communications, Author at Franciscans International (ES)

En un dictamen histórico emitido el 23 de julio, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) determinó que todos los Estados tienen la obligación de garantizar la protección del clima frente a las emisiones nocivas de gases de efecto invernadero. El dictamen deja claro que estas obligaciones se derivan del derecho internacional consuetudinario y, como tales, se extienden a los Estados que no son parte en tratados pertinentes, como el Acuerdo de París de 2015.

Como parte de ello, todos los Estados tienen la obligación de utilizar «todos los medios a su alcance para impedir que las actividades realizadas dentro de su jurisdicción o bajo su control causen daños significativos». Es fundamental destacar que esto incluye la regulación de los actores privados. La CIJ también determinó que cualquier incumplimiento constituiría un hecho internacionalmente ilícito que entrañaría la responsabilidad del Estado, y señaló como posible ejemplo la concesión de subvenciones a los combustibles fósiles.

La opinión consultiva se produjo a raíz de una resolución de 2023 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la que se solicitaba a la CIJ que examinara las obligaciones de los Estados en virtud del derecho internacional para garantizar la protección del sistema climático y otras partes del medio ambiente, así como las consecuencias jurídicas cuando los Estados han causado daños significativos. Aunque un grupo central de 18 países liderado por Vanuatu propuso la resolución, su decisión de hacerlo fue consecuencia de una campaña persistente de los Estudiantes de las Islas del Pacífico en Lucha contra el Cambio Climático y la Juventud Mundial por el Clima.

«Franciscans International acoge con satisfacción la decisión de la CIJ como un hito en nuestra lucha por la justicia climática y un recordatorio de lo que puede lograr el compromiso sostenido de la sociedad civil. Nos alegra especialmente que la Corte haya tenido en cuenta el derecho a un medio ambiente saludable, que es una cuestión fundamental para los franciscanos», declaró Budi Tjahjono, director de incidencia internacional de FI. «Tras este dictamen, los Estados no tienen excusa para evitar adoptar medidas significativas».

La CIJ también se refirió al derecho a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible (R2HE) como un derecho humano, señalando que «se deriva de la interdependencia entre los derechos humanos y la protección del medio ambiente». Concluyó que «el derecho humano a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible es esencial para el disfrute de otros derechos humanos».

En las Naciones Unidas, FI denuncia constantemente la crisis climática y sus consecuencias para el disfrute del R2HE. Entre los casos recientes figuran las consecuencias de las actividades relacionadas con los combustibles fósiles en el paso de la isla Verde, en Filipinas, y en Cabo Delgado, Mozambique. En las Islas Salomón, FI apoya a los franciscanos para hacer frente a los efectos del cambio climático en las comunidades costeras. Mientras tanto, en Brasil y Guatemala, los franciscanos exigen que tanto el Estado como el sector privado rindan cuentas por las violaciones de los derechos humanos relacionadas con la extracción de minerales para la transición energética. Las conclusiones de la CIJ, en particular la de que las obligaciones del Estado se extienden a los actores privados, constituirán otra base importante para nuestra labor de defensa.

La opinión consultiva ya ha sido aclamada como un hito y será utilizada por activistas, organizaciones de la sociedad civil y otros actores para ayudar a garantizar que los Estados cumplan con sus obligaciones internacionales y que se ponga fin a la impunidad climática y la injusticia medioambiental. Como ha subrayado la Corte, el cambio climático es un «problema existencial… que pone en peligro todas las formas de vida y la propia salud de nuestro planeta»: es hora de que los Estados hagan frente al peligroso momento que estamos viviendo.

A pesar de ser el hogar de una sociedad civil dinámica que cuenta con más de 60 000 organizaciones, los defensores de los derechos humanos (DDH) de Filipinas que critican al Gobierno o exigen que se rindan cuentas por las graves violaciones siguen siendo objeto de acoso y agresiones. Entre julio de 2016 y marzo de 2024, 305 periodistas y DDH fueron asesinados. Con una sola condena conocida hasta la fecha, el clima de impunidad alimenta los riesgos a los que se enfrentan.

