El 21 de septiembre de 2016, hombres armados -algunos de ellos con uniformes que los identificaban como miembros de la agencia antidroga de Filipinas- se detuvieron frente a la casa de Amelia Santos. «No puedo olvidar el dolor cuando recuerdo ese día. Fue como una película», dice. Los hombres armados se adentraron en el barrio y empezaron a disparar. «Después, vi a mi marido tendido sobre una mesa, con la cara y el cuerpo cubiertos de barro y sangre […] En ese momento, supe que tenía que ser fuerte». Después supo que su marido había recibido 28 disparos. 

La suya fue una de las miles de personas asesinadas extrajudicialmente en la brutal «guerra contra las drogas» emprendida en Filipinas bajo el mandato del ex presidente Duterte. Mientras que el gobierno admite que hay unas 6.000 víctimas, las organizaciones de la sociedad civil han documentado más de 30.000 casos. Los asesinatos han continuado a pesar de las promesas realizadas por una nueva administración que asumió el poder en 2022. Para las víctimas y sus familias, que proceden de forma desproporcionada de las comunidades más pobres y marginadas, ha habido pocas esperanzas de encontrar justicia a través de los tribunales de Filipinas. 

En su lugar, han recurrido a las Naciones Unidas, pidiendo al Consejo de Derechos Humanos que apoye las investigaciones que puedan conducir finalmente a la rendición de cuentas. Franciscans International, en estrecha colaboración con hermanas y hermanos que apoyan a las víctimas en Filipinas, ha sido una de las organizaciones que ha ofrecido una plataforma a los familiares. Estas experiencias de primera mano son también esenciales para ofrecer una perspectiva crítica sobre iniciativas como el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos, que hasta ahora no han conseguido abordar con eficacia las violaciones de los derechos humanos en el país. 

«Estamos hambrientos de justicia. Les pedimos que nos ayuden a obtener justicia y a garantizar que la guerra contra las drogas no caiga en el olvido. Su apoyo nos dará nuevas esperanzas, a nosotros que luchamos por la justicia para nuestros seres queridos», dijo la Sra. Santos mientras participaba en un acto paralelo durante el Consejo de Derechos Humanos. «Esperamos y rezamos para que se unan a nosotros dándonos valor». 

La «guerra contra las drogas» es sólo uno de los muchos problemas de derechos humanos a los que se enfrentan los filipinos. Por eso, en septiembre de 2022, FI visitó el país para realizar un mapeo de los retos actuales y organizar un taller para que los franciscanos y sus socios puedan seguir planteando estos problemas de forma eficaz ante la ONU. 

Durante esta visita, una de las principales preocupaciones identificadas por los franciscanos fue el daño causado por industrias como la minería y la energía geotérmica. Aunque aparentemente son una vía hacia el desarrollo, estos proyectos tienen un impacto devastador en el medio ambiente. La debilidad de las normativas y de la supervisión, unida a la corrupción, contribuyen a que la protección de las comunidades afectadas sea insuficiente. Además, estos proyectos agravan aún más los efectos ya negativos del cambio climático en Filipinas, un país especialmente vulnerable a los fenómenos meteorológicos extremos.

En la actualidad, Filipinas se enfrenta a una situación en la que un nuevo gobierno ha asumido algunos compromisos en la ONU para mejorar el problemático historial de derechos humanos del país, pero hasta ahora no ha cumplido sus promesas. En su lugar, un clima de impunidad sigue alimentando las violaciones de los derechos humanos y los ataques contra quienes defienden la justicia. Mientras persista este contexto, el Consejo de Derechos Humanos no debe hacer la vista gorda ante Filipinas. Los franciscanos siguen comprometidos a garantizar que se planteen estos retos a la comunidad internacional.

Se trata de una traducción automática. Rogamos disculpen los errores que puedan haberse producido. En caso de divergencia, la versión inglesa es la autorizada.

Sri Lanka está marcada desde hace tiempo por tensiones y enfrentamientos étnicos. Aunque la guerra civil terminó en 2009, la falta de cohesión social y un proceso de reconciliación fallido siguen alimentando la violencia. Durante las celebraciones de Pascua de abril de 2019, una serie de atentados suicidas en tres iglesias y tres hoteles causaron la muerte de más de 250 personas, lo que reavivó viejos agravios. La situación de los derechos humanos se deterioró aún más debido a una crisis económica que desencadenó las protestas masivas de Aragalaya, que condujeron al desalojo del entonces presidente Gothabaya Rajapaksa en 2022.  

En este contexto, el padre Patrick Perera trabaja para que se haga más justicia y se rindan cuentas por las violaciones de derechos humanos que asolaron su país. Hablamos con él de la falta de justicia transicional, de cómo le impactaron los atentados de Semana Santa, así como de su llamamiento a la población para que se una.  


¿Puede presentarse y explicar cuáles son los principales problemas de derechos humanos en su país?  

Me llamo Patrick Sujeewa Perera y soy un sacerdote que trabaja para la Oficina de Justicia, Paz e Integridad de la Creación (JPIC) en Sri Lanka. En los últimos años, mi país se ha enfrentado a una grave crisis de derechos humanos, por lo que he estado participando en actividades para defender los derechos de las personas. El primer problema que observo tiene su origen en las tres décadas de guerra civil que sufrió Sri Lanka entre 1983 y 2009. Dada la brutal historia del país, sigue habiendo fuertes tensiones entre las comunidades cingalesa y tamil. Al mismo tiempo, la mala gestión de la economía por parte del gobierno y la corrupción provocaron una aguda escasez de combustible y otros suministros necesarios, lo que causó las protestas de Aragalaya, en las que participamos. El tercer problema es la creciente frecuencia de fenómenos meteorológicos extremos, como sequías e inundaciones, debido al cambio climático, que se ven exacerbados por proyectos insostenibles en nombre del desarrollo. Por último, hay mucha violencia contra los activistas de derechos humanos.  

