En 2019, las Islas Marshall, en nombre del Climate Vulnerable Forum (CVF), pidieron al Consejo de Derechos Humanos que estableciera un mandato para un nuevo Relator Especial de la ONU sobre Derechos Humanos y Cambio Climático. Los Estados miembros del CVF y los Estados insulares del Pacífico se han hecho eco desde entonces de esta petición, solicitando que el mandato se instituya en 2021 para proteger mejor los derechos de quienes se encuentran en primera línea de los impactos climáticos. Estos llamamientos reiteran las demandas formuladas por organizaciones de la sociedad civil ya en 2010.
En otoño de 2020, la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), el Centro para el Derecho Ambiental Internacional (CIEL), Franciscans International (FI), Natural Justice, Pacific Island Students Fighting Climate Change (PISFCC), la Alianza Panafricana para la Justicia Climática (PACJA) y la Red de Acción Climática de Vanuatu (V-CAN), llevaron a cabo consultas regionales a través de Internet con más de 150 expertos de la sociedad civil y de los pueblos indígenas de más de 50 países, con el apoyo de la Oficina de Ginebra de la Friedrich-Ebert-Stiftung (FES). El objetivo era recoger opiniones sobre la idea de que el Consejo de Derechos Humanos establezca un mandato para un nuevo Relator Especial de la ONU sobre Derechos Humanos y Cambio Climático.
El informe «¿Un Relator Especial de la ONU sobre Derechos Humanos y Cambio Climático? Perspectivas regionales» canaliza estas perspectivas con el fin de informar los debates sobre la cuestión. Presenta recomendaciones clave de la sociedad civil y de los Pueblos Indígenas sobre la creación de este mandato, recogidas a través de consultas regionales en todo el mundo, que fueron coordinadas por el Centro para el Derecho Ambiental Internacional (CIEL) y Franciscans International (FI) en cooperación con la Oficina de la FES en Ginebra.