Tras su visita al país en febrero de 2024, la relatora especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la libertad de opinión y de expresión, Irene Khan, advirtió que, si bien el nuevo Gobierno del presidente Marcos ha mostrado signos positivos en la mejora de la situación de los derechos humanos en el país, estos son insuficientes para pasar página. Sus conclusiones se reflejaron en una declaración escrita presentada al Consejo de Derechos Humanos por Franciscans International, que identificó el «etiquetado rojo» como una de las prácticas más extendidas y peligrosas en Filipinas.

El etiquetado rojo —acusar a una víctima de vínculos con rebeldes comunistas o grupos terroristas— está muy extendido y, a pesar de una sentencia del Tribunal Supremo que lo considera una amenaza para el derecho a la vida, es practicado habitualmente por funcionarios del Gobierno. Una de las numerosas víctimas de esta práctica es Angelito Cortez OFM, fraile menor de Manila.

Durante la llamada «guerra contra las drogas» librada por el Gobierno anterior, el hermano Angelito asumió un papel destacado en los esfuerzos de la Iglesia por denunciar los asesinatos extrajudiciales que sacudieron el país. Junto con otras hermanas y hermanos franciscanos, proporcionó apoyo pastoral y refugio a algunas de las familias de las más de 26 000 víctimas. Durante la 59.ª sesión del Consejo de Derechos Humanos, se unió a la Sra. Khan en un acto paralelo para compartir las consecuencias de su trabajo.

«Recibí múltiples amenazas de muerte, claras, directas y coordinadas. Un mensaje advertía: «Tenemos órdenes de matarlo. Cuatro de nosotros ya estamos desplegados en Manila. Pero cuando descubrimos que es usted sacerdote, nos detuvimos. No queremos que su familia sufra ningún daño». Sabían dónde vivía. Seguían mis movimientos. Vigilaban a mi familia. Y yo les creí», dijo el hermano Angelito. «Debido a este terror, no tuve más remedio que exiliarme voluntariamente a un país desconocido».

Aunque el hermano Angelito pudo finalmente regresar a Manila, la amenaza general persiste e incluso se está ampliando. El «red-tagging» se ha trasladado a los espacios en línea, donde el doxing y el acoso pueden degenerar en violencia en los espacios fuera de línea. El resultado ha sido un efecto intimidatorio que lleva a algunos defensores de los derechos humanos a autocensurarse o a abandonar por completo su activismo. Los defensores de la tierra y del medio ambiente corren un riesgo especial, incluidos los que colaboran con los franciscanos para proteger el paso de la isla Verde de nuevas infraestructuras energéticas o los que se oponen al proyecto de recuperación de la bahía de Manila.

«El Gobierno anterior ha puesto el listón tan bajo que muchos dirían que cualquier cosa que venga después tiene que ser mejor y, por lo tanto, más aceptable», afirmó la Sra. Khan durante el evento paralelo. Pero entre la población filipina, especialmente entre los activistas que se encuentran en primera línea, se dice que no es mejor, precisamente debido a la impunidad arraigada e institucionalizada».

En su declaración, FI formuló varias recomendaciones para poner fin al etiquetado rojo. Entre ellas figuran tipificar la práctica como delito, establecer procedimientos de apelación para las organizaciones que han sido etiquetadas como rojas y abolir inmediatamente el Grupo de Trabajo Nacional para poner fin al conflicto armado comunista local, organismo que ha estado al frente de la etiquetación roja de los defensores de los derechos humanos desde su creación en 2018. FI también apoyó los llamamientos de la Sra. Khan al Gobierno para que emita un decreto ejecutivo en el que se denuncie esta práctica.

«No se equivoquen: el etiquetado rojo no es una etiqueta inofensiva. Es una sentencia de muerte. Da luz verde a

la vigilancia, el acoso, las detenciones arbitrarias y los asesinatos extrajudiciales», advirtió el hermano Angelito. «Es un ataque directo al derecho a la disidencia y al derecho a la libertad de expresión, la esencia misma de la libertad de expresión».

En toda América, la migración se enfrenta cada vez más a la criminalización en lugar de a la protección. Las fronteras militarizadas, las deportaciones masivas y las detenciones arbitrarias han sustituido a los enfoques basados en los derechos. Estas tendencias crecientes se han reforzado desde que la administración Trump asumió el poder en enero y fueron el tema central de un evento paralelo organizado por Franciscans International durante la 59.ª sesión del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra.