¿Qué te inspiró para empezar este trabajo y cómo conecta con tu vocación de hermano franciscano? 

Empecé como voluntario, pero en aquel momento no estaba seguro de lo que hacía. Fue cuando presencié personalmente los atentados del Domingo de Pascua y vi los restos de la gente dentro de la iglesia cuando sentí un profundo cambio dentro de mí. Me di cuenta de que, si algunas personas pueden hacer cosas tan terribles contra la humanidad, es mi deber personal contrarrestarlo. Aunque no espero vivir en un mundo en el que no haya ninguna injusticia, como franciscano haré lo que pueda contra ella. Incluso ahora, cuando hablo en las Naciones Unidas, me acuerdo de aquel incidente. No sólo rezo por las víctimas, sino que alzo sus voces: Creo que en esto consiste mi vocación.  

¿Qué defiende y por qué? 

Abogamos por una mayor transparencia y responsabilidad del gobierno, que tiene en sus manos la vida de la gente corriente. Esto es especialmente importante si queremos eliminar la corrupción del sistema político. Como personas religiosas y activistas de derechos humanos, es nuestro deber mantenerlos en el buen camino. Tienen que saber que alguien les vigila. También creo que es importante recordar a la gente que tiene poder para cambiar las cosas. De hecho, las protestas de Aragalaya ayudaron en este sentido, porque la gente se dio cuenta de que tiene poder para protestar, y de que tiene poder para hacer que el gobierno rinda cuentas si está unida.  

En su trabajo, ¿se ha sentido alguna vez en peligro, especialmente cuando las autoridades tienen en el punto de mira a los defensores de los derechos humanos?  

Con el trabajo que realizo en relación con los atentados de Semana Santa, me han recordado muchas veces que tenga cuidado con mis actividades, ya que estamos exigiendo responsabilidades y justicia al gobierno. También participé en las protestas de Aragalaya, donde me enfrenté a ataques con gases lacrimógenos o agua, pero eso es bastante habitual. Hasta ahora no he recibido amenazas personales, pero sigo tomando precauciones para evitar que me ataquen.  

 ¿Cuál es el logro del que se siente más orgulloso?  

Lo que más me enorgullece no es algo individual, sino algo que hemos conseguido como grupo. Tras los atentados del Domingo de Resurrección, otros líderes religiosos de la diócesis de Colombo, como el arzobispo cardenal Malcolm Ranjith, pidieron una investigación imparcial de este atentado, pero no se llevó a cabo. Tras este fracaso, el cardenal quiso llevar la situación al ámbito internacional, pero no disponía de herramientas ni mecanismos reales. En aquel momento, él y la Iglesia católica de Sri Lanka se sintieron desesperanzados, como todas las víctimas. Gracias a la ayuda de Franciscans International, nuestro trabajo sobre el terreno ha llegado por fin al ámbito internacional. Como franciscanos, tenemos una buena reputación, y se nos respeta – este es un gran ejemplo de cómo la unidad de grupo puede ser eficaz.  

¿Cómo ve la evolución del papel de los franciscanos en Sri Lanka?   

Siempre hemos hecho obras de caridad, pero tras los atentados de Semana Santa, empezamos a movilizar a la gente, incluidos otros grupos franciscanos. Desde entonces, no sólo abogamos por nosotros mismos, sino que colaboramos con toda la familia franciscana, como las Misioneras Franciscanas de María o los frailes capuchinos. También hay grupos de la sociedad civil que colaboran con nosotros, sobre todo después de las protestas de Aragayala. Además, ahora estamos presentes a nivel internacional, así que, si algunos grupos no tienen necesariamente acceso a la ONU, podemos ayudarles llevando sus preocupaciones de defensa a ese nivel. Por último, el siguiente paso que veo es debatir cómo vamos a seguir trabajando juntos como una familia y elaborar estrategias sobre cómo abogar por la defensa de los derechos humanos. 

Se trata de una traducción automática. Rogamos disculpen los errores que puedan haberse producido. En caso de divergencia, la versión inglesa es la autorizada.

UN Photo / Jean Marc Ferré

A continuación encontrará todas las declaraciones realizadas durante esta sesión a medida que estén disponibles. Nuestras intervenciones anteriores están disponibles aquí.


Ítem 10: Debate General – Filipinas (11 de octubre)

Teniendo en cuenta la impunidad reinante en Filipinas, pedimos al Consejo que no sólo renueve el mandato del Programa Conjunto de la ONU sobre Derechos Humanos en el país, sino que reconfigure su mandato para mejorar los mecanismos de rendición de cuentas en materia de derechos humanos. Esta ampliación debería incluir un elemento de supervisión e información, un papel de contrapartida para las instituciones nacionales y una participación significativa para las víctimas y sus familias. El programa también debería animar al gobierno a cooperar con el Tribunal Penal Internacional.

