Franciscans International dio la bienvenida al padre Agostinho Matlavele OFM, de Mozambique, y a Rodrick Hollands, activista y organizador de las Islas Salomón, para que participaran en las sesiones previas al Examen Periódico Universal (EPU) de sus países. Su visita a Ginebra brindó la oportunidad de poner de relieve una serie de cuestiones relacionadas con los derechos humanos identificadas por los franciscanos y otros socios locales, que se habían presentado previamente a las Naciones Unidas.
El EPU es un mecanismo de las Naciones Unidas mediante el cual los Estados examinan mutuamente su historial en materia de derechos humanos y formulan sugerencias para mejorar los aspectos que suscitan preocupación. Al final de este proceso, el país objeto de examen decide si las acepta y las aplica. A su vez, estas sugerencias constituyen una herramienta valiosa para la sociedad civil y las organizaciones religiosas que trabajan sobre el terreno, ya que proporcionan puntos de referencia concretos para evaluar las medidas adoptadas por las autoridades y exigirles responsabilidades.
Dado que la sociedad civil tiene oportunidades limitadas para intervenir directamente durante el examen por parte de los Estados, UPR Info ha organizado sesiones previas desde 2012, lo que brinda la oportunidad de interactuar directamente con diplomáticos y otras partes interesadas. A lo largo del proceso del EPU, FI y sus socios en Mozambique y las Islas Salomón están llamando la atención sobre las siguientes cuestiones:
Mozambique
«Queremos que termine la guerra. El pueblo se lo está diciendo a su Gobierno en Mozambique. El mismo mensaje debería transmitirse aquí, a nivel internacional, en las Naciones Unidas».
Principales preocupaciones: desplazamiento interno, conflicto violento, empresas y derechos humanos
Una violenta insurgencia en la provincia septentrional de Cabo Delgado, alimentada por las desigualdades socioeconómicas que existen desde hace mucho tiempo, ha dejado a más de 1,3 millones de personas necesitadas de ayuda humanitaria. Más de 600 000 personas se encuentran actualmente desplazadas, muchas de las cuales carecen de acceso a servicios básicos, infraestructuras adecuadas y oportunidades de subsistencia, y siguen siendo víctimas de la violencia. Los franciscanos instan al Gobierno a adoptar un enfoque coordinado y multisectorial que dé prioridad a la protección y el apoyo psicosocial de los desplazados internos, garantizando en última instancia las condiciones para su regreso seguro.
Mientras tanto, los esfuerzos antiterroristas del Gobierno en el norte de Mozambique han dado lugar a graves violaciones de los derechos humanos por parte del personal militar y de seguridad. La ausencia de un poder judicial que funcione y la falta de mecanismos de protección para las víctimas permiten que estas violaciones se produzcan con impunidad. En su informe del EPU, FI destaca la importancia de garantizar la rendición de cuentas como un paso clave para reconstruir la confianza en las autoridades.
Un factor adicional es la riqueza de recursos naturales de Cabo Delgado. El conflicto no ha disuadido el interés de las empresas transnacionales, lo que ha dado lugar a situaciones de desalojos forzosos de la población local y a indemnizaciones inadecuadas por la pérdida de tierras y medios de subsistencia. Se ha acusado al ejército de dar prioridad a la defensa de los proyectos extractivos sobre la protección de la población civil. Los franciscanos piden la suspensión de todos los proyectos transnacionales que puedan contribuir al conflicto y el establecimiento de umbrales claros para los proyectos futuros y en curso que garanticen la prevención de graves violaciones de los derechos humanos.
La revisión de Mozambique tendrá lugar el 5 de mayo de 2026. El informe final se adoptará en la 63.ª sesión del Consejo de Derechos Humanos en septiembre de 2026.
Islas Salomón
El cambio climático y las cuestiones de derechos humanos son problemas mundiales, y no pueden ser abordados únicamente por una sola organización de la sociedad civil […] Requieren la unidad entre las diferentes partes interesadas, la sociedad civil y, por supuesto, el gobierno.
Principales preocupaciones: tala y minería, derechos de las mujeres y los niños, derecho a un medio ambiente saludable
La tala industrial en las Islas Salomón ha afectado a todos los aspectos de la vida, con una pérdida de más de 240 000 hectáreas de cobertura arbórea desde 2024. Un marco normativo obsoleto, que no refleja la realidad local ni contiene disposiciones sobre el consentimiento libre, previo e informado, ha excluido a las comunidades locales de la toma de decisiones y de las indemnizaciones, mientras que las evaluaciones de impacto ambiental han resultado lamentablemente inadecuadas.
La creciente industria minera, facilitada en parte por la deforestación, está generando problemas similares. En respuesta, los franciscanos piden al Gobierno que apruebe inmediatamente tanto la última versión del proyecto de ley forestal, que está pendiente en la Fiscalía General desde 2020, como el proyecto de ley de recursos minerales de 2025, que figura en la agenda legislativa para 2026.
El impacto en los alimentos y el agua ha sido especialmente grave. La contaminación, combinada con la deforestación, ha diezmado la agricultura local, mientras que las barcazas de transporte han dañado los arrecifes de coral y los caladeros. Las especies invasoras, introducidas en los equipos importados, están devastando los cultivos comerciales. Del mismo modo, las fuentes de agua han sido contaminadas y bloqueadas, lo que aumenta el riesgo de inundaciones repentinas. Los franciscanos recomiendan que el Gobierno refuerce el Ministerio de Medio Ambiente, para que pueda realizar evaluaciones de impacto ambiental sólidas y eficaces. Las comunidades que ya se enfrentan a la degradación del suelo deberían recibir una indemnización y formación en nuevos métodos agrícolas.
Por último, las mujeres y las niñas han sido víctimas de la explotación sexual y la trata de personas, y niñas de tan solo 13 años han sido obligadas a mantener relaciones con trabajadores extranjeros. Cuando los trabajadores extranjeros se marchan, las mujeres se enfrentan al estigma y la marginación. La situación se ve agravada por la afluencia de alcohol, que ha aumentado los casos de violencia doméstica. Los franciscanos piden a las autoridades que aumenten la edad legal para contraer matrimonio a los 18 años, establezcan un mecanismo de denuncia a nivel provincial y proporcionen fondos suficientes para los servicios de apoyo, asesoramiento y rehabilitación de las víctimas.
La revisión de las Islas Salomón tendrá lugar el 11 de mayo de 2026. El informe final se adoptará durante el 63.º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos en septiembre de 2026.
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