Las mujeres y las niñas siguen corriendo un riesgo desproporcionado de sufrir diversas violaciones de los derechos humanos. Franciscans International planteó múltiples casos de este tipo durante el 70.º período de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW) de las Naciones Unidas, que se celebró del 9 al 19 de marzo de 2026 en Nueva York. La sesión de este año se centró en el acceso a la justicia, entre otras cosas mediante la promoción de sistemas jurídicos inclusivos y equitativos, la eliminación de leyes, políticas y prácticas discriminatorias, y la eliminación de las barreras estructurales. El primer día de la sesión se adoptaron las Conclusiones Acordadas, en las que se esbozaban las medidas que deben adoptar los Estados. Rompiendo con la tradición, estas fueron aprobadas por votación en lugar de por consenso a instancias de Estados Unidos.
FI, junto con sus socios, trabajó para poner de relieve las cuestiones relacionadas con el acceso a la justicia en casos de violaciones de los derechos humanos durante las dos semanas. Como parte del Grupo de Trabajo de ONG sobre Minería, FI ayudó a organizar el evento paralelo en línea «Generating Justice: Genocide, Ecocide, and Gender Justice» (Generar justicia: genocidio, ecocidio y justicia de género) el 16 de marzo de 2026. El evento puso de relieve los elevados riesgos de degradación ambiental y abusos contra los derechos humanos que plantea el sector extractivo, así como los impactos desproporcionados que a menudo sufren las mujeres. Las empresas, que trabajan junto a los Estados y en su nombre, suelen operar con impunidad, lo que permite que continúen los abusos.
El evento se inauguró con la intervención del secretario permanente de Medio Ambiente y Cambio Climático de Fiyi, el Dr. Sivendra Michael, quien destacó la importancia de un tratado sólido contra la contaminación por plásticos que aborde el ciclo de vida completo de los plásticos. Fiji, copatrocinador del evento, ha sido un líder en justicia ambiental y climática y ha propuesto una enmienda al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI) para la inclusión del delito de ecocidio, junto con Vanuatu y Samoa, en 2024. Otros ponentes plantearon casos en Papúa Occidental, Estados Unidos, Myanmar y Gaza para destacar la interconexión entre el extractivismo, el ecocidio y el genocidio.
El 16 de marzo, FI y la Red Franciscana para los Migrantes copatrocinaron también un segundo evento organizado por la Red Mesoamericana de Mujeres, Salud y Migración (RMMSyM) que examinó la violencia contra las mujeres en movimiento en Mesoamérica. El evento exploró estrategias para garantizar el acceso a la justicia y para abordar, erradicar y prevenir la violencia de género en el contexto de la movilidad humana en El Salvador, Guatemala, Honduras y México. El debate también puso de relieve cómo las múltiples y entrecruzadas formas de discriminación obstaculizan el acceso de las mujeres a la justicia.
Además de estos eventos formales, FI también participó en una vigilia silenciosa por Palestina junto con otros grupos.
Por último, el 17 de marzo, el Grupo de Trabajo de ONG sobre Minería realizó una intervención oral, con el apoyo de FI. La declaración destacó diversas cuestiones que hemos documentado en diferentes contextos en relación con los impactos adversos de las actividades extractivas. Tal y como se señala en la declaración, «las mujeres deben recorrer distancias más largas para acceder al agua potable, lidiar con cultivos cubiertos de polvo y arriesgarse a sufrir violencia de género. El despojo de tierras, los desalojos forzosos y el trabajo forzoso socavan la capacidad de las mujeres para mantenerse a sí mismas y a sus familias. Las defensoras del medio ambiente y de los derechos humanos que se enfrentan a la actividad minera sufren represalias, intimidación, acoso sexual e incluso violaciones y muerte».
En todo el mundo vemos cómo prevalece la impunidad, en lugar de la rendición de cuentas, una norma inaceptable.
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