Declaración completa (inglés)

Ítem 10: Diálogo interactivo sobre el informe relativo a la República Democrática del Congo (9 de octubre)

Aunque acogimos con satisfacción el informe del Alto Comisionado y los expertos, observamos que no aborda la buena gobernanza de los recursos subterráneos como causa principal de la inestabilidad en la RDC. Nuestras observaciones muestran que muchas empresas mineras siguen desalojando por la fuerza a la población, exponiéndola a la pobreza extrema y a la explotación. Con la transición energética verde creando una gran demanda de yacimientos congoleños de cobre y cobalto, preguntamos al Consejo cómo podría incluir la gobernanza del sector minero en su asistencia técnica.

Declaración completa (francés)

Ítems 3 y 5: Diálogo interactivo con el Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas – Guatemala (28 de septiembre)

Durante el conflicto armado en Guatemala, la militarización de las tierras indígenas provocó graves violaciones de los derechos humanos, como desapariciones forzadas, masacres y desplazamientos forzados. Sin embargo, el sistema judicial no ha conseguido que los responsables rindan cuentas, y una nueva iniciativa podría conceder la amnistía a los militares que cometieron estos crímenes. Además, la militarización de las tierras indígenas continúa a día de hoy: 85 comunidades han sido desalojadas extrajudicialmente desde 2022. Pedimos al Consejo de Derechos Humanos que inste a Guatemala a proteger y respetar los derechos de los pueblos indígenas, incluido su derecho al consentimiento libre, previo e informado.

Declaración completa (español)

Ítems 3&5: Diálogo Interactivo con el Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (28 de septiembre)

En una declaración conjunta, expresamos nuestro agradecimiento al Mecanismo de Expertos por su informe sobre la militarización de las tierras indígenas, en particular por dar visibilidad a los efectos sobre los derechos económicos, sociales y culturales, así como por incluir su punto de vista sobre el papel de la oportunidad empresarial. También aprovechamos la oportunidad para plantear tres casos de Brasil, Guatemala y Nicaragua en los que se siguen violando los derechos de los Pueblos Indígenas.

Declaración completa (español)

Panel Anual sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas – Guatemala (27 de septiembre)

Ostensiblemente para «desarrollar el país», Guatemala ha abierto la puerta a empresas nacionales y transnacionales, así como a proyectos extractivos. A menudo emprendidos sin consultas ni consentimiento libre, previo e informado de las comunidades afectadas, estos proyectos tienen un impacto desproporcionado sobre los derechos de las mujeres indígenas a través de la explotación laboral y el trabajo no remunerado. En esta declaración conjunta, instamos a todos los Estados a que respeten sus obligaciones internacionales y garanticen a las mujeres indígenas un papel significativo en los procesos de toma de decisiones.

Declaración completa (español)

Ítem 4: Debate general – Filipinas (27 de septiembre)

Las víctimas y sus familias siguen buscando justicia por las violaciones de derechos humanos cometidas durante la llamada «guerra contra las drogas», emprendida por el ex presidente Duterte. A pesar de que la nueva administración se ha comprometido a poner fin a las ejecuciones extrajudiciales, desde julio de 2022 se han documentado más de 400 casos. La Sra. Amelia Santos -cuyo marido fue víctima de una ejecución extrajudicial en 2016- planteó el acoso continuado y la falta de apoyo a las víctimas y sus familias. Pidió al Consejo que revise si su compromiso con Filipinas ha dado lugar a mecanismos adecuados para hacer efectiva la rendición de cuentas y acabar con la impunidad.

Declaración completa (inglés)

Ítem 3: Diálogo interactivo con la Relatora Especial sobre residuos tóxicos (19 de septiembre)

En Colombia, se permite la expansión de las industrias extractivas sin consultar a las comunidades afectadas que sufren las consecuencias. Por ejemplo, la mina «La Colosa» en Cajamara ha causado daños medioambientales irreversibles en zonas protegidas y ha contaminado fuentes de agua. Teniendo esto en cuenta, pedimos al gobierno que apoye el Proyecto de Ley de Democracia Ambiental, que ayudaría a garantizar consultas significativas a las comunidades, evitaría una mayor degradación ambiental y obligaría a tomar medidas para mitigar los daños ya causados.

Declaración completa (español)

Ítem 2: Debate general – Guatemala (13 de septiembre)
En 2022 se documentaron en Guatemala más de 3.574 agresiones contra personas, organizaciones y comunidades defensoras de los derechos humanos. La crisis de derechos humanos en la que está sumido el país se ve agravada por los intentos de instrumentalizar el poder judicial para deslegitimar las recientes elecciones presidenciales. Pedimos al Consejo que inste a todas las instituciones guatemaltecas a que respeten la voluntad del pueblo y garanticen que los funcionarios electorales, los periodistas y los defensores de los derechos humanos puedan llevar a cabo su trabajo sin temor a ser intimidados. 

Declaración completa (inglés)

Ítem 3: Diálogo interactivo con la Relatora Especial sobre agua y saneamiento (14 de septiembre)

La tala de árboles en las Islas Salomón limita el acceso al agua de las comunidades locales y daña los ecosistemas acuáticos del país. En este sentido, acogimos con satisfacción la recomendación del Relator Especial de que las empresas deben rendir cuentas por la degradación de los sistemas acuáticos y ser obligadas a cumplir con sus obligaciones de reparar y compensar estos daños. Destacando varios retos de las Islas Salomón, pedimos al gobierno que aplique los compromisos que asumió durante su último Examen Periódico Universal.

Declaración completa (en inglés)

Se trata de una traducción automática. Rogamos disculpen los errores que puedan haberse producido. En caso de divergencia, la versión inglesa es la autorizada.

