Franciscans International se unió a sus socios ugandeses a principios de octubre para un taller de tres días previo al examen del país por el Comité de los Derechos del Niño (CDN) de la ONU. A pesar de las protecciones legales que existen formalmente, las mujeres jóvenes y los niños siguen estando expuestos a graves violaciones de los derechos humanos, como los matrimonios precoces, la mutilación genital femenina y la trata de seres humanos. Aprovechando las ideas de los franciscanos y otros socios que trabajan directamente con los niños y jóvenes afectados, la reunión brindó la oportunidad de debatir estas cuestiones y explorar las recomendaciones que pueden hacerse durante la próxima revisión de la ONU.
Aunque la constitución ugandesa fija en dieciocho años la edad legal para contraer matrimonio y prohíbe el matrimonio forzado, las leyes consuetudinarias, las normas culturales y la presión social contribuyen a afianzar los matrimonios precoces. Estrechamente ligado a esto está la prevalencia de los embarazos adolescentes, ambos en aumento desde los encierros de Covid-19. La pobreza y un sistema educativo crónicamente infrafinanciado contribuyen además a la vulnerabilidad de las jóvenes y las niñas.
La pobreza es también un factor impulsor del abandono escolar, los trabajos forzados, la explotación sexual y la servidumbre doméstica. Las niñas corren un riesgo especial de ser víctimas de la trata para trabajos domésticos en Oriente Medio y los Estados del Golfo. A pesar de algunas mejoras para identificar a las víctimas y procesar a los autores, sigue habiendo una falta de apoyo social, psicológico y legal por parte de las autoridades para aquellos que consiguen regresar – gran parte de ello se deja en manos de la sociedad civil y las organizaciones religiosas. Todos estos factores se combinan para afectar negativamente a la capacitación socioeconómica de las niñas y aislarlas aún más de la sociedad.
Dado que Uganda ya cuenta con una amplia legislación para abordar estas cuestiones, los franciscanos destacarán la necesidad de adoptar un enfoque holístico para utilizar y hacer operativas plenamente estas protecciones. Esto debería incluir la concienciación y la mejora de la aplicación a nivel local, y abordar la falta estructural de financiación que impide la realización de los derechos de los niños en el país. Las recomendaciones se basarán en las presentaciones previas realizadas durante el Examen Periódico Universal y el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) en 2022 y el Comité de Derechos Humanos (CCPR) en 2023. Uganda será examinada por el Comité de los Derechos del Niño en septiembre de 2025.
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