«La criminalización de la migración es la norma, no la excepción», afirmó Jesús Vélez Loor, ciudadano ecuatoriano que fue detenido en Panamá en 2002 y condenado a dos años de prisión por haber entrado irregularmente en el país, antes de ser deportado. Durante su detención, sufrió torturas y tratos crueles y degradantes, y no tuvo acceso a un abogado. En 2010, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictaminó que Panamá había violado los derechos de Jesús Vélez Loor y ordenó que se le indemnizara. Aunque recibió una compensación económica, siguen sin cumplirse medidas fundamentales, como la investigación de la tortura que sufrió y la aplicación de reformas estructurales.

La experiencia de Jesús no es única, sino que pone de relieve una tendencia regional más amplia en la que la migración suscita cada vez más respuestas punitivas.

«Es una de las tendencias más preocupantes observadas durante mi mandato», afirmó el relator especial de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos de los migrantes, Gehad Madi, quien intervino durante el evento. Durante su reciente visita a Panamá, Madi informó de una mayor presencia militar y de seguridad en todo el Tapón del Darién, incluyendo senderos selváticos cerrados, alambre de púas y puestos de control del ejército. «Estas políticas no detienen la migración. Solo aumentan el sufrimiento», afirmó.

Otra preocupación importante que se destacó es la creciente externalización de los procesos migratorios, en los que los países pagan a otros Estados para que acojan a los migrantes en su nombre. Un ejemplo notorio es el acuerdo entre Estados Unidos y El Salvador para deportar a los migrantes a la CECOT, una prisión de alta seguridad diseñada originalmente para miembros de pandillas.

Jessica Vosburgh, representante del Centro para los Derechos Constitucionales, describió el caso de un venezolano que, tras solicitar asilo en Estados Unidos, fue deportado a El Salvador sin poder consultar a un abogado. «Ahora está detenido sin contacto con su familia. Estamos tratando de determinar si se encuentra bajo custodia estadounidense o salvadoreña».

«Este es el ejemplo más extremo», afirma Madi sobre el acuerdo con El Salvador, «pero muestra una tendencia que se está extendiendo por toda América».

En febrero de 2025, doscientas personas de diversos países, entre ellos Rusia, Vietnam y la India, fueron detenidas arbitrariamente en Costa Rica tras ser deportadas de Estados Unidos. Reclusos en el Centro de Atención Temporal al Migrante (CATEM) de Corredores, se les confiscaron los pasaportes y se les mantuvo sin acceso a información adecuada, asistencia letrada ni interpretación. Muchos no entendían su situación jurídica ni el motivo de su detención. Tras varios recursos judiciales, un tribunal costarricense ordenó su puesta en libertad en junio de este año.

En este contexto cada vez más hostil y con una retórica contra los migrantes, muchos abandonan su viaje a Estados Unidos e intentan regresar a sus países. Sin embargo, a menudo les resulta imposible. «Hay un movimiento migratorio inverso», observó Madi. «Los migrantes ahora se desplazan hacia el sur. Pero, atrapados entre fronteras, no pueden regresar a su país de origen». Abandonados en las zonas fronterizas, a menudo se quedan sin comida, refugio, asistencia jurídica o interpretación. En ausencia de apoyo humanitario, «su situación corre el riesgo de pasar desapercibida para la comunidad internacional».

Con el fin de contribuir a una reflexión más amplia sobre los numerosos retos a los que se enfrentan los migrantes y refugiados en las Américas, FI acogió a dos representantes de la Red Franciscana para Migrantes (RFM) de Colombia para compartir información sobre la situación de los migrantes venezolanos en Colombia y los esfuerzos franciscanos para apoyarlos a través de una «cultura del encuentro».

Como parte de su labor de incidencia, la RFM – Colombia presentó una nueva publicación que, basándose en extensas entrevistas comunitarias, documenta las violaciones relacionadas con las barreras al acceso a la salud, la educación y la protección. También destaca las limitaciones del Estatuto de Protección Temporal de Colombia y pide una mayor coordinación institucional y rendición de cuentas.