Franciscans International se complace en anunciar el lanzamiento de un nuevo programa regional que cubre Europa. Creemos que ampliar nuestro alcance geográfico para complementar tanto nuestra defensa global como el trabajo ya realizado en África, las Américas y Asia-Pacífico añadirá una dimensión valiosa a nuestros esfuerzos en las Naciones Unidas para defender los derechos humanos y la dignidad, promover la paz y exigir justicia medioambiental.

Los programas regionales de FI están impulsados por las necesidades de nuestros franciscanos y otros socios, que trabajan en cuestiones de derechos humanos a nivel local y nacional. Si determinan que su trabajo puede beneficiarse de plantear preocupaciones en la ONU, FI puede proporcionar la experiencia técnica para desarrollar e implementar una estrategia de defensa sostenida. En los últimos años, los franciscanos de toda Europa han expresado constantemente su deseo de hacerlo.

«Lamentablemente, en todas partes del mundo se producen violaciones de los derechos humanos y Europa no es una excepción», afirma Markus Heinze OFM, Director Ejecutivo de FI. «Vemos a diario violaciones cometidas contra migrantes y refugiados. Los intereses empresariales europeos desempeñan un papel fundamental en las crisis climáticas y los conflictos violentos que afligen de nuevo al continente. Especialmente en estos tiempos difíciles, agradezco que los franciscanos hayan movilizado los recursos que les permitirán llamar la atención de la ONU sobre las violaciones que presencian y documentan en Europa.» 

El puesto de Coordinador del Programa para Europa será ocupado por Eunan McMullan OFM. Como abogado, antiguo Director de los Servicios Jurídicos de la Oficina del Defensor del Pueblo de la Policía de Irlanda del Norte y Fraile Menor, aporta una experiencia única al puesto. El Hermano Eunan la utilizará tanto para fomentar nuevas conexiones entre los franciscanos europeos y la ONU como para dar forma eficaz a las actividades de defensa necesarias. Tras un mapeo inicial de los socios y problemas clave en varios países europeos, trabajará como parte del equipo de defensa de FI en Ginebra para plantear estas preocupaciones ante los mecanismos de derechos humanos pertinentes de la ONU.  

«En este año 2023, los franciscanos celebramos la aprobación de la Regla de San Francisco, que nos proponemos seguir para llevar la paz a nuestros corazones. Asimismo, el imperio de la ley es necesario para establecer la paz entre las personas y en muchos lugares no se ha respetado», afirma el hermano Eunan. «El objetivo de este programa es hacer brillar los focos sobre las injusticias que se están produciendo y promover nuestros derechos humanos y buscar reparación en los organismos pertinentes». 

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Los niños nacidos hoy crecerán en un mundo en el que ya no rigen las viejas certezas. La rápida aparición de las múltiples crisis medioambientales que comenzaron con las generaciones pasadas significa que se enfrentarán a profundos retos únicos en nuestra historia. Para abordar estos problemas, es fundamental que las Naciones Unidas reconozcan la importancia de las voces de los jóvenes y tengan en cuenta los intereses de las generaciones futuras, especialmente los de los pueblos indígenas.

Muchos jóvenes indígenas sienten esta incertidumbre de forma aún más aguda: han nacido en una situación en la que su identidad, cultura, lengua, tierras y conocimientos tradicionales se han visto amenazados durante generaciones y, en algunos casos, están al borde de la extinción. Esto hace aún más apropiado que el tema del Día Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo de este año reconozca a los jóvenes como agentes de cambio para la autodeterminación.

Ya vemos a esta nueva generación dejar su huella. En Guatemala, Franciscans International apoya a jóvenes activistas indígenas que han asumido un papel destacado en la preservación de sus ríos sagrados -y con ello, el sustento de sus comunidades- de la destrucción por actividades empresariales. En algunas comunidades de las Islas Salomón, los jóvenes han alejado a sus mayores de la tentación de beneficiarse de los contratos de tala de árboles, optando en su lugar por los créditos de carbono para preservar el bosque y generar ingresos. Estos esfuerzos merecen nuestro apoyo. Sin embargo, no podemos mirar hacia el futuro sin aprender de nuestro pasado.

Este año también se celebra el 500 aniversario de la llegada a México de los llamados «Doce Franciscanos», un primer grupo de misioneros solicitados por Hernán Cortés. En parte, sentaron las bases de las hermanas y hermanos que ahora trabajan para apoyar a las personas que se encuentran en los márgenes de la sociedad, ya sean las que viven en la pobreza extrema, las que sufren desplazamientos o, incluso, las comunidades indígenas. Sin embargo, también debemos reconocer y abordar la realidad de que algunos franciscanos formaron parte de la opresión y la destrucción que se infligió a muchos Pueblos Indígenas.

Las disculpas ofrecidas por el Papa Francisco en 2022 a las Primeras Naciones de Canadá forman parte de pasos importantes en este proceso. Otro importante ajuste de cuentas simbólico con el pasado es su repudio a principios de este año de la «Doctrina del Descubrimiento», que durante siglos permitió a los exploradores colonizar y reclamar tierras en nombre de su soberano si no estaban pobladas por cristianos permitiendo la explotación de recursos por parte de entidades extranjeras que, en algunos casos, continúan hasta nuestros días. En este sentido, debemos prestar atención al llamamiento del Papa para acercarnos a los pueblos indígenas «de puntillas, respetando su historia, su cultura y su estilo de buen vivir», así como plantearnos cómo remediar estas injusticias históricas que se les han infligido. 

