones forman parte del Observatorio de Movilidad Humana en el Darién y otras rutas alternativas, un esfuerzo colectivo que monitorea la situación de las personas en movimiento y aboga por sus derechos. En este contexto, FI participó activamente en las sesiones previas al EPU de Panamá, promoviendo las recomendaciones incluidas en la presentación conjunta.
Peligro y denegación de justicia
El Tapón del Darién, una zona que abarca el sur de Panamá y parte de Colombia, se ha convertido en un espejo de los retos migratorios de las Américas. Entre 2020 y 2022, los cruces aumentaron casi un 4000 %, alcanzando un pico histórico de 520 085 personas que realizaron el trayecto solo en 2023.
En lugar de seguridad, los migrantes se enfrentan a más peligros: los robos, las extorsiones, los secuestros, las desapariciones y la violencia sexual son frecuentes. Médicos Sin Fronteras (MSF) informó de que ha atendido a más de 1300 víctimas de violencia sexual entre abril de 2021 y enero de 2024. Es probable que el número real de víctimas sea mucho mayor, ya que el miedo y el estigma mantienen a muchas en silencio.
Estos riesgos son aún mayores para quienes ya se encuentran en situaciones vulnerables, en particular las mujeres y las niñas, que se han visto afectadas de manera desproporcionada por la violencia sexual.
El acceso a la justicia sigue siendo difícil. Según el Defensor del Pueblo de Panamá, el 88 % de los delitos cometidos contra migrantes en el Darién no se denuncian por miedo, falta de información y desconfianza. Incluso cuando se denuncian los casos, no se garantiza la justicia. El caso de Jesús Vélez Loor, un migrante ecuatoriano torturado durante su detención en 2002, ilustra esta realidad. A pesar de una sentencia de 2010 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ordenaba a Panamá investigar y hacer justicia, el caso sigue sin resolverse.
De la protección a la criminalización
En lugar de reforzar los sistemas de protección, Panamá ha respondido con medidas punitivas. En el marco de la «Operación Flujo Controlado», los migrantes que salían del Tapón del Darién eran recluidos en Estaciones de Recepción de Migrantes (ERM), que los expertos de la ONU y los organismos regionales de derechos humanos denunciaron como centros de detención de facto con condiciones inhumanas. Aunque estos centros se cerraron a principios de 2025, no se ha establecido ningún sistema alternativo de recepción o protección.
En 2024, en un esfuerzo por frenar el paso de migrantes por el Darién, Panamá firmó un acuerdo con Estados Unidos que finalmente ayudó al Gobierno panameño a deportar a más de 1500 migrantes considerados «irregulares». En febrero de 2025, Panamá aceptó recibir a ciudadanos de terceros países expulsados de Estados Unidos, a pesar de la ausencia de una evaluación completa y justa de sus solicitudes de asilo antes de la expulsión. Entre ellos se encontraban, por ejemplo, ciudadanos de Afganistán, Irán y China, que tenían temores fundados de ser perseguidos en sus países de origen.
El flujo inverso
En los últimos meses, también ha surgido una nueva tendencia: miles de personas, a las que se les ha impedido llegar a los Estados Unidos, están regresando ahora hacia el sur. Este «flujo inverso» ha dejado a muchas personas atrapadas sin recursos, documentación ni un paso seguro.
Estas fallas sistémicas han tenido consecuencias devastadoras para las familias y los niños en tránsito. «Las familias llegan agotadas y traumatizadas, solo para ser separadas. Mientras que algunas pueden acceder a programas de retorno, otras, especialmente los niños sin documentos válidos, quedan atrapadas en condiciones peligrosas», explicó Vivian Cianca, psicóloga voluntaria de la Red Franciscana para Migrantes – Panamá.
Solo en febrero de 2025, más de 2000 personas intentaron regresar, muchas de ellas a través de peligrosas rutas marítimas. Algunas embarcaciones se volcaron, dejando a los sobrevivientes traumatizados y a las familias llorando la pérdida de sus seres queridos.
Las redes franciscanas y eclesiásticas siguen comprometidas con la prestación de asistencia. Sin embargo, como señaló Vivian: «La falta de una respuesta integral del Estado basada en los derechos humanos, incluida la atención a las personas en situación de retorno, deja a la gran mayoría en un estado de vulnerabilidad».
Por qué es importante
La crisis migratoria de Panamá refleja patrones regionales y globales: las fronteras están cada vez más militarizadas, los migrantes se enfrentan a la criminalización y las organizaciones humanitarias se encuentran con restricciones cada vez mayores. Los acuerdos bilaterales para controlar la migración, celebrados sin transparencia y sin cláusulas específicas de supervisión de los derechos humanos, corren el riesgo de socavar las normas internacionales de protección.
FI y sus socios han aprovechado su presencia en la ONU para amplificar las voces de las comunidades de base. En su presentación conjunta al EPU, instan a Panamá a:
- Adoptar un enfoque de la migración basado en los derechos humanos.
- Poner fin a la detención de facto y garantizar refugios dignos y abiertos.
- Garantizar el acceso a la justicia, especialmente para las sobrevivientes de violencia.
- Hacer que el asilo sea accesible, justo y eficiente, incluyendo permisos de trabajo para los solicitantes.
Aprovechando este impulso, FI ha facilitado múltiples plataformas para que la sociedad civil presente recomendaciones en nombre de los migrantes, los solicitantes de asilo y las personas en tránsito. Estos esfuerzos han creado oportunidades para que las organizaciones de base y los Estados entablen un diálogo constructivo, convirtiendo las realidades locales en una defensa concreta a nivel internacional.