El Consejo de Derechos Humanos se reúne para su 59.ª sesión entre el 16 de junio y el 9 de julio de 2025. A continuación, encontrará todas nuestras declaraciones pronunciadas durante esta sesión a medida que estén disponibles. Nuestras intervenciones de incidencia política anteriores están disponibles aquí.

Ítem 6: Examen Periódico Universal – Bosnia y Herzegovina (2 de julio)

Si bien acogió con satisfacción el apoyo a las recomendaciones relacionadas con los derechos de los migrantes y el derecho a un medio ambiente saludable, FI también instó a que se aceptaran las recomendaciones destinadas a reforzar las instituciones que tienen por objeto garantizar los derechos humanos. Recordando las conclusiones del Relator Especial sobre el derecho a la libertad de reunión y de asociación, que indicaban que la situación constitucional en el país es tensa, pedimos al Gobierno que adoptara y aplicara las recomendaciones para reforzar la oficina del Defensor del Pueblo.

• Declaración completa (inglés)

Ítem 6: Examen Periódico Universal – Madagascar (1 de julio)

La falta de medidas dirigidas a la pobreza extrema en el contexto del cambio climático contribuye a alimentar la migración interna en Madagascar. Aunque los fenómenos meteorológicos extremos provocados por el clima son cada vez más frecuentes, las autoridades locales carecen de los recursos y los conocimientos técnicos necesarios para apoyar a estas comunidades desplazadas. Durante el EPU de Madagascar, acogimos con satisfacción la puesta en marcha de una estrategia nacional para la seguridad humana que contiene un enfoque basado en los derechos humanos, incluido el derecho a un medio ambiente saludable.

• Declaración completa (francés)

Ítem 6: Examen Periódico Universal – Italia (30 de junio)

Franciscans International elogió la apertura de Italia para colaborar con la sociedad civil durante el proceso de examen y acogió con satisfacción la aceptación de las recomendaciones relacionadas con la adaptación al cambio climático, los derechos de los presos y la distribución desigual de los servicios sanitarios. En cuanto a la movilidad humana, reiteramos nuestro llamamiento a Italia para que respete el derecho internacional y garantice que los migrantes tengan acceso a rutas seguras y legales, respetando su dignidad. Conscientes del compromiso de Italia de continuar las consultas con la sociedad civil y de su intención de presentar un informe de mitad de período, expresamos nuestra esperanza de que las recomendaciones aceptadas se apliquen en un plazo razonable.

• Declaración completa (inglés)

Ítem 3: Diálogo interactivo con la Relatora Especial sobre el cambio climático (30 de junio)

Acogiendo con satisfacción el último informe de la Relatora Especial sobre la necesidad imperiosa de desfosilizar nuestras economías, nos hicimos eco de muchas de sus conclusiones clave, entre ellas que las empresas de combustibles fósiles se han beneficiado de una protección indebida en virtud de acuerdos bilaterales de inversión, contratos y acuerdos entre inversores y Estados. Esta situación debe cambiar. Deben establecerse y aplicarse mecanismos nacionales, regionales e internacionales eficaces para que las empresas rindan cuentas por las violaciones de los derechos humanos. En consecuencia, Franciscans International instó a los Estados a participar activamente en las negociaciones en curso para la elaboración de un tratado vinculante sobre las empresas y los derechos humanos.

• Declaración completa (inglés)

Ítem 3: Diálogo interactivo con el Relator Especial sobre los derechos humanos de los migrantes (20 de junio)

En una declaración conjunta, expresamos nuestra alarma por la tendencia mundial de los Estados a adoptar políticas que aumentan la deshumanización y la criminalización de los migrantes. Esto ha dado lugar a un número creciente de migrantes desaparecidos o que sufren muertes y desapariciones evitables. También se ha manifestado en procedimientos de detención y expulsión a través de acuerdos confidenciales con terceros países que no respetan las garantías procesales. Elogiamos al Relator Especial por su triple enfoque para prevenir las desapariciones y pedimos al Consejo que garantice que las políticas y los marcos migratorios se basan en el derecho internacional de los derechos humanos y dan prioridad a la protección.