En las Naciones Unidas, formar parte de este proceso incluye reforzar la autonomía de los Pueblos Indígenas y amplificar sus voces, en lugar de hablar en su lugar. Con este fin, FI está apoyando a los defensores de los derechos humanos para que participen en diferentes mecanismos de la ONU, por ejemplo, para proteger mejor su derecho al consentimiento libre, previo e informado, un derecho que permite a los Pueblos Indígenas dar o negar su consentimiento a proyectos empresariales que puedan afectarles a ellos, a sus tierras o a sus recursos. Recientemente, también hemos centrado nuestro trabajo en una mayor aplicación del derecho recientemente reconocido a un medio ambiente sano, incluso mediante la utilización de los conocimientos tradicionales que poseen los Pueblos Indígenas como guardianes de gran parte de la biodiversidad que queda en el mundo.

En términos más generales, esto significa seguir abriendo espacios en la ONU para una participación sustancial y significativa de los jóvenes, que vaya más allá de discusiones simbólicas o nombramientos. Los problemas del futuro están aquí: las generaciones futuras deben tener un rol en la configuración de las soluciones. Armados con las lecciones del pasado, los jóvenes indígenas pueden ser los agentes del cambio que necesitamos: depende de nosotros estar a su servicio y ayudarles a desempeñar este papel.

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La Coalición Mundial de la Sociedad Civil, Pueblos Indígenas, Movimientos Sociales y Comunidades Locales por el Reconocimiento Universal del Derecho Humano a un Ambiente Limpios, Sano y Sostenible es hoy uno de los galardonados con el prestigioso Premio de Derechos Humanos de las Naciones Unidas 2023.

Franciscans International se enorgullece de ser miembro de esta coalición, que recibe el premio por su papel en la defensa del reconocimiento del derecho a un medio ambiente sano por parte de la Asamblea General de la ONU en 2022.

El Premio de Derechos Humanos de la ONU se concede a un máximo de cinco premiadosuna vez cada cinco años. Este año es la primera vez que se concede a una coalición. El premio se entregará en Nueva York el 10 de diciembre, fecha en la que también se celebra el 75º aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Un esfuerzo colectivo

Este logro sólo ha sido posible gracias a los incansables esfuerzos que comenzaron hace décadas y que resultaron en que miles de personas de todo el mundo unieran sus fuerzas para alcanzar un hito: el reconocimiento por parte de las Naciones Unidas del derecho humano a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible. El premio destaca la importancia de colaborar para avanzar en la tan necesaria protección de nuestro planeta y en el cumplimiento de los derechos humanos. Solos, ninguna organización, movimiento o persona habría sido capaz de lograr este objetivo. Juntos, una coalición mundial diversa lo hizo realidad.

«La única manera de conseguir un medio ambiente sano para todos es mediante una acción sostenida, implacable y colectiva. Es un aliento para todos nosotros que la ONU haya decidido conceder este premio a una coalición amplia, diversa y global que se ha encontrado unida en este objetivo crítico: preservar nuestro hogar común en tiempos de crisis. El reconocimiento del derecho en sí mismo -y con él el reconocimiento de que la dignidad humana y el mundo que nos rodea están inextricablemente unidos- resuena profundamente en la tradición franciscana».

Markus Heinze OFM
Director Ejecutivo

La concesión del premio a una coalición diversa también pone de relieve la necesidad de proteger los espacios de participación para todos. A medida que el espacio cívico sigue reduciéndose en todo el mundo, los defensores de los derechos humanos medioambientales se encuentran entre los más amenazados. Este premio es un firme recordatorio de que es esencial respetar a quienes trabajan para situar la protección de las personas y el planeta en primera línea de la formulación de políticas y de la gobernanza mundial.

Un reconocimiento que llama a la acción

Este anuncio llega pocos días antes de que se cumpla el 28 de julio el aniversario del reconocimiento por la Asamblea General del derecho humano a un medio ambiente limpio, sano y sostenible. Desde entonces, millones de personas han seguido sufriendolos efectos acumulativos y acelerados de la triple crisis planetaria de pérdida de biodiversidad, cambio climático y poluciòn, exacerbada por las desigualdades sistémicas, que está contribuyendo a las continuas violaciones del derecho a un medio ambiente sano en todo el mundo.

Este premio pone de relieve que los Estados deben redoblar sus esfuerzos para hacer realidad este derecho. Es tanto un reconocimiento como una llamada a la acción para que los gobiernos, las empresas, las instituciones y las personas de todo el mundo se aseguren de que el derecho a un medio ambiente limpio, sano y sostenible está efectivamente garantizado y legalmente protegido para que pueda ser disfrutado por todos.

«Ya hemos visto a algunos Estados tomar medidas para proteger mejor este derecho tras su reconocimiento. Si bien se trata de signos alentadores, es necesario adoptar medidas más amplias. Con los miembros de esta coalición y nuestros colaboradores en el terreno, seguiremos trabajando para supervisar y promover la implementaciòn de este derecho.»

Marya Farah
Representante ante la ONU en Nueva York

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El continente americano es cada vez más vulnerable a los fenómenos meteorológicos extremos. Largos periodos de sequía alternados con fuertes lluvias y huracanes están afectando a millones de personas. Este es especialmente el caso del llamado «Corredor Seco», donde la escasez de agua y la inseguridad alimentaria han desencadenado grandes desplazamientos de población.  

Originario de El Salvador, Fray René Flores OFM trabaja en Panamá en cuestiones relacionadas con la movilidad humana y defiende los derechos de los desplazados en toda la región. Hablamos de lo que inspira su trabajo, así como de las raíces de su compromiso con la justicia social.  

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¿Puede presentarse y explicar su trabajo?  

Soy un hermano salvadoreño que fue nombrado por la Provincia Franciscana de América Central responsable de la oficina de JPIC (Justicia, Paz e Integridad de la Creación) en Panamá. También soy miembro del Comité de Incidencia de la Red Franciscana para Migrantes, para la que trabajo en la defensa de los derechos humanos y medioambientales. Esto incluye el acompañamiento a migrantes que cruzan la brecha del Darién entre Colombia y Panamá, o el Paso Canoas entre Panamá y Costa Rica. Para ello, colaboro con la Red Clamor, cuyo objetivo es fortalecer las organizaciones eclesiales de toda América Latina y el Caribe que acogen, protegen, promueven e integran a personas en situación de migración, desplazamiento, refugio y víctimas de trata.   

¿Qué le inspiró a empezar a trabajar en estos temas y cómo se relaciona con su vocación de hermano franciscano?  

Crecí en El Salvador en los años ochenta y noventa, en el contexto de la guerra civil. En aquella época, muchos sintieron la llamada a servir y cambiar la realidad del país, pero esto tenía un precio. Muchos sacerdotes, como monseñor Óscar Romero o Cosma Spessotto, fueron asesinados por su compromiso de ayudar a los más vulnerables y pedir la paz. También fue el caso de frailes asesinados durante la guerra civil en Guatemala y la revolución sandinista en Nicaragua. Comencé mi andadura como fraile franciscano en este contexto turbulento, que me desafió e inspiró a implicarme en la justicia social.  

¿Cuál es el principal reto ahora?                                    

Un gran reto que veo es el peligro de la apatía que lleva a la indiferencia de la gente. Es el riesgo de no querer implicarse ni organizar la transformación social porque el sistema ya te ha agotado y piensas que no se puede hacer nada.   

¿Cuál es el logro del que se siente más orgulloso y qué le inspira?   

La sensación de estar con personas que caminan en la transformación social, que creen en Jesucristo, y que al mismo tiempo se inspiran para trabajar por una sociedad más justa y equitativa. Es caminar con fe lo que más me inspira a continuar y saber que el camino franciscano encaja muy bien en este caminar con la gente.  

¿Cuál es su principal objetivo?  

Fortalecer los procesos de organización y formación de las personas con las que trabajo y para las que trabajo, no sólo los campesinos, sino también toda la Iglesia. Mi meta es poder incidir en el pueblo panameño para que se involucre junto con otras organizaciones y otros agentes de pastoral en un proceso de transformación para una mejor defensa de la vida y la creación.  

¿Cómo ve la diferencia entre el trabajo caritativo y el trabajo por los derechos humanos, y cómo cree que se complementan?  

Me gusta la expresión del Papa Francisco que dice que la forma más alta de caridad es la política. En efecto, una buena decisión política puede alcanzar y beneficiar a muchas personas. Pero el término «caridad» normalmente sólo puede quedarse en asistencia y ayuda. En cuanto a la defensa de los derechos humanos, considero que es mejor hablar de cuidar la dignidad y la integridad de la vida. Es buscar que todo ser humano y toda criatura viviente pueda existir en esta casa común, lo que se consigue a través del trabajo por los derechos humanos. 

Para más información, consulte nuestro artículo principal sobre los franciscanos a la cabeza en la defensa de los derechos humanos

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Los efectos del cambio climático se han dejado sentir cada vez más en los últimos años y, como consecuencia de ello, ya se ha producido un fuerte aumento del número de personas desplazadas. Los fenómenos meteorológicos extremos, como inundaciones y huracanes, son cada vez más frecuentes. Al mismo tiempo, también observamos peligros de aparición lenta, como la desertificación y la subida del nivel del mar. Esto ya ha provocado la escasez de agua, la pérdida de la agricultura y de los medios de subsistencia, y la destrucción de los hogares de las personas, empujándolas a reubicarse internamente o fuera de las fronteras de su país.   

Durante su reciente Diálogo Interactivo con el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el Relator Especial sobre el cambio climático, Ian Fry, presentó su informe sobre las implicaciones para los derechos humanos de los desplazamientos inducidos por el clima. Se trata del primer tema cubierto por el nuevo mandato desde su creación en mayo de 2022, lo que demuestra la urgencia de esta cuestión. En su informe, el Sr. Fry destacó la falta de protección jurídica de las personas desplazadas por el cambio climático a través de las fronteras internacionales. Por ejemplo, no están definidos como refugiados en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 de la ONU. Aunque a menudo se les denomina informalmente refugiados climáticos, en realidad no existe tal definición en el derecho internacional, lo que agrava el riesgo de violaciones de los derechos humanos contra este grupo.  

Franciscans International y sus asociados organizaron dos eventos paralelos sobre el desplazamiento climático y otro sobre la regularización de migrantes, a los que invitaron a ponentes de América y Asia-Pacífico para que compartieran sus experiencias e historias con expertos en derechos humanos y diplomáticos de la ONU. Llamaron la atención sobre el impacto desproporcionado de los fenómenos del cambio climático en grupos vulnerables como las mujeres, los niños y los pueblos indígenas. Las investigaciones indican que los desplazamientos inducidos por el clima no son un fenómeno neutro desde el punto de vista del género, ya que las mujeres tienen 14 veces más probabilidades de morir en caso de desplazamiento que los hombres. También son más vulnerables a la violencia sexual, el tráfico de personas y la falta de acceso a la salud reproductiva.   

El Hermano René Flores OFM, miembro de la Red Franciscana de Migrantes en Panamá, explicó las muchas formas en que las personas se ven afectadas por los fenómenos del cambio climático, especialmente en el Corredor Seco* de Centroamérica. Mientras que los años de sequía han provocado escasez de agua e inseguridad alimentaria, los huracanes también se han vuelto más severos. En 2020, Eta e Iota causaron inundaciones y destrucción en toda América Central, afectando a millones de personas. Estos acontecimientos, combinados con la pobreza extrema y la violencia, han impulsado una importante migración transfronteriza.  

Aunque la pérdida de recursos ligada a la movilidad humana es importante, las pérdidas no económicas también pueden ser devastadoras. La Sra. Lemaima Vaai, una joven indígena de la Iglesia Metodista de Samoa, planteó la cuestión del dolor emocional y espiritual de la reubicación. Para las comunidades del Pacífico, existe un profundo apego a la tierra que a menudo conlleva «sentimientos de pérdida y desconexión» al tener que trasladarse, así como el riesgo de que se pierdan los conocimientos indígenas.   

El Rev. James Bhagwan, secretario general de la Conferencia de Iglesias del Pacífico, también advirtió que «los líderes del Pacífico ya han identificado el cambio climático como la amenaza más importante para la seguridad regional». De hecho, puede convertirse en un factor de conflicto por la tierra y los recursos, especialmente si el aumento del nivel del mar amenaza la existencia misma de algunas naciones. Al no haber un lugar al que regresar para estas poblaciones, se desencadenarían desplazamientos permanentes, así como profundos cuestionamientos sobre la condición de Estado y la soberanía.   

Este es el caso de la República de Kiribati, un grupo de 33 islas del Pacífico de unos 100.000 habitantes, y uno de los pequeños Estados insulares en desarrollo que corre mayor riesgo de ser engullido. FI planteó este caso en los Exámenes Periódicos Universales del país en 2014 y 2020 para presionar a la comunidad internacional para que reconozca y aborde este problema.   

Dado que las consecuencias del cambio climático son cada vez más graves, es necesario abordar las actuales lagunas de protección y contar con instrumentos jurídicos y políticas que reflejen la situación actual. Para lograrlo, es esencial que los responsables de la toma de decisiones en la ONU escuchen a los más directamente afectados para comprender la realidad sobre el terreno.   

FI se une al llamamiento del Relator Especial para que se tomen medidas urgentes, especialmente teniendo en cuenta que las consecuencias del desplazamiento inducido por el clima sólo empeorarán cada día que no actuemos. Junto con nuestros asociados y hermanos y hermanas franciscanos de base, seguiremos abogando por un enfoque basado en los derechos humanos en torno al desplazamiento climático que garantice el respeto de la dignidad de cada persona.   

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Para más información sobre la labor franciscana en materia de movilidad humana, consulte nuestra publicación «Rompiendo Los Muros» y nuestras intervenciones en las Naciones Unidas. 

*»El Corredor Seco incluye partes de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. Se caracteriza por largos periodos de sequía alternados con periodos de fuertes lluvias que afectan gravemente a los medios de subsistencia y la seguridad alimentaria de sus 10 millones de habitantes.»

Se trata de una traducción automática. Rogamos disculpen los errores que puedan haberse producido. En caso de divergencia, la versión inglesa es la autorizada. 

Cuando los debates del Consejo de Derechos Humanos terminaron por ese día en las Naciones Unidas, franciscanos y aliados cercanos de diversas procedencias se dirigieron a la oficina de Franciscans Intenational en la tarde de verano: era, en efecto, el momento de hacer una pausa, unirse y celebrar nuestra presencia y trabajo conjuntos.

El empeño de los franciscanos de base y de algunos de sus aliados más cercanos está en el centro de la celebración. Vienen de México, El Salvador, Panamá, Sri Lanka e Indonesia para compartir y plantear las preocupaciones de los migrantes, los desplazados y otras personas que sufren violaciones de los derechos humanos en la ONU.

Se les unió el personal de FI, los directores de la Oficina de Justicia, Paz e Integridad de la Creación OFM que vinieron de Roma, y grupos franciscanos de Suiza y Francia, en un espíritu de fraternidad. Una velada para compartir el pan, historias e inspiración.

Alejandra Conde, de La 72 – Hogar Refugio para personas migrantes, una iniciativa franciscana en México, lo resume todo: «Ha sido una experiencia que me ha hecho sentir en familia. La recepción, la familiaridad y el compartir entre hermanas y hermanos franciscanos me ha llenado espiritualmente y ha fortalecido el trabajo que hacemos con la Red Franciscana para Migrantes. Porque fortalece el sentimiento de que no estamos solos».

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En Brasil, el gobierno de Jair Bolsonaro (2019-2022) ha impulsado más minería, incluso en tierras indígenas protegidas. Estas medidas regresivas aceleraron no solo la deforestación, sino también la pérdida de biodiversidad, la contaminación de las fuentes de agua por mercurio, la inseguridad alimentaria y los riesgos para la salud de las poblaciones locales. Desde que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva asumió el cargo a principios de año, un nuevo gobierno brasileño se ha comprometido a retirar a los mineros ilegales de las tierras indígenas y a llevar asistencia sanitaria a las poblaciones afectadas, especialmente en territorio yanomami

Conoce al Hermano Rodrigo Péret OFM, que vive en el estado de Minas Gerais, conocido como el «almacén» de riquezas minerales del suelo. FI habló de su trabajo sobre las violaciones del medio ambiente y de los derechos humanos derivadas de la minería ilegal, y de cómo el cambio de administración es una oportunidad para mejorar la rendición de cuentas de la industria extractiva, más recientemente a través del mecanismo del Examen Periódico Universal (EPU) de la ONU.  

 ¿Puede presentarse y explicar su trabajo, especialmente en temas de minería?

Me llamo Rodrigo, soy un hermano franciscano que vive en la ciudad brasileña de Uberlândia, y pertenezco a la Custodia Franciscana del Sagrado Corazón. Nací en el estado de Minas Gerais, donde dos grandes desastres mineros (2015 y 2019) mataron en total a 291 personas, destruyeron las cuencas de dos ríos y afectaron a miles de personas. Desde entonces, no se ha producido ninguna reparación real ni se ha hecho justicia. También he estado trabajando desde la década de 1980 en conflictos de tierras y reforma agraria porque muchas personas dependen de la tierra para sobrevivir, ya sea para la vivienda o para producir alimentos. Más tarde empecé a abordar cuestiones en torno a la minería porque, en Minas Gerais, la extracción de rocas fosfáticas, niobio y elementos de tierras raras está causando importantes impactos ambientales. Cabe señalar que esta zona se encuentra en el Bioma del Cerrado, que cubre el 25% de Brasil y es uno de los ecosistemas más importantes del mundo. 

¿Qué le inspiró para iniciar este trabajo? ¿Y cómo se relaciona con su vocación de Hermano Franciscano?

Mi inspiración viene de Francisco. Cuando abrazó a los leprosos, quiso decir que abrazaba a todos los excluidos. Cuando me trasladé al estado de Minas Gerais, a la región del Triângulo Mineiro, pensé en quiénes son los excluidos de nuestra sociedad, a los que tengo que dedicar mi vida como persona consagrada. Esto no es algo que hago sólo por trabajo, es también una forma de vivir. Estudié ingeniería civil, lo que me ayudó a comprender mejor las cuestiones mineras y medioambientales, y así servir mejor a la gente. Entiendo mi vida desde esta perspectiva, un evangelio que tiene una dimensión social y medioambiental. 

Según usted, ¿cuáles son algunos de los principales retos a los que nos enfrentamos hoy en día?

Creo que el principal reto es cómo entendernos en un mundo consumista. Hoy se habla de la transición energética hacia las llamadas «energías limpias». Pero si el litio y otros elementos -metales y minerales- son necesarios para desarrollar estas tecnologías, significa aumentar la minería, lo que va a ejercer más presión sobre los territorios, provocando más conflictos y destrucción. El segundo reto es cómo acercarse a los que más sufren el cambio climático. Como no tiene el mismo impacto en todas partes ni en todos, esto es algo que tenemos que abordar. El último reto es cómo construir un mundo nuevo a partir de esto, con más respeto por este planeta, la Madre Tierra, que nos alimenta y nos gobierna. 

¿Cuál diría que es el logro del que se siente más orgulloso?

Es comprender que Dios está en todas partes. Incluso en la pobreza extrema, la gente tiene su propia dignidad, y la vida está ahí. Pero cuando los derechos fundamentales están amenazados, hay que trabajar con todas las herramientas existentes, por eso es importante estar en los debates de la ONU y a nivel local. También lo es poder utilizar estos instrumentos desde una perspectiva diferente, teniendo en cuenta que la construcción de lo que llamamos el Reino de Dios es un proceso en el que debemos implicar a diferentes personas. Necesitamos unirnos para tener una voz fuerte y hacerla oír. 

¿Cómo ha utilizado el mecanismo del Examen Periódico Universal (EPU)? ¿Y cree que el nuevo gobierno tendrá un impacto en su uso?

El EPU es un proceso importante porque revela las obligaciones que tienen los países en materia de derechos humanos. Escribimos un informe sobre las consecuencias del mandato de Bolsonaro: fue un verdadero desastre, especialmente en lo que se refiere a la economía extractiva, el incumplimiento de las leyes medioambientales y la destrucción de la Amazonia. Llegamos a las pre-sesiones en agosto del año pasado, y los países hicieron recomendaciones a Brasil en noviembre. Ahora nuestro objetivo es trasladar estas recomendaciones a la sociedad civil, y abrir vías de negociación para ir hacia una mayor responsabilidad empresarial relacionada con los derechos humanos. Para ello, necesitamos trabajar tanto a nivel local como internacional, implicando a toda la familia franciscana en el proceso. No será fácil recuperarse de los últimos años, pero creo que el nuevo gobierno de Lula traerá consigo una mejor aplicación de estas recomendaciones. Aun así, vamos a necesitar la presión internacional para impulsar cambios importantes en las políticas nacionales. 

En la última década, Brasil ha sido catalogado como el país más mortífero para los defensores de la tierra y el medio ambiente. ¿Ha sentido alguna vez ese riesgo? ¿Y qué cree que hay que hacer en materia de protección?

Por supuesto. Como muchas otras personas, me he enfrentado regularmente a amenazas relacionadas con mi trabajo e incluso me han detenido. Ahora estoy en un programa de protección. En Brasil, los que corren más riesgos son los defensores de los derechos humanos que se ocupan de cuestiones medioambientales. Creo que es importante crear una red en el territorio de personas que se protejan entre sí. Pero también es necesario que el gobierno federal aplique mejor las políticas relacionadas con la protección de los defensores de los derechos humanos y del medio ambiente. Ahora, con el cambio de gobierno, tenemos más vías para conseguirlo.

Para más información, consulte nuestro artículo principal sobre los franciscanos a la cabeza en la defensa de los derechos humanos.

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