Durante el Consejo de Derechos Humanos en junio de 2024, Franciscans International invitó a la Sra. Ana Victoria López de la Red Franciscana de Migrantes (FNM) en Honduras.

La red comenzó en 2018 a través de la observación de que ya había muchas congregaciones y comunidades franciscanas que trabajaban de forma independiente con los migrantes en América Latina. Durante un curso en Guadalajara, impartido por la Oficina de Justicia, Paz e Integridad de la Creación de Roma, frailes y laicos que trabajan con migrantes discutieron la posibilidad de crear un «cordón» franciscano, como se le llamó al inicio.

Desde entonces, sus miembros no sólo han prestado una ayuda esencial sobre el terreno, sino que también han defendido los derechos de los migrantes participando en procesos regionales como las negociaciones de Cartagena +40 y realizando labores de incidencia internacional en las Naciones Unidas a través de FI. La red se ha implicado en una gran variedad de cuestiones, desde las políticas migratorias cada vez más hostiles en las Américas hasta las consecuencias cada vez más negativas del cambio climático.

López, responsable de comunicación de la red y miembro de su Comité de Incidencia Política, nos habló de algunas de sus principales prioridades y retos.

¿Cuáles son algunas de las tendencias migratorias actuales que observa en la región?

Hay un antes y un después muy claro con el aumento de las caravanas de migrantes que comenzó en 2017. Antes era común ver a hombres migrantes viajando solos, pero ahora, cada vez hay más migrantes en tránsito haciendo su viaje a Estados Unidos en familias o grupos grandes. Esto se debe en parte a la información compartida en grupos de redes sociales, donde los migrantes que han conseguido llegar a Estados Unidos dicen a quienes se plantean emprender el viaje que es más seguro viajar en grupos grandes. Además, hemos empezado a ver cada vez más menores acompañados por un familiar. A veces, se nota que puede que no sean familiares directos, por sus acentos diferentes.

Aunque los grupos más grandes ofrecen más protección, las mujeres siguen estando muy expuestas a la violencia sexual. También se convence a algunas mujeres para que se queden embarazadas durante el viaje, con el fin de aumentar supuestamente sus posibilidades de obtener un visado o la condición de asiladas una vez que lleguen a Estados Unidos. Las ayudamos en todo lo que podemos, proporcionando atención y apoyo psicológico a las que han sufrido violencia sexual y traumas. La red también ayuda a los migrantes en tránsito proporcionándoles comida, pañales o compresas. A menudo, no tienen dinero para estos productos, por lo que es importante estar muy atentos.

Mientras que las consecuencias económicas de la migración inducida por el clima aparecen cada vez más en los debates internacionales, las pérdidas y daños no económicos suelen pasarse por alto. ¿Ve esto en los migrantes con los que trabaja?

Creo que es una asignatura pendiente porque hay daños físicos específicos, pero también daños emocionales muy concretos que no tienen un valor cuantitativo. Sin embargo, para algunos gobiernos es mucho más práctico decir: «Les vamos a pagar esto si vuelven a su país», o “les vamos a dar derecho a asistencia sanitaria o a un seguro gratuito”, o “les vamos a dar un lugar donde vivir”. Pero rara vez se menciona la reparación de los daños no económicos. Cuando se hace, no hay seguimiento. Creo que también es importante entender las consecuencias de una crisis en alguien no sólo como un trauma individual, sino también como algo transversal para las familias y la sociedad. Aún así, no se tiene suficientemente en cuenta que la mayoría de las personas que huyen de su país han sufrido violencia física, violencia emocional, humillación e intimidación. Esto repercute en su salud, sus relaciones y sus empleos. Es necesario comprender mejor lo que ocurre después de haber pasado por este traumático acontecimiento.

Con las próximas elecciones en Estados Unidos, las políticas migratorias están en el centro del debate. ¿Qué consecuencias ve sobre el terreno?

Las políticas estadounidenses tienen repercusiones importantes para los países centroamericanos, pero se trata más de cómo se aplican esas leyes. En las fronteras, es la policía de fronteras la que gobierna. Hay un discurso distorsionado entre lo que dice el gobierno estadounidense y lo que hace la inmigración estadounidense. Sabemos que, al final, la realidad sobre el terreno es muy distinta.

Por ejemplo, cuando las caravanas de migrantes llegaron a Estados Unidos, se dijo que los países de Centroamérica darían empleo a los que volvieran. Cuando hicimos un seguimiento de eso, nos dimos cuenta de que el empleo por hora que les daban era de una o dos horas para barrer las calles. Ni siquiera ganaban el salario mínimo. No era lo que se había anunciado políticamente. Incluso cuando se consiguió, fue sólo para un pequeño número de personas.

Es parte de nuestro papel salvar esta brecha dando información precisa a los migrantes para que sepan qué esperar y no crean todo lo que oyen. Al final, creo que se trata más bien de hacer visible hasta qué punto se ejercen realmente estas leyes de inmigración.

¿Cómo es intentar cambiar las políticas internacionales?

Creo que cualquier programa que salga de una agenda política debe consultarse con las plataformas de la sociedad civil que atienden directamente a los migrantes y a las personas en movilidad. No somos funcionarios del gobierno, no somos de partidos políticos, pero vemos la realidad de lo que ocurre sobre el terreno. Somos los albergues, los comedores sociales, la gente que está en primera línea. Pero la mayoría de las veces no se nos consulta.

Si las consultas fueran más inclusivas, quizá tendrían más impacto porque podríamos dar información importante. Siempre nos preocupa que los diplomáticos hagan revisiones que sólo sean buenas sobre el papel y que no veamos resultados sobre el terreno. Aunque las intenciones detrás de estas negociaciones sean buenas, mientras no se entienda que la sociedad civil debe poder contribuir mucho más, los cambios seguirán siendo superficiales.

