Actualmente el personal entero de Franciscans International se encuentra confinado, pero con salud, en nuestras respectivas casas en Suiza, en Estados Unidos y en Francia. Con esta situación cada día nos vamos haciendo más conscientes de nuestra privilegiada situación, pese a las extrañas e incómodas circunstancias en que nos pone este encierro.
Durante las primeras semanas de esta crisis, hemos observado con mucho cuidado no solo el desarrollo de la situación sino también la reacción de la Organización de Naciones Unidas (ONU), de otros expertos en derechos humanos y de los Estados. Seguimos haciéndolo. Sin embargo, cuando se hizo evidente que la epidemia se ha convertido definitivamente en pandemia con un terrible número de víctimas mortales y que las medidas extraordinarias durarán meses, nuestros hermanos y hermanas franciscanos, así como colegas y amigos de diversas partes del mundo, han ido contactándose para compartir con nosotros las duras experiencias que están viviendo, confrontando y presenciando.
Es para transmitir algunos de estos testimonios y relatos y para ponerlos en un contexto más global que emitimos esta declaración el día de hoy.
Desde la perspectiva de los derechos humanos, los problemas planteados por la pandemia son múltiples y sus efectos en diferentes niveles son numerosos.
Del fracaso de los Estados a la adopción de medidas necesarias para prevenir tales situaciones…
Los últimos meses han mostrado cómo algunos Estados han fallado en la aplicación oportuna de medidas necesarias para proteger la salud de sus poblaciones y han incumplido así con sus obligaciones en materia de derechos humanos al no proteger el derecho a la salud. Según la ONU, esta protección incluirá la prevención, el tratamiento y el control de enfermedades, lo cual requiere entre otras cosas “la creación de un sistema de cuidado médico urgente en casos de (…) epidemias y riesgos similares para la salud y la provisión de alivio en el desastre y asistencia humanitaria en situaciones de emergencia». Es más, bajo la normativa internacional de derechos humanos, el derecho a la vida impone a los Estados la obligación de proteger la vida asumiendo medidas adecuadas para garantizar el acceso oportuno a bienes y servicios esenciales, como alimentos y agua, y a proporcionar servicios efectivos en emergencias de salud o refugios.
Las fallas individuales o colectivas de los Estados en la prevención de la crisis que el mundo está enfrentando en la actualidad no llegaron sin advertencia. En septiembre de 2019, meses antes de que se declararan los primeros casos de infección del COVID-19, pero después de los brotes del SARS, el Ébola y el Zika, para mencionar solo algunos, un equipo de expertos independientes convocados por la Organización Mundial de la Salud y el Banco instó a prepararse para lo peor: una pandemia patógena respiratoria letal que se expandía rápidamente. Este equipo de expertos criticó la grave insuficiencia de los esfuerzos de preparación realizados a nivel global, en especial a la luz del desproporcionado efecto y sufrimiento que este fracaso tendría sobre los pobres, y a la luz de la vulnerabilidad de todas las economías a tales choques.
Por otra parte, otros científicos han destacado el vínculo entre los riesgos crecientes y los casos reales de propagación de nuevos virus transmitidos por animales a humanos, y la rápida degradación medioambiental, la deforestación, la pérdida de hábitats y el comercio ilegal.
Pero aquí estamos. Semejante a lo que dicen nuestros colegas en El Salvador acerca de las catástrofes naturales: el verdadero desastre no son tanto los eventos como la pandemia del COVID-19, sino la falta de preparación y respuestas inapropiadas a ellos. En una situación como esta, las ya existentes desigualdades y discriminación, al igual que las vulnerabilidades latentes, se agravan severamente y se expresan de maneras radicales.
… a través de impactos directos e indirectos de la pandemia y de la respuesta de los Estados sobre los derechos humanos…
Cuando se presenta una pandemia, virtualmente la salud de todo el mundo está en riesgo. Bajo la legislación internacional de derechos humanos, se establece que los Estados deben crear condiciones que garanticen atención y servicio médico para todos en caso de enfermedad. Sin embargo, lo que el COVID-19 ha mostrado es cuán peligrosos e irresponsables son en general el desprecio por los sistemas de salud pública y la falta de inversión en ellos, en particular en estas situaciones. De manera similar, la ausencia de una amplia cobertura de salud y de acceso a servicios y bienes de salud tiene graves consecuencias en las sociedades. El desmantelamiento y los recortes de los hospitales públicos y de la atención de salud en el Estado de Nueva York son solo uno de muchos ejemplos. En general, la falta estructural de capacidad de los sistemas de salud pública en muchos países implica que la carga extra generada por el COVID-19 privará de la atención que necesitan a los pacientes con otras afecciones y problemas de salud.
El impacto de la pandemia en otros derechos humanos, tales como la libertad de movimiento, la libertad de reunión y el derecho al trabajo y a los derechos laborales, también es claro en todo el mundo. Muchas restricciones relacionadas con el COVID-19 a las libertades y los derechos hacen aún más difícil y peligroso el trabajo de los periodistas y de los defensores de los derechos humanos en todo el mundo. La situación de las personas en riesgo de violencia doméstica, en particular las mujeres y las niñas, es otro problema de gran preocupación en estos tiempos de confinamiento de poblaciones, apareado con la parálisis de muchas instituciones administrativas y otras. Algunas veces esto ocurre con la complacencia o, incluso, con la complicidad del más alto poder del Estado, como en Uganda, donde el presidente Museveni explicó dos veces en una conferencia de prensa que las autoridades policiales no deberían responder a casos donde un esposo golpea a su esposa, puesto que las “emergencias” que requieren una respuesta se limitarían a la salud y los nacimientos de niños. Adicionalmente, en Estados como China, Taiwán, Israel y Estados Unidos, el derecho a la privacidad se halla en riesgo cuando se usan los datos de ubicación del celular para verificar el cumplimiento de restricciones al movimiento y al distanciamiento social, o para divulgar la ubicación de personas infectadas y advertir a otros en sus cercanías. Al respecto, deberíamos recordar que los estados reconocieron explícitamente en 2016 el deber de proteger los derechos de las personas conectadas (online) tal como lo harán desconectadas (offline).
Seguiremos evaluando las respuestas de los Estados, y hasta qué grado éstos pueden y quieren proteger estos derechos tanto como la situación lo permita, y qué tan proporcionadas son las limitaciones sobre estos derechos y leyes de emergencia. En Filipinas, por ejemplo, nuestros socios franciscanos compartieron con nosotros la declaración del presidente Duterte, que autorizaba a que las personas que rompan la cuarentena fueran muertas a balazos por la policía o por los militares; el presidente Duterte ya ganó mala fama por las numerosas ejecuciones extrajudiciales llevadas a cabo durante su llamada “guerra contra las drogas”. Si bien el derecho internacional permite la limitación de derechos en situaciones extraordinarias, como las emergencias de salud pública, tales limitaciones deben respetar ciertas normas. Entre otras, estas medidas deben ser contempladas e implementadas de acuerdo a ley, no deben ser impuestas arbitrariamente ni ser discriminatorias.
En ese sentido, muchas historias y testimonios en todo el mundo muestran cómo, aunque el virus puede infectar a cualquiera, el impacto de la pandemia y las respuestas a ella no están afectando a todos de la misma manera. Algunas medidas tomadas en respuesta a la pandemia pueden afectar desproporcionadamente a personas y comunidades que ya son discriminadas, desfavorecidas y marginadas, personas que no se benefician de la misma capacidad ni de medios para lidiar con las penurias y restricciones que la situación trae.
Indudablemente, esto es verdad para millones de refugiados, solicitantes de asilo y migrantes en campamentos y centros de detención que por lo regular carecen de agua limpia y alimentos. También tenemos imágenes de personas sin hogar en California, EE. UU. siendo enviadas a dormir en un estacionamiento de automóviles después de que su refugio se cerró. Aun en las circunstancias extremadamente difíciles a que nos estamos enfrentando, se pueden tomar medidas compatibles con los derechos humanos, incluyendo aquellas que apuntan a rectificar abusos pasados contra los derechos humanos. Por ejemplo, Francia ha requisado cuartos de hotel para garantizar que personas sintecho que no están enfermas puedan estar seguras y cumplir con las medidas de confinamiento. En Detroit, Estados Unidos, donde la ONU había criticado fuertemente que a la gente pobre se le desconectaran el servicio de agua por la incapacidad de pagar sus facturas y la había considerado una violación del derecho al agua, el gobierno reinstaló el agua en las casas que sufrieron los cortes para que se pudieran seguir las medidas básicas, como lavarse las manos. Las grandes brechas en el acceso al agua limpia en todo el mundo plantean un gran desafío a luchar contra el virus, y subrayan la necesidad de que los Estados respeten, protejan y cumplan el derecho al agua.
Para millones de trabajadores autónomos y trabajadores del sector informal que no tienen acceso a la protección social, el confinamiento impuesto en todo el mundo significa que no tienen ningún ingreso. Los colegas franciscanos en las Filipinas nos comunicaron su desesperación de no saber cómo satisfacer las necesidades de todas las familias pobres que recurren a ellos por alimentos para comer. Los mismos franciscanos preguntan cómo, en esta situación, ellos pueden garantizar condiciones sanitarias seguras para las familias y para ellos mismos.
En India, uno de nuestros socios franciscanos nos transmitió cómo el tiempo inadecuado entre el anuncio y la cuarentena real – solo 4 horas – creó las condiciones para una tragedia, con millones de trabajadores en ciudades tratando de llegar a sus pueblos de origen al mismo tiempo que el transporte público era también detenido. Desde entonces, algunos de estos trabajadores migrantes han fallecido. Nuestro socio también advirtió que probablemente muchas más personas morirán de hambre y de otras causas relacionadas con la falta de auxilio y apoyo oportuno y efectivo del gobierno. En conexión con este tema, Baskut Tuncak, un experto de la ONU sobre derechos humanos y el uso de tóxicos, ha denunciado como inhumana la práctica de desinfección, según se informó en India, de esparcir con mangueras a los migrantes con lavandina.
En general, los expertos de la ONU advierten de un incremento en el racismo y la xenofobia, en particular contra migrantes y solicitantes de asilo que enfrentan una serie de dificultades y problemas adicionales a causa de la pandemia. Como lo hemos oído de nuestra red franciscana y de otros colegas entre Estados Unidos y Centroamérica, los migrantes y solicitantes de asilo a menudo quedan sin información o acceso a exámenes y atención de salud, o a alimentos. Carecen de los medios para atender a sus necesidades básicas puesto que los refugios no pueden acogerlos y la mayor parte de las oficinas administrativas están paralizadas. Continúan siendo deportados en masa desde Estados Unidos o son dejados varados en México o Guatemala. Miles han sido detenidos en su viaje, con poca capacidad para lidiar con tránsitos largos no planificados y que terminan en la calle. Familias enteras que dependen del dinero que los migrantes envían con regularidad a casa quedan sin este apoyo vital. Al mismo tiempo, algunos Estados han mostrado que se pueden tomar medidas positivas para apoyar los derechos humanos y la salud pública. Portugal ha otorgado temporalmente el mismo estatus de residente a todos los extranjeros, incluyendo a los migrantes y solicitantes de asilo con solicitudes pendientes, hasta por lo menos julio de 2020, lo cual les brinda acceso al servicio nacional de salud y a beneficios de bienestar social, les permite abrir cuentas bancarias y entrar en contratos de trabajo y de alquileres.
… por el hecho de que algunos siempre ganan con las catástrofes pero no aquéllos de quienes se pueda pensar de manera optimista…
Si bien los pobres y otros grupos marginados están pagando un altísimo precio, no todos están perdiendo en esta situación. Se podría pensar en aspectos supuestamente positivos de las cuarentenas, al menos para la naturaleza y el clima. Sin embargo, lo que en realidad se ha aclarado es cómo algunas empresas siguen sin problemas y hasta beneficiándose de la crisis. Según nos alertaron nuestros socios franciscanos en Brasil, el presidente Bolsonaro declaró a la minería como una actividad esencial que debería continuar durante la cuarentena; sin embargo, a las comunidades afectadas por la minería no les es permitido hacer ninguna protesta.
También hay un creciente número de informes según los cuales no solo las empresas farmacéuticas sino también algunos supermercados y tiendas de descuentos en Europa están viendo subir su valor y sus ganancias debido al aumento de consumidores que compran reservas de alimentos, a la vez que imponiendo precios bajos a sus abastecedores y a los pequeños productores.
Ahora que millones de personas están trabajando desde el hogar y aún muchos más están confiando en las redes sociales y en la comunicación online para el trabajo y la interacción social, el tema de nuestro derecho a la privacidad y seguridad en el uso de nuestros datos, en particular por actores privados poderosos, es de una preocupación sin precedentes.
… a la incertidumbre de los efectos de largo plazo de la “crisis” del COVID-19 y las consecuencias que la comunidad internacional pueda o no absorber
Si bien el aumento en actividades en plataformas en línea también requiere de más energía, con los cierres ha decrecido también significativamente la contaminación generada por el uso de automóviles, aviones y transporte público. Sin embargo, no está aún claro cómo el transporte y las industrias intentarán “reavivar” sus negocios una vez que pase la crisis, y si no veremos otra vez el aumento de emisiones masivas de gas de efecto invernadero en un futuro cercano debido a los planes de recuperación económica que impulsan sectores clave. Lo que ya está claro, con todo, es que la siguiente conferencia internacional en torno al clima, COP26, que se suponía que tendría lugar en Glasgow en el RU este año, ha sido pospuesta hasta 2021. Nuestro clima y nuestra casa común consiguientemente puede que no se beneficien tanto como esperaríamos de este descanso.
Como algunas voces críticas han comenzado a decir, no deberíamos desear un retorno a la normalidad mientras normalidad equivalga a destrucción medioambiental y desigualdades indignantes. En lugar de ello, deberíamos aprender de los fracasos pasados; hacer buen uso de algunas buenas prácticas que los Estados imaginaron durante la pandemia; presionar para que haya un cambio en nuestro modelo de desarrollo; proteger tanto los servicios sociales como los derechos de la codicia y los intereses empresariales y, por último aunque no por eso menos importante, cultivar la fraternidad y la solidaridad dentro y entre las comunidades que estamos viendo en medio de la crisis de gobernanza global.
En tal sentido, esta declaración es también un tributo a la contribución de nuestros franciscanos, franciscanas y otros socios a la defensa de la dignidad humana y de la vida en estos tiempos difíciles.