• Declaración completa (en inglés)

Ítem 3: Diálogo interactivo con el Relator Especial sobre las ejecuciones sumarias, arbitrarias y extrajudiciales (18 de junio)

En Filipinas, las familias de las personas asesinadas en la denominada «guerra contra las drogas» siguen sufriendo amenazas, acoso y represalias. En su búsqueda de justicia, también han sido objeto de ataques en línea destinados a desacreditarlas e intimidarlas, una tendencia que se ha intensificado tras la detención del expresidente Rodrigo Duterte. En una declaración conjunta, pedimos a los Estados miembros de las Naciones Unidas, incluida Filipinas, que garanticen la protección y el apoyo a las familias que buscan reparación. También instamos al Gobierno a que invite al Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales a realizar una visita oficial al país.

• Declaración completa (inglés)

Declaraciones escritas

Reducción del espacio cívico en Filipinas: ataques contra defensores de los derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil

A pesar de contar con una sociedad civil dinámica que agrupa a más de 60 000 organizaciones, el entorno para quienes critican las políticas estatales y trabajan en cuestiones relacionadas con graves violaciones de los derechos humanos y la rendición de cuentas sigue siendo extremadamente difícil en Filipinas. Los ataques y el acoso contra los defensores de los derechos humanos son frecuentes y se producen con impunidad. Tras documentar muchos de estos casos con socios locales, Franciscans International presentó al Gobierno una serie de recomendaciones para reforzar el espacio cívico y proteger a quienes trabajan en defensa de los derechos humanos.

• Declaración completa (inglés)

Derechos humanos de los migrantes

Según estimaciones de la OIM, al menos 52 500 personas han muerto durante migraciones relacionadas con crisis humanitarias desde 2014. Es casi seguro que estas cifras subestiman enormemente el número real de personas desaparecidas cuyo paradero sigue desconocido: solo en 2024, la organización no gubernamental Caminando Fronteras constató que 9757 migrantes perdieron la vida al intentar cruzar entre África y las Islas Canarias. Franciscans International reafirmó la necesidad de que los Estados proporcionen a los migrantes rutas seguras y viables hacia su destino y pidió que se realicen esfuerzos multidisciplinarios para identificar e informar a las familias de los migrantes que han sido encontrados, vivos o muertos.

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Situación de los derechos humanos en Sri Lanka: rendición de cuentas, verdad y justicia en relación con los atentados del Domingo de Pascua de 2019

Seis años después de los atentados del Domingo de Pascua, sigue sin conocerse el número exacto de personas fallecidas en los atentados, con una diferencia de 56 víctimas entre las diferentes investigaciones y pesquisas realizadas por las autoridades. El impacto en sus familias ha sido profundo, ya que no tienen derecho a recibir indemnización ni apoyo. Aunque se han presentado más de 40 causas penales relacionadas con los atentados, la mayoría siguen abiertas. En particular, las causas contra altos funcionarios se han retrasado repetidamente. Antes de la 59.ª sesión del Consejo de Derechos Humanos, Franciscans International presentó varias recomendaciones para garantizar la transparencia, la rendición de cuentas y la justicia para las víctimas de los atentados.

• Declaración completa (inglés)

Foto: UN Photo / Jean Marc Ferré

Desde las profundidades del océano hasta la sangre que corre por nuestras venas, el plástico lo impregna todo. Cada año se producen más de 400 millones de toneladas de plástico, la mitad de las cuales se destinan a aplicaciones de un solo uso. En lugar de reconocer y abordar el daño que ha causado, la industria petroquímica, con sus márgenes de beneficio bajo la presión de las energías renovables, está presionando para aumentar la producción. El Día Mundial del Medio Ambiente 2025 pone de relieve el alcance de la contaminación mundial por plásticos y sus devastadores efectos en el ecosistema y la salud pública. También nos recuerda la magnitud de la triple crisis planetaria del cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación, que no es solo una emergencia medioambiental, sino también una emergencia de derechos humanos.

