Con la elección del presidente Marcos en mayo de 2022, Filipinas ha entrado en un nuevo capítulo de su turbulenta historia de derechos humanos. La nueva administración asumió el cargo tras una controvertida campaña empañada por acusaciones de desinformación generalizada y tendrá que decidir cómo aborda el legado de la llamada «guerra contra las drogas» del presidente Duterte, en la que decenas de miles de filipinos se convirtieron en víctimas de asesinatos extrajudiciales.
«Temo que este resultado electoral signifique una continuación de las guerras que inició la administración Duterte: la guerra contra las drogas, la guerra contra los marginados, la guerra contra la lucha Covid-19», afirma el Hermano Ángel Cortez OFM, que visitó Ginebra durante la 50ª sesión del Consejo de Derechos Humanos. «Pone a las familias de las víctimas en un vacío y será un recordatorio constante del dolor de perder a alguien».
Como parte de una alianza de la sociedad civil que incluye redes basadas en la fe, los franciscanos han estado abogando por la rendición de cuentas por las violaciones cometidas bajo la administración de Duterte. En el pasado, el Hermano Ángel se dirigió en repetidas ocasiones al Consejo de Derechos Humanos de la ONU y a diplomáticos en Ginebra, proporcionando actualizaciones desde el terreno y compartiendo los testimonios de las víctimas.
Estos esfuerzos contribuyeron a una investigación publicada por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en 2020, que aporta pruebas de graves violaciones de los derechos humanos, como homicidios, detenciones arbitrarias y difamación de la disidencia. El informe también señalaba la persistencia de la impunidad y de formidables obstáculos para que las víctimas accedan a la justicia.
«Todavía estamos en un proceso de duelo, pero también tenemos que empezar a trabajar de nuevo con el pueblo de Filipinas», afirma el Hermano Ángel. «Seguiremos pidiendo una investigación independiente e internacional. También pedimos puntos de referencia en materia de derechos humanos basados en el informe del Alto Comisionado, porque en realidad la situación ha empeorado, en lugar de mejorar.»
La situación de los derechos humanos en Filipinas sigue siendo precaria, especialmente para los defensores de los derechos humanos críticos con el gobierno. Con barreras internas para obtener justicia que son casi insuperables, los franciscanos seguirán planteando esta situación en las Naciones Unidas y abogando por una investigación internacional que aborde las violaciones del pasado y ponga fin a la impunidad reinante en el país.
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