En un dictamen histórico emitido el 23 de julio, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) determinó que todos los Estados tienen la obligación de garantizar la protección del clima frente a las emisiones nocivas de gases de efecto invernadero. El dictamen deja claro que estas obligaciones se derivan del derecho internacional consuetudinario y, como tales, se extienden a los Estados que no son parte en tratados pertinentes, como el Acuerdo de París de 2015.
Como parte de ello, todos los Estados tienen la obligación de utilizar «todos los medios a su alcance para impedir que las actividades realizadas dentro de su jurisdicción o bajo su control causen daños significativos». Es fundamental destacar que esto incluye la regulación de los actores privados. La CIJ también determinó que cualquier incumplimiento constituiría un hecho internacionalmente ilícito que entrañaría la responsabilidad del Estado, y señaló como posible ejemplo la concesión de subvenciones a los combustibles fósiles.
La opinión consultiva se produjo a raíz de una resolución de 2023 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la que se solicitaba a la CIJ que examinara las obligaciones de los Estados en virtud del derecho internacional para garantizar la protección del sistema climático y otras partes del medio ambiente, así como las consecuencias jurídicas cuando los Estados han causado daños significativos. Aunque un grupo central de 18 países liderado por Vanuatu propuso la resolución, su decisión de hacerlo fue consecuencia de una campaña persistente de los Estudiantes de las Islas del Pacífico en Lucha contra el Cambio Climático y la Juventud Mundial por el Clima.
«Franciscans International acoge con satisfacción la decisión de la CIJ como un hito en nuestra lucha por la justicia climática y un recordatorio de lo que puede lograr el compromiso sostenido de la sociedad civil. Nos alegra especialmente que la Corte haya tenido en cuenta el derecho a un medio ambiente saludable, que es una cuestión fundamental para los franciscanos», declaró Budi Tjahjono, director de incidencia internacional de FI. «Tras este dictamen, los Estados no tienen excusa para evitar adoptar medidas significativas».
La CIJ también se refirió al derecho a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible (R2HE) como un derecho humano, señalando que «se deriva de la interdependencia entre los derechos humanos y la protección del medio ambiente». Concluyó que «el derecho humano a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible es esencial para el disfrute de otros derechos humanos».
En las Naciones Unidas, FI denuncia constantemente la crisis climática y sus consecuencias para el disfrute del R2HE. Entre los casos recientes figuran las consecuencias de las actividades relacionadas con los combustibles fósiles en el paso de la isla Verde, en Filipinas, y en Cabo Delgado, Mozambique. En las Islas Salomón, FI apoya a los franciscanos para hacer frente a los efectos del cambio climático en las comunidades costeras. Mientras tanto, en Brasil y Guatemala, los franciscanos exigen que tanto el Estado como el sector privado rindan cuentas por las violaciones de los derechos humanos relacionadas con la extracción de minerales para la transición energética. Las conclusiones de la CIJ, en particular la de que las obligaciones del Estado se extienden a los actores privados, constituirán otra base importante para nuestra labor de defensa.
La opinión consultiva ya ha sido aclamada como un hito y será utilizada por activistas, organizaciones de la sociedad civil y otros actores para ayudar a garantizar que los Estados cumplan con sus obligaciones internacionales y que se ponga fin a la impunidad climática y la injusticia medioambiental. Como ha subrayado la Corte, el cambio climático es un «problema existencial… que pone en peligro todas las formas de vida y la propia salud de nuestro planeta»: es hora de que los Estados hagan frente al peligroso momento que estamos viviendo.
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