En un mundo en el que la población ya se enfrenta a diario a los efectos de estas crisis, en los últimos años se ha producido una clara movilización en torno a las cuestiones medioambientales en las Naciones Unidas. El reconocimiento de un medio ambiente saludable como derecho humano y el establecimiento de un Relator Especial sobre el cambio climático, decisiones que Franciscans International defendió, son solo dos ejemplos de la respuesta de los Estados miembros de las Naciones Unidas a las demandas de la base. Sin embargo, la cruda realidad es que se nos acaba rápidamente el tiempo. Ante un panorama cada vez más sombrío de catástrofes climáticas y medioambientales, necesitamos que los Estados rompan con las prácticas del pasado y actúen, y necesitamos que actúen ahora.

Un primer paso fundamental es rechazar la captura corporativa de los procesos internacionales, especialmente en los foros de las Naciones Unidas. Más de 1.700 lobistas de los combustibles fósiles participaron en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Clima de 2024 en Azerbaiyán (COP29), frente a los 1.033 delegados que representaban a los diez países más vulnerables al clima del mundo. Durante las negociaciones de este año sobre un tratado mundial sobre los plásticos, se espera que los grupos de presión de las industrias de los combustibles fósiles y químicos formen la delegación más numerosa. Las organizaciones no gubernamentales apoyadas por intereses empresariales también han estado trabajando de forma estructural para socavar los esfuerzos de la ONU por regular las empresas transnacionales en virtud del derecho internacional de los derechos humanos. En un momento en que la riqueza de una sola empresa puede eclipsar la economía de naciones enteras, los Estados tienen la responsabilidad de salvaguardar los espacios destinados a frenar sus actividades perjudiciales.

Un segundo paso es no repetir los crímenes del pasado, ni continuar con las violaciones de los derechos humanos en nuestra búsqueda y uso de los recursos. A medida que los Estados y las instituciones adoptan el lenguaje de una «transición justa», la búsqueda de los recursos necesarios a menudo reproduce los viejos patrones de explotación y colonización bajo una nueva etiqueta verde. En Brasil, por citar solo un ejemplo, nuestros socios están dando la voz de alarma sobre proyectos extractivos que se aceleran en nombre de la energía limpia, sin tener en cuenta el riesgo medioambiental y sin consultar ni obtener el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades indígenas.

La creciente demanda de cobalto, níquel y otros minerales críticos está extendiendo ahora esta amenaza a los fondos oceánicos. La minería en aguas profundas se promueve como necesaria para una «economía verde», pero las investigaciones científicas advierten cada vez más de las consecuencias perjudiciales y desconocidas que podría tener para la frágil biodiversidad marina de las profundidades y el ecosistema oceánico, incluidos aquellos que desempeñan un papel crucial en la absorción del dióxido de carbono de la atmósfera. Reconociendo estos riesgos, 33 Estados apoyan ahora una moratoria, una pausa cautelar o la prohibición de la minería en aguas profundas, en un esfuerzo que debería contar con un amplio respaldo.

Por último, no se puede ignorar la intersección entre las industrias extractivas, el daño medioambiental y los conflictos. Un claro ejemplo de ello es la labor de los franciscanos en Mozambique, donde la explotación de gas natural en la provincia de Cabo Delgado ha creado un círculo vicioso de violencia, degradación medioambiental y desplazamientos, lo que ha generado un contexto plagado de violaciones de los derechos humanos. La degradación medioambiental no solo alimenta los conflictos, sino que es también una consecuencia directa de ellos. Además de los devastadores costes humanos, un reciente estudio ha revelado que la huella de carbono del genocidio perpetrado contra los palestinos en Gaza durante más de 18 meses es mayor que las emisiones anuales de cien países.

Con motivo del 800^º aniversario del Cántico de las Criaturas, Franciscans International está intensificando sus esfuerzos en favor de la justicia medioambiental y climática en vísperas de la COP30 en Brasil. Nos acompañan personas y comunidades de todo el mundo que reclaman medidas audaces, significativas e inmediatas. El impulso para abordar la triple crisis planetaria no puede recaer únicamente en los esfuerzos de los individuos: los Estados deben ir más allá de las palabras y el lavado verde y adoptar medidas sustantivas para hacer frente al momento crítico que todos estamos viviendo. Hay que poner fin al statu quo, que permite que los intereses corporativos y personales se impongan a las personas y al planeta.

Durante casi una década, Franciscans International ha colaborado con los franciscanos de Filipinas en su búsqueda de justicia para las víctimas de la denominada «guerra contra las drogas», en la que más de 30 000 personas han sido asesinadas extrajudicialmente. Sin embargo, la labor de las hermanas y hermanos del país en materia de derechos humanos va mucho más allá de sus llamamientos a la rendición de cuentas. Los esfuerzos continuos de las autoridades por desarrollar proyectos energéticos y de infraestructura a gran escala suponen una amenaza tanto para los medios de vida de las comunidades marginadas como para el medio ambiente. En abril, FI visitó las comunidades afectadas en las islas de Luzón y Mindoro para recabar información de primera mano e identificar vías adicionales para plantear sus retos ante las Naciones Unidas.

Proteger el paso de la isla Verde

Conocido como «el Amazonas del océano», el paso de la isla Verde es un punto caliente de biodiversidad y fuente de sustento para las comunidades costeras. Sin embargo, el Gobierno tiene la intención de ampliar drásticamente la infraestructura de gas natural licuado (GNL) en sus costas. FI se reunió con pescadores de Santa Clara, un asentamiento situado entre el puerto de Batangas y una gran terminal de GNL. Aquí, los residentes han visto cómo se reducían drásticamente las capturas de pescado, al tiempo que aumentaban las enfermedades pulmonares.

«Cuando se pisotea y se explota la naturaleza, ¿quién se ve afectado? Los pobres. Son las personas humildes las que sufren cuando se da prioridad a las grandes empresas que solo se preocupan por enriquecerse», afirma el hermano José Rico OFMCap, una figura muy conocida en Santa Clara. «Han construido estas plantas para abastecer de energía a toda Batangas, pero las personas que viven junto a ellas no tienen acceso a la energía. Es un gran contraste, una contradicción».

El riesgo de seguir desarrollando la infraestructura energética en esta zona quedó patente en febrero de 2023, cuando un buque cisterna que transportaba 900 000 litros de petróleo volcó en el paso. En Mindoro, FI visitó una de las comunidades más afectadas por el vertido posterior. Más allá del daño medioambiental, la moratoria de un año sobre la pesca debido a la contaminación provocó inseguridad alimentaria para más de un millón de personas. Muchos de los propios pescadores no han recibido la compensación económica que se les prometió.

FI ya ha planteado estas cuestiones en una comunicación al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, en la que destaca los costes reales de estos proyectos que, en apariencia, tienen por objeto impulsar el crecimiento económico. Mientras tanto, los franciscanos también están explorando estrategias alternativas. Mientras FI visitaba el paso de las islas Verde, el hermano Edwin Gariguez OFM se encontraba en Ginebra para intervenir en la junta de accionistas de un gran banco, instando a los inversores a retirar la financiación de los proyectos de GNL en Filipinas.

Salvar la bahía de Manila

Muchas de estas preocupaciones se reflejan en el proyecto de recuperación de la bahía de Manila, un plan para recuperar más de 100 kilómetros cuadrados de mar con el fin de hacer frente a la congestión crónica de la capital. El impacto medioambiental de este proyecto es profundo, ya que la recuperación alteraría los ecosistemas marinos, amenazaría la seguridad alimentaria y los medios de vida debido a la reducción de las capturas de pescado, dañaría el lecho marino y las infraestructuras costeras y destruiría los manglares que protegen las costas contra la erosión y las inundaciones. Mientras tanto, las comunidades pesqueras que han vivido en las costas de la bahía de Manila durante generaciones se han mostrado reacias a trasladarse.

Junto con los Jóvenes Defensores Franciscanos, FI visitó Talabo, donde los residentes se ven sometidos a una presión cada vez mayor para que acepten las ofertas de reubicación, enfrentándose a amenazas implícitas y explícitas por parte de las autoridades y las empresas implicadas. Ya se ha desalojado por la fuerza a 700 familias para dar paso a los proyectos de recuperación, la mitad de las cuales aún no han recibido ninguna indemnización. Mientras tanto, algunas personas que decidieron voluntariamente trasladarse fueron reubicadas lejos de la costa, lo que les ha privado de sus fuentes de ingresos tradicionales.

«Nuestro Gobierno tiene la idea de que atraer la inversión extranjera y las empresas acabará con estos grandes proyectos de construcción que traen el «desarrollo». Pero la pregