En octubre de 2017, una serie de ataques insurgentes en la provincia de Cabo Delgado, en el norte de Mozambique, desencadenaron un conflicto que ha desplazado a más de 600 000 personas. Los franciscanos respondieron inicialmente a la crisis creando estructuras de apoyo para las oleadas de desplazados internos, tratando de abordar la falta de alimentos, agua, vivienda, educación y la prevención de traumas entre quienes huían de la violencia.
Desde entonces, los combates entre las fuerzas mozambiqueñas, mal entrenadas, y los insurgentes se han transformado en un conflicto prolongado y de baja intensidad, sin un final inmediato a la vista. Aparte de los ataques esporádicos contra las comunidades perpetrados por los insurgentes, el creciente número de violaciones de los derechos humanos cometidas por las fuerzas gubernamentales sin rendir cuentas ha destrozado la confianza de aquellos a quienes se supone que deben proteger. El conflicto no solo se ve alimentado por la presencia de gas natural, petróleo y otros recursos naturales, sino también por un cambio en la dinámica local, en la que las comunidades no se benefician económicamente de las actividades de las transnacionales. En cambio, los trabajadores artesanales locales se han visto obligados a abandonar sus actividades habituales, lo que ha aumentado aún más las tensiones en una provincia que lleva mucho tiempo marginada política, social y económicamente.
Franciscans International viajó recientemente a Mozambique, donde visitamos el campamento de desplazados internos de Corane y nos reunimos con líderes comunitarios, representantes de la sociedad civil y otras partes interesadas. También aprovechamos la oportunidad para impartir un taller sobre derechos humanos antes de la próxima Revisión Periódica Universal (RPU) de Mozambique. El taller, que reunió a diferentes ramas de la familia franciscana, abarcó una serie de cuestiones, entre ellas la documentación y las estrategias para fortalecer las redes existentes y abordar el papel cambiante de los franciscanos en respuesta al conflicto.
Desde la última visita de FI en 2022, la reducción del espacio cívico en Mozambique ha dificultado enormemente la supervisión y la presentación de informes independientes, y se ha prohibido a los medios de comunicación visitar Cabo Delgado. La limitada presencia de las instituciones gubernamentales, incluido el poder judicial, debido al conflicto, dificulta aún más el acceso a información fiable. En medio de la disminución de la ayuda humanitaria internacional, los franciscanos y otras redes eclesiásticas se encuentran entre los pocos que pueden prestar apoyo y documentar las violaciones de los derechos humanos.
En los próximos meses, FI colaborará estrechamente con los hermanos y hermanas franciscanos de Mozambique en la preparación de una presentación para el EPU, un mecanismo de las Naciones Unidas mediante el cual se examinan de forma rotatoria los registros de derechos humanos de todos los Estados miembros. Su informe incluirá observaciones y recomendaciones clave sobre las empresas y los derechos humanos, la situación de los desplazados internos y la situación de seguridad en Cabo Delgado. FI también está preparando un nuevo informe sobre la situación, que se espera que se publique a finales de 2025.
Se trata de una traducción automática. Rogamos disculpen los errores que puedan haberse producido. En caso de divergencia, la versión inglesa es la autorizada.