¿Por qué sigue siendo importante para la Red Franciscana de Migrantes participar en estos procesos internacionales?

En el Comité de Incidencia de la red, cada equipo nacional debe tener cierto conocimiento de lo que son las Naciones Unidas y de cómo trabajar con sus mecanismos. Esto es especialmente importante para la entrega puntual de las aportaciones, porque sobre el terreno ocurren muchas cosas que hay que documentar. También estamos aprendiendo como red: aunque el punto fuerte del FNM es que somos de países diferentes, puede que algunas respuestas o soluciones funcionen para Panamá, pero no para nosotros en Honduras. Venir a las Naciones Unidas en Ginebra nos permite hacer aportaciones de lo que vivimos y de las necesidades de base. Estar aquí es muy importante para nosotros para fortalecer la convergencia entre los equipos.

Más información sobre:

El trabajo del FNM: https://franciscansinternational.org/blog/international-migrants-day-preserving-the-dignity-of-people-on-the-move/

Pérdidas y daños no económicos: https://franciscansinternational.org/blog/the-unseen-costs-of-climate-change/

Se trata de una traducción automática. Rogamos disculpen los errores que puedan haberse producido. En caso de divergencia, la versión inglesa es la autorizada. 

El Consejo de Derechos Humanos se reunió para llevar a cabo su 57º periodo de sesiones entre el 9 de septiembre y el 9 de octubre de 2024. En los párrafos siguientes, y a medida que se pongan disponibles,  será posible encontrar todas nuestras declaraciones emitidas durante este periodo de sesiones. Nuestras intervenciones anteriores en defensa de los derechos humanos están disponibles aquí.


Ítem 10: Debate general – Filipinas (9 de octubre)

A pesar de sus inherentes debilidades y defectos, el recientemente concluido Programa Conjunto de la ONU para los Derechos Humanos en Filipinas ha sido publicitado como un modelo para hacer operativo el Tema 10 de la Agenda del Consejo. Sin embargo, a su conclusión, el Programa Conjunto sólo ha servido para consolidar aún más la impunidad y proteger al gobierno del escrutinio sobre cuestiones clave de derechos humanos. En una declaración conjunta, hemos demandado un examen objetivo e independiente no sólo para atender los graves problemas de derechos humanos en Filipinas, sino también para garantizar que el Consejo no repita sus errores en otros lugares.

Declaración completa (en inglés)

Panel anual sobre los derechos de los pueblos indígenas – Guatemala (25 de septiembre)

Hace diecisiete años, la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas reconoció su derecho a la autodeterminación y la obligación del Estado de impedir cualquier acto que condujera al despojo de las tierras indígenas. Sin embargo, hoy en día existen muchos obstáculos para lograr estos objetivos. Durante el Consejo de Derechos Humanos, hemos alzado la voz mencionando el caso de una mina de níquel en El Estor, Guatemala, que opera en tierras indígenas sin el consentimiento libre, previo e informado de la comunidad y ha causado daños medioambientales amplios y de largo alcance. En una declaración conjunta, hemos pedido a Guatemala que cumpla con sus obligaciones internacionales y garantice el cumplimiento de la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

Declaración completa  (en español)

Ítem 4: Debate General – Mozambique (25 de septiembre)

Más de medio millón de personas siguen desplazadas por el conflicto en el norte de Mozambique. Más de 1,5 millones se enfrentan a condiciones humanitarias terribles, con acceso limitado a alimentos, albergue, agua, saneamiento y educación, lo que les hace vulnerables a la radicalización por parte de organizaciones extremistas. Las narrativas oficiales sobre el conflicto en Cabo Delgado ignoran las disparidades socioeconómicas que alimentan el conflicto, impulsado en parte por las empresas transnacionales que explotan los recursos naturales. Hemos instado a Mozambique a que cumpla con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y derecho humanitario, incluso regulando las empresas que operan en esta situación de conflicto.

Declaración completa (en inglés)

Ítem 4: Debate general – Indonesia (25 de septiembre)

En una declaración conjunta, expresamos nuestra preocupación por el uso innecesario y severo de la fuerza contra los manifestantes que se oponían al proyecto de ley de elecciones regionales a finales de agosto y contra los periodistas que cubrían las manifestaciones. Los informes sobre detenciones en régimen de incomunicación durante las redadas policiales y las severas palizas propinadas a los manifestantes reflejan un patrón más amplio de escalada de las violaciones de los derechos humanos en Indonesia. En vista de ello, nuestra preocupación se extiende a las enmiendas legales propuestas que ampliarían indebidamente el poder policial y permitirían una participación militar injustificada en la gobernanza civil.

Declaración completa (en inglés)

Ítem 4: Debate general – Honduras (19 de septiembre) 

Aunque Honduras se comprometió en 2023 a dejar de utilizar coque de petróleo y carbón, sigue facilitando un proyecto termoeléctrico en el municipio de Tocoa, que depende del coque de petróleo. Los estudios de impacto ambiental presentados por la empresa en cuestión contienen información vaga, incompleta y deficiente, y las autoridades deberían haber cancelado el proyecto desde el principio. En vez de eso, los miembros de la comunidad que se oponen al proyecto han sido objeto de ataques que culminaron con el brutal asesinato del activista medioambiental Juan Antonio López el 14 de septiembre. En el Consejo de Derechos Humanos, hemos insistido en que Honduras debe cumplir urgentemente sus obligaciones en materia de derechos humanos para proteger a su población, y hacer que las empresas y los funcionarios públicos rindan cuentas por sus acciones y su negligencia. 

Declaración completa (en español)

Ítem 3: Diálogo interactivo con el Relator Especial sobre sustancias tóxicas y derechos humanos – Guatemala (17 de septiembre)

Las desenfrenadas actividades empresariales en Guatemala están teniendo un impacto negativo tanto en el medio ambiente como en la vida y los derechos humanos de los pueblos indígenas. La extracción de minerales ha contaminado los acuíferos con metales pesados. Las agroindustrias han contaminado el suelo y las cuencas hidrográficas con pesticidas. Esto ha provocado el deterioro del medio ambiente, la destrucción de los ecosistemas, la pérdida de biodiversidad y el aumento de los riesgos para la salud, la seguridad alimentaria, los medios de subsistencia y la cultura de los pueblos indígenas del país. Guatemala debe cumplir urgentemente sus obligaciones internacionales regulando y controlando las industrias extractivas. En la 57ª sesión del CDH hemos instado al gobierno a ratificar el Acuerdo de Escazú como un paso esencial hacia este objetivo. 

Declaración completa (en español)

Ítem 3: Diálogo interactivo sobre el Informe del Secretario General sobre los efectos de las pérdidas y daños causados por el cambio climático (13 de septiembre)

Las pérdidas y daños causados por el cambio climático van mucho más allá de la destrucción material, afectando profundamente a la dignidad humana, la identidad cultural y el bienestar emocional. Junto con el Foro Interreligioso de Ginebra sobre Cambio Climático, Medio Ambiente y Derechos Humanos (GIF) hemos destacado la posición única de las comunidades religiosas a la hora de responder a los retos que plantean las pérdidas y los daños no económicos. Hicimos un llamamiento al Consejo para que integre estos puntos de vista en las políticas como forma de reforzar los marcos internacionales de derechos humanos y garantizar que las pérdidas y daños no económicos se aborden de una forma más holística, culturalmente sensible y centrada en el ser humano.

Declaración completa (en inglés)

Ítem 2: Debate general – Guatemala (11 de septiembre)

Como ha señalado la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, en Guatemala se ha hecho un uso indebido del derecho penal para perseguir a defensores de los derechos humanos, operadores de justicia, periodistas, estudiantes y autoridades indígenas. En este contexto, el próximo proceso de selección de nuevos magistrados para la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Apelaciones es crucial. En una declaración conjunta, pedimos a la comunidad internacional que observe los procedimientos, apoye a las organizaciones de la sociedad civil que ya lo están haciendo y destaque la importancia de un proceso transparente.

Declaración completa (en español)
 Ítem 2: Debate general – Camerún (10 de septiembre)

Aunque recibimos con satisfacción la reciente visita del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, seguimos preocupados por la persistente impunidad de las graves violaciones de los derechos humanos cometidas en Camerún desde 2017. Los violentos enfrentamientos entre el ejército nacional y los grupos armados no estatales siguen teniendo un profundo impacto en la población civil. Con las elecciones presidenciales previstas para el próximo año, hemos emitido esta declaración conjunta para pedir a las autoridades que creen las condiciones necesarias para una votación pacífica y transparente, en línea con las normas internacionales. También instamos al gobierno a crear condiciones favorables para la paz y la reconciliación nacional.

Declaración completa (en francés) 

Ítem 2: Diálogo interactivo sobre el Informe de la OACDH sobre Sri Lanka (9 de septiembre)

Sri Lanka no ha logrado avances significativos en el cumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos humanos. Franciscans International expresó su preocupación por la falta de mecanismos de rendición de cuentas para las víctimas de desapariciones forzadas y otras violaciones en el pasado y en el presente, así como por la falta de avances en las investigaciones sobre los atentados del Domingo de Resurrección de 2019. En este sentido, instamos al Consejo a renovar el mandato de la OACDH y su proyecto de rendición de cuentas en Sri Lanka durante al menos dos años.

Declaración completa (en inglés)

Declaraciones escritas

Situación de los Derechos Humanos en Camerún: Procesos significativos de resolución de conflictos y rendición de cuentas

Los violentos enfrentamientos entre <separatistas armados y el ejército siguen teniendo un profundo impacto en la población civil de Camerún, con violaciones de los derechos humanos cometidas por ambos bandos. La rendición de cuentas sigue siendo una realidad lejana ya que las denuncias de las víctimas rara vez desembocan en procesos judiciales, lo que erosiona la confianza en los procesos judiciales. Antes del Consejo de Derechos Humanos, formulamos varias recomendaciones para abordar las causas profundas del conflicto y entablar procesos significativos de rendición de cuentas, entre otras cosas, aplicando la igualdad lingüística, estableciendo un marco jurídico adecuado, garantizando el acceso seguro a la ayuda humanitaria y médica, y entablando un diálogo constructivo con todas las partes.

Declaración completa (en inglés)

Thumbnail photo: UN Photo / Jean Marc Ferré


La grave situación económica y la represión política en Venezuela han provocado que más de 7 millones de personas abandonaran el país en los últimos años. Casi 3 millones de ellas cruzaron la frontera con la vecina Colombia. Aunque el gobierno ha expedido permisos temporales de protección a casi el 70% de estos migrantes, siguen enfrentándose a una serie de retos, como obstáculos para acceder a la asistencia sanitaria, discriminación y explotación en el lugar de trabajo y un mayor riesgo de violencia de género. Recientemente, Franciscans International visitó diferentes grupos franciscanos en Colombia que trabajan para apoyar a estas comunidades desplazadas. 

«Colombia ha tenido más de 50 años de conflicto armado que generaron desplazamiento forzado interno y una crisis humanitaria. La primera y segunda oleada de migrantes venezolanos se sumaron al drama del desplazamiento», dice Fabián Valderrama, quien coordina las actividades de la Red Franciscana para Migrantes (RFM) en Colombia. «La Familia Franciscana en Colombia siempre ha tenido esta vocación de servicio y dedicación para trabajar con estas comunidades». 

Los franciscanos de todo el país han estado trabajando para apoyar a los desplazados de Venezuela. Enfocando su ministerio desde una «cultura del encuentro», esto va desde proporcionar apoyo psicosocial hasta construir y reforzar redes de solidaridad y ayuda mutua. Sobre la base de estas conexiones, la RFM y FI están llevando a cabo ahora un proyecto de investigación para conocer más a fondo los retos específicos a los que se enfrentan los migrantes venezolanos en Colombia. 

«Como franciscanos, vivimos con los migrantes y compartimos su situación de vulnerabilidad, en términos de servicios públicos, dificultades para acceder a la sanidad, al transporte, etcétera», dice el Hermano Juan Rendón OFM, cuya comunidad de Hermanos Menores vive en el centro de La Honda, uno de los barrios más pobres de Medellín. «Aquí se podría decir que, junto con los migrantes y los desplazados, estamos construyendo esperanza». 

En agosto, FI se unió a los equipos de la RFM en Armenia, Cali y Medellín para participar en una serie de debates de grupos focales. Estas conversaciones, a las que seguirán entrevistas en profundidad, sentarán las bases de recomendaciones concretas a las autoridades que puedan ayudar a mejorar la situación a la que se enfrentan los migrantes en el país. Apoyando los esfuerzos locales de defensa, FI tratará de plantear las conclusiones, así como la grave situación de los derechos humanos en Venezuela que alimenta los actuales niveles de desplazamiento, a través de los mecanismos pertinentes de derechos humanos de la ONU. 

Se trata de una traducción automática. Rogamos disculpen los errores que puedan haberse producido. En caso de divergencia, la versión inglesa es la autorizada.

Entre las devastadoras consecuencias del cambio climático, la atención suele centrarse en las cosas a las que podemos poner precio, como los daños en infraestructuras y propiedades o la destrucción de cosechas por un huracán. Sin embargo, los riesgos climáticos también amenazan con causar una amplia gama de impactos intangibles en todo el planeta. Por ejemplo, en los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo, la subida del nivel del mar pone a las comunidades en riesgo de perder no sólo sus tierras y medios de subsistencia, sino también su patrimonio cultural, su identidad e incluso su lengua.

En otras palabras, hay aspectos de la vida humana que no pueden considerarse bienes materiales cuantificables económicamente. Además, cualquier intento de poner un valor monetario a la pérdida de vidas o de salud humana plantea serias cuestiones éticas. Aunque la Alianza de los Pequeños Estados Insulares ha estado al frente del planteamiento de estas cuestiones desde la década de 1990, el concepto de pérdidas y daños no económicos (PND) no surgió hasta hace relativamente poco como una cuestión política dentro de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Clima (COP18) celebrada en Doha en 2012 mencionó formalmente las NELD por primera vez y se considera un hito en el reconocimiento de la necesidad de abordar esta realidad que, de otro modo, se pasaría por alto. Desde entonces, la NELD se ha incluido en el Mecanismo Internacional de Varsovia para pérdidas y daños y en el Acuerdo de París. Sin embargo, sigue faltando consenso sobre cómo definir y evaluar las NELD. Un enfoque global para abordar y compensar estos impactos del cambio climático está aún más lejos.

Para ayudar a avanzar en el debate, Franciscans International coorganizó un evento paralelo durante la 56ª Sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU para explorar las dimensiones éticas y de derechos humanos de la NELD. Este debate, que reunió al nuevo Relator Especial de la ONU sobre el cambio climático, a expertos en derechos humanos y a representantes de las organizaciones de base, formaba parte de los esfuerzos que está realizando la sociedad civil para que esta cuestión forme parte integrante de las deliberaciones de la ONU sobre el cambio climático.

Una distinción borrosa

Uno de los hilos conductores de todo el evento fue la complejidad de la cuestión. La distinción entre pérdidas y daños no económicos y económicos a veces puede ser borrosa y una puede extenderse a la otra. Por ejemplo, el daño a un ecosistema debido al cambio climático se consideraría una pérdida no económica, mientras que la pérdida de alimentos derivada de él sería económica. Como explicó Kira Vinke, de la Unidad Climática del Consejo Alemán de Relaciones Exteriores: «Las pérdidas y daños no económicos son las causas profundas de otras pérdidas que pueden parecer más acuciantes. Sin embargo, si no somos capaces de abordar estas pérdidas y daños no económicos, no podremos resolver la crisis en cascada que emana de ellos.»

Estos retos ya están afectando a muchas de las comunidades con las que trabajamos en Franciscans International. Por ejemplo, las zonas rurales de Centroamérica se han visto afectadas por sequías prolongadas y fenómenos meteorológicos extremos. La consiguiente escasez de alimentos, combinada con otros factores económicos, sigue alimentando los desplazamientos. «Las pérdidas y daños no económicos pueden incluir varias dimensiones de la movilidad humana, a saber, el desplazamiento, la pérdida de territorio, la pérdida de patrimonio cultural o la pérdida de conocimientos locales», afirmó Ana Victoria López, que representó a la Red Franciscana para los Migrantes durante el Consejo de Derechos Humanos.

Salvando las distancias

A pesar de su relevancia y urgencia, el concepto de pérdidas y daños no económicos está aún lejos de ser plenamente operativo en las políticas para mitigar los daños causados por el cambio climático. Se supone que el Fondo para Pérdidas y Daños, creado en 2022 en consonancia con el Acuerdo de París, debe ayudar a compensar a los países en desarrollo por los impactos negativos del cambio climático. Sin embargo, ante la falta de financiación, el fondo cubre actualmente menos del uno por ciento de los costes anuales estimados. Aún no está claro si el fondo cubrirá efectivamente el NELD.

Sin embargo, como declaró durante el acto Rina Kuusipalo, representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, «la determinación del valor es ciertamente más difícil para aquellos intereses que no están sujetos a transacciones de mercado, como la pérdida de seres queridos […] pero el hecho de que sean difíciles de medir o estimar con estándares monetarios no los hace menos reales y no hay ninguna razón por la que la persona perjudicada no deba ser compensada».

La dignidad de la persona humana y la protección del medio ambiente ocupan un lugar central en el debate sobre el NELD. A través de esta lente, las pérdidas de las personas no se reducen a las económicas – se tienen en cuenta los impactos sociales y psicológicos, dibujando una imagen más amplia de lo que significa ser humano.

Próximos pasos

El evento también puso de relieve la importancia de las organizaciones religiosas a la hora de abordar el NELD, debido a sus profundos y a menudo antiguos vínculos con las comunidades afectadas. La proximidad es esencial tanto para comprender plenamente la deuda de sus pérdidas como para entender cómo la falta de financiación y de medidas de adaptación están repercutiendo en sus vidas. Elena Cedillo, representante del Foro Interreligioso de Ginebra que incluye a FI, también subrayó que estas organizaciones pueden proporcionar un sentimiento de pertenencia y de comunidad que resulta esencial en tiempos de crisis.

Una de las formas en que FI asumirá este papel es planteando el NELD en la próxima COP29 en Bakú, Azerbaiyán. Allí, así como a través de otros mecanismos de la ONU, seguiremos abogando por un enfoque de las pérdidas y daños económicos y no económicos basado en los derechos humanos, haciendo hincapié en la importancia de captar todos sus aspectos, incluidos aquellos que no son fácilmente cuantificables pero que son fundamentales para el bienestar, la resiliencia y la dignidad de las personas.

Se trata de una traducción automática. Rogamos disculpen los errores que puedan haberse producido. En caso de divergencia, la versión inglesa es la autorizada.

El Consejo de Derechos Humanos se reunió para celebrar su 56ª sesión entre el 17 de junio y el 12 de julio de 2024. Líneas abajo usted podrá encontrar todas las declaraciones pronunciadas por Franciscans International durante esta sesión cuando estén disponibles. Nuestras intervenciones pasadas de labor de  incidencia están disponibles aquí.


Ítem 6: Examen Periódico Universal – México (4 de julio)

A la conclusión de su Examen Periódico Universal, México adoptó 25 de las 28 recomendaciones concernientes a migración y asilo. Si bien como FI confiamos en que dicha adopción mejore la actual situación y resulte en la aplicación de estas recomendaciones, seguimos preocupados por el hecho de que la política de migración se base en un enfoque de militarización y criminalización. En nuestra declaración hemos instado a México a retirar a las fuerzas militares del control policial y migratorio, y también a revisar la Ley de  Migración.

Declaración completa (en español)

Ítem 3: Diálogo interactivo con el Relator Especial sobre los derechos humanos de los migrantes (26 de junio)

En años recientes, el Reino Unido (RU) ha aprobado varias leyes dirigidas a disuadir a quienes puedan tener una solicitud legítima de asilo. Dichas leyes incluyen la Ley de Migración ilegal de 2023 y la Ley de Seguridad de Ruanda de 2024, algunas de cuyas secciones violan las obligaciones del Reino Unido en materia de derechos humanos, según dictámenes de tribunales del RU. La última parece ser un ataque directo al imperio del derecho, puesto que pretende directamente desacatar un dictamen de la Corte Suprema. Franciscans International reiteró que el RU debe respetar el derecho internacional, defender los derechos humanos de los migrantes y solicitantes de asilo, y poner fin a sus políticas, prácticas y declaraciones que los satanizan y retraumatizan.

Declaración completa (en inglés)

Ítem 3: Diálogo interactivo con la Relatora Especial sobre los derechos de los desplazados internos (21 de junio)

Aunque la falta de acceso a Papúa Occidental ha dificultado la tarea de verificar la cifra exacta, que según cálculos estimativos indica la existencia de 76.919 desplazados internos (DI) debido al conflicto en curso. Franciscans International ha recibido informes sobre el saqueo de la infraestructura civil por los militares y la muerte de  desplazados internos en campamentos, como consecuencia de las deterioradas o francamente malas condiciones de vida. La falta de servicios básicos afecta en particular a las  mujeres y los niños indígenas papuanos. Mientras las autoridades afirman que el regreso de los DI a sus casas es seguro, los que regresaron afirman que viven bajo constante vigilancia e intimidación de los militares. En una declaración conjunta, hemos llamado  a las autoridades indonesias a garantizar el derecho a un regreso seguro y a salvo, a conceder el acceso irrestricto a las organizaciones humanitarias, y a permitir que observadores independientes monitoricen e informen sobre la situación de los derechos humanos.

Declaración completa (en inglés)

Comunicaciones escritas

Situación de los derechos humanos en Uganda: Necesidad de mayores esfuerzos coordinados para combatir la trata de personas

Pese a adoptar un plan de acción nacional para combatir la trata de humanos, la práctica sigue generalizada en Uganda donde tanto hombres como mujeres por igual son reclutados como mano de obra en el extranjero por agencias fraudulentas. Una vez en el extranjero, quedan en peligro de explotación sexual y económica. Una vez que las víctimas retornan a Uganda, viven carentes de servicios adecuados y de apoyo económico; el gobierno prefiere apoyarse en organizaciones de la sociedad civil para brindar este cuidado. Aun reconociendo los esfuerzos hechos para abordar este problema, como Franciscans International, hemos instado al  gobierno a que incremente el financiamiento y la capacitación para vigilar y enjuiciar a las agencias fraudulentas, y fortalecer su marco legislativo incluyendo una perspectiva de género y de edad.

Declaración completa (en inglés)

Derechos humanos en Filipinas (24 de junio)

La situación de los derechos humanos en Filipinas sigue siendo altamente  preocupante: el actual gobierno persigue a los defensores de derechos humanos con impunidad y no ha rendido cuentas por violaciones pasadas, en las que se incluyen más de 27.000 ejecuciones extrajudiciales durante la llamada ‘guerra contra las drogas’.  El programa conjunto de la ONU, destinado a fortalecer la investigación de estas violaciones, llegará a su fin en 2024 sin lograr sus metas. Siempre mirando al futuro, hemos insistido en que se haga una evaluación independiente de este programa para valorar cuánto progreso se ha logrado. También hemos reiterado nuestro llamado al gobierno de Filipinas a cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos  y a cooperar plenamente con la Corte Penal Internacional cuando investigue los posibles crímenes de lesa humanidad cometidos durante la ‘guerra contra las drogas’.

Declaración completa (en inglés)

Obligaciones del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte en materia de derechos humanos sobre migración y solicitantes de asilo (21 de junio)

Solo en los últimos tres años, en un intento abiertamente declarado de disuadir a migrantes y solicitantes de asilo de ingresar en el Reino Unido, han entrado en vigor varias leyes. Algunos tribunales han dictaminado que hay elementos en estas leyes que violan tanto las leyes internacionales como las normas nacionales. Destacando estos casos, Franciscans International instó al gobierno del RU a abandonar las políticas identificadas por sus propios tribunales como incompatibles con las leyes y normas internacionales, y a cumplir sus obligaciones en materia de derechos humanos.

Declaración completa (en inglés)

Situación de los derechos humanos en Sri Lanka: Necesidad de garantizar rendición de cuentas por el ataque perpetrado el Domingo de Pascua en 2019 (21 de junio)

Desde los ataques del Domingo de Pascua de 2019 que se cobraron las vidas de más de 260 personas, los sobrevivientes y las familias de las víctimas todavía andan en busca de la verdad. En una declaración conjunta, exigimos una investigación penal apropiada sobre la implicación de Nilantha Jayawardena, exdirector del Servicio de Inteligencia del Estado (SIS) y acusaciones que pesan sobre él de ser el directo responsable de la negligencia que llevó a los bombazos. También hemos demandado ayuda internacional para descubrir a todos los autores intelectuales y materiales tras los ataques, para garantizar una adecuada y pronta indemnización a los sobrevivientes y a las familias de las víctimas, así como poner en práctica las recomendaciones de la Comisión Presidencial de Investigación.

Declaración completa (en inglés)

Situación de los derechos humanos de los desplazados internos en Papúa Occidental, Indonesia (13 de junio)

A partir de abril de 2024, más de 76.900 personas han sido desplazadas por la violencia en curso en Papúa Occidental. Hay informes que indican que estos desplazados internos (DI) enfrentan  la falta de acceso a atención médica y educación, y que muchos experimentan acoso de los miembros de las fuerzas de seguridad. Aquellos que pueden retornar a sus hogares  continúan viviendo bajo una fuerte  presencia  de las fuerzas de seguridad y tienen acceso limitado a servicios básicos. En una declaración conjunta, Franciscans International llamó al gobierno indonesio a defender los derechos humanos de los desplazados internos, a permitir el acceso de organizaciones humanitarias e invitar a la Relatora Especial sobre desplazados internos a dirigir una visita para monitorizar la situación y hacer recomendaciones.

Declaración completa (en inglés)

Thumbnail: UN Photo / Jean Marc Ferré

Franciscans International llevó a cabo recientemente un taller de capacitación con miembros de la Familia Franciscana en Madagascar, antes del próximo Examen Periódico Universal (EPU) del país. La formación siguió a una misión de investigación realizada en mayo de 2024 por la Comisión de Justicia y Paz de la Orden Franciscana Seglar, que se reunió con las autoridades locales y las comunidades de desplazados internos en el norte de Madagascar.

Las sequías prolongadas y las hambrunas subsiguientes en el sur han alimentado una oleada de migraciones internas, lo que ha provocado un aumento de las tensiones entre los desplazados y las comunidades de acogida. Sin embargo, estos flujos migratorios también han puesto de manifiesto importantes deficiencias en la respuesta del gobierno, y la gente indica que la ausencia de infraestructuras y la incapacidad de las autoridades para hacer frente a las hambrunas fueron factores clave en su decisión de marcharse. Las comunidades antandroy del sur ya sufrían marginación y discriminación, y la crisis actual no ha hecho sino erosionar aún más la confianza en el gobierno. 

La ausencia de un marco reglamentario para hacer frente a estos flujos migratorios también está agravando aún más la situación. Si bien la migración laboral estacional desde el sur ya era habitual, la crisis actual empuja a la gente a trasladarse de forma permanente. Estas comunidades desplazadas denuncian dificultades para acceder a la educación, los alimentos y el agua, y se enfrentan a la estigmatización en sus comunidades de acogida. Mientras tanto, las comunidades desplazadas del sur recurren a ciertas prácticas culturales, como la agricultura de roza y quema, que entran en conflicto con las prácticas existentes en el norte y provocan una mayor degradación medioambiental. Los funcionarios apenas se esfuerzan por resolver estos problemas, y los observadores denuncian una corrupción endémica y una mala gestión de los fondos climáticos. 

Con el apoyo de FI, los franciscanos de Madagascar transmitirán sus conclusiones a la ONU antes del EPU de Madagascar a principios de 2025. En virtud de este mecanismo, el historial de derechos humanos de todos los Estados miembros de la ONU se examina de forma rotatoria. Al final de este proceso, se hacen recomendaciones para mejorar la situación, estableciendo puntos de referencia concretos para futuras acciones y políticas. FI aprovechará esta oportunidad para defender la adopción de un marco sólido para mejorar la situación de las comunidades desplazadas, así como la ausencia de políticas medioambientales sostenibles, y la integración del derecho a un medio ambiente sano en las nuevas políticas para abordar y mitigar las prolongadas sequías que afligen a Madagascar.

Se trata de una traducción automática. Rogamos disculpen los errores que puedan haberse producido. En caso de divergencia, la versión inglesa es la autorizada.

En mayo, Franciscans International visitó cuatro comunidades de Guatemala que sufren una grave contaminación debido a las actividades de las industrias extractivas. En los departamentos de Sacatepéquez, Santa Rosa, El Progreso y Jutiapa, la minería ha creado una amplia gama de problemas, que van desde la contaminación del agua por arsénico y otros contaminantes hasta el aumento de las tensiones dentro de las comunidades. Quienes se levantan contra los daños causados se enfrentan a la oposición de las autoridades, de empresas económicamente poderosas y de otros miembros de la comunidad que dependen de las minas para su subsistencia.

Como parte de la misión, la delegación de FI participó en un taller para «Guardianes de la Casa Común», un esfuerzo franciscano por crear una red para los interesados en el recién reconocido derecho humano a un medio ambiente sano. También aprovechamos la oportunidad para reunirnos con otras organizaciones de la sociedad civil y defensores de los derechos humanos para discutir cómo FI puede reforzar su capacidad para plantear cuestiones relacionadas con la impunidad corporativa en las Naciones Unidas y cómo sus experiencias pueden ayudar a informar las negociaciones en curso sobre un tratado vinculante sobre empresas y derechos humanos.

La cuestión de la impunidad corporativa encaja dentro de una tendencia más amplia en Guatemala, que ha visto un declive constante de su situación de derechos humanos en los últimos años. Los ataques contra los defensores de los derechos humanos y los activistas medioambientales, y su criminalización, se han convertido en rutina. La cooptación del poder judicial por intereses especiales ha debilitado las vías nacionales para la rendición de cuentas. Las comunidades indígenas se han visto desproporcionadamente afectadas por estas tendencias y se les ha negado sistemáticamente su derecho a otorgar o denegar su consentimiento libre, previo e informado al desarrollo de grandes proyectos industriales y agrícolas en sus tierras.

También aprovechamos la visita al país para reunirnos con los miembros guatemaltecos de la Red Franciscana sobre Migración (RFM). Aunque la mayoría de los migrantes sólo transitan por el país en su camino hacia el norte, muchos han cruzado recientemente la mortal Brecha de Darián, descrita por un migrante como «el infierno en la tierra». Los franciscanos que ofrecen apoyo en los refugios del RFM están documentando las traumáticas experiencias de los migrantes, incluyendo historias de abusos, explotación y extorsión. Mientras realizan su trabajo, que incluye la distribución de alimentos y medicinas a las madres y a sus hijos pequeños, los franciscanos se han enfrentado en repetidas ocasiones a las amenazas de las bandas.

FI ha planteado constantemente el deterioro de la situación de los derechos humanos en Guatemala a través de diversos mecanismos de la ONU. Aunque se eligió una nueva administración en junio de 2023, las promesas de reforma aún no se han materializado en la base y la información recopilada durante esta misión servirá para reforzar aún más nuestros esfuerzos de defensa. Mientras tanto, FI también seguirá construyendo y reforzando la capacidad de los franciscanos, sus socios de la sociedad civil y las comunidades indígenas para documentar las violaciones de los derechos humanos y abordarlas tanto a nivel nacional como internacional.

Se trata de una traducción automática. Rogamos disculpen los errores que puedan haberse producido. En caso de divergencia, la versión inglesa es la autorizada.

Las violaciones de los derechos de los pueblos indígenas tienen amplias repercusiones que van más allá de las comunidades afectadas. Este reconocimiento fue fundamental para nuestro compromiso durante el 23º periodo de sesiones del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas (FPCI), celebrado en Nueva York del 15 al 26 de abril. Las violaciones de derechos humanos cometidas por empresas transnacionales en tierras indígenas son a menudo emblemáticas de una impunidad empresarial más amplia. Como guardianes de casi el 80% de la biodiversidad que queda en el planeta, los pueblos indígenas también tienen un papel clave que desempeñar en la lucha por la justicia medioambiental. Pero, como señaló la presidenta del UNPFII durante su discurso de apertura, «como cualquier primer interviniente, necesitamos ayuda».

A lo largo de la sesión, Franciscans International escuchó para comprender mejor las continuas violaciones de los derechos humanos a las que se enfrentan las comunidades indígenas y ofreció plataformas para compartir esta información más ampliamente. Basándonos en nuestro trabajo anterior durante las negociaciones de un tratado vinculante de la ONU sobre empresas y derechos humanos en Ginebra, coorganizamos varios actos para debatir casos en curso y explorar vías para la rendición de cuentas.

«No queremos que nuestros hijos se agrupen en un mundo que es un desierto».

Representante indígena de Brasil

En estrecha colaboración con el Grupo de Trabajo sobre Minería (MGW, por sus siglas en inglés), FI participó en un desayuno de trabajo en el que representantes indígenas de las Américas pudieron exponer los daños causados en sus comunidades por las actividades empresariales. Entre ellos figuraban la contaminación generalizada y poco denunciada en Ecuador y la pérdida de medios de subsistencia a causa de la deforestación para despejar tierras para proyectos hidroeléctricos en Brasil. El MWG también organizó una «Conversación Norte-Sur» y un seminario web moderado por FI con jóvenes oradores indígenas para explorar diferentes elementos del derecho a la autodeterminación.

Por último, junto con la US Treaty Alliance, organizamos un debate para examinar los vínculos entre la defensa de base y la defensa internacional. Reuniendo un amplio abanico de experiencias, los ponentes analizaron qué acciones colectivas puede emprender la sociedad civil para que la realidad cotidiana de las comunidades de primera línea y de los pueblos indígenas se escuche mejor en la ONU.

El propio Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas también analizó el impacto de las empresas en los derechos de los pueblos indígenas, destacando que las industrias extractivas y los proyectos de energía verde a menudo conducen al despojo y la militarización de las tierras indígenas. Además, advirtió de los daños causados en algunos casos por los mercados de carbono y biodiversidad. Mientras FI continúa con su defensa de la justicia medioambiental y la responsabilidad empresarial, prestaremos atención a las voces de los pueblos indígenas y a las recomendaciones del UNPFII sobre la «transición justa» hacia una economía más ecológica.

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Franciscans International organizó recientemente un primer taller a través de su nuevo programa regional europeo antes del Examen Periódico Universal (EPU) de Italia. Los días 18 y 19 de abril, nueve hermanas y hermanos se reunieron en Asís para hacer un balance de las cuestiones de derechos humanos que ya están abordando a través de esfuerzos locales, y cómo éstos podrían beneficiarse de la promoción en las Naciones Unidas.

Durante el taller, los participantes identificaron cuatro de estas cuestiones: los derechos de los presos, el acceso a los servicios sanitarios públicos en zonas desatendidas, el cuidado de los bosques italianos y los derechos de los migrantes. Los franciscanos ya trabajan para mejorar la situación de las comunidades afectadas, y hubo un amplio acuerdo en que este trabajo por la justicia y la paz podría complementarse y ampliarse con el enfoque basado en los derechos de FI en la ONU.

En el marco del EPU, los Estados miembros de la ONU examinan los historiales de derechos humanos de los demás de forma rotatoria. Durante este proceso, pueden hacer recomendaciones para mejorar y abordar los problemas existentes. Al final de este proceso, se espera que el país examinado proporcione un marco de aplicación de los compromisos que asume, estableciendo puntos de referencia concretos para medir los avances. Como parte del EPU, la ONU también invita a las organizaciones de la sociedad civil a presentar informes, lo que brinda la oportunidad de arrojar luz sobre cuestiones de derechos humanos de las que no se informa. FI presentó anteriormente informes para los exámenes de Italia de 2009 y 2014.

Como siguiente paso, los franciscanos en Italia consolidarán la información a través de nuevos intercambios entre ellos y con FI para formar la base de un nuevo informe que se presentará en julio. El examen de Italia está previsto para enero de 2025.

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En marzo se celebró en Nueva York la mayor reunión anual de las Naciones Unidas sobre igualdad de género y empoderamiento de la mujer, con la celebración del 68º periodo de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW). Franciscans International aprovechó esta oportunidad para proseguir su labor de defensa de la extrema pobreza, entre otras cosas como consecuencia del riesgo desproporcionado de violaciones de los derechos humanos que sufren las mujeres a manos de las empresas transnacionales.

Este año, también acogimos a un grupo de nueve mujeres franciscanas, activas en un amplio número de cuestiones de derechos humanos que van desde el trabajo social y la migración hasta el mundo académico, para que asistieran a la sesión, compartieran sus puntos de vista y se inspiraran para su trabajo.

 La 68ª sesión se centró en la necesidad de acelerar el empoderamiento de las mujeres y las niñas abordando la pobreza y reforzando las instituciones y la financiación. Aunque los Estados miembros de la ONU se han comprometido a alcanzar la igualdad de género para 2030, existe un déficit de gasto anual de 360.000 millones de dólares para hacer realidad este objetivo. Esto va al corazón de un problema fundamental: cuando se deja atrás a las mujeres, se nos frena a todos.

«Seguimos diciendo a las niñas que ‘disparen a la luna porque acabarán entre las estrellas’. Pero apenas podemos llegar a la luna», afirma Gabriella Martínez, de la Red de Acción Franciscana, que formaba parte de la delegación de FI. «En la sesión oí que la paz tiene un 20% más de probabilidades de durar si las mujeres participan en los diálogos. Puede que no parezca una gran diferencia, pero cuando tenemos todas estas disputas en el mundo, sí lo es. Y oí que las mujeres dicen: ‘Tenemos las soluciones; sólo que no tenemos los recursos'».

«Amortiguadores»

Uno de los principales motivos de preocupación para FI sigue siendo el papel de las empresas a la hora de alimentar las violaciones de los derechos humanos y la degradación del medio ambiente, que a menudo afecta de manera desproporcionada a mujeres y niñas. Aunque muchas empresas defienden de boquilla la igualdad de género, las mujeres se enfrentan a violaciones sistemáticas en todo el mundo, incluida la explotación financiera y sexual.

Al margen de la sesión, FI apoyó un acto organizado por las Feministas por un Tratado Vinculante, en el que las ponentes pudieron compartir casos de Argentina, Indonesia, Kenia y los Territorios Palestinos Ocupados. El debate también exploró formas de fortalecer los vínculos entre la CSW en Nueva York y las negociaciones en curso en la ONU en Ginebra sobre un nuevo tratado que regularía las actividades de las empresas transnacionales en virtud de la legislación internacional de derechos humanos. 

«Si San Francisco viviera hoy, estaría en la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer».

Hermana Maryann A. Mueller CSSF

Haciéndose eco de algunos de los temas debatidos durante este evento y tras dos intensas semanas, el documento final de la sesión reconoce que las mujeres y las niñas que viven en la pobreza se han convertido en «amortiguadores» en tiempos de crisis. Reconociendo las deficiencias de la arquitectura financiera internacional, la Comisión también recomendó a los Estados miembros de la ONU que pongan en marcha reformas que incluyan una fiscalidad progresiva, el cumplimiento de las normas laborales básicas y nuevas estrategias hacia economías sostenibles.

Estas Conclusiones Acordadas, junto con el lenguaje procedente de otros mecanismos de derechos humanos de la ONU y los compromisos de los Estados en virtud del derecho internacional, seguirán informando y dando forma al trabajo de FI para empoderar a quienes trabajan por la igualdad de género en las bases y en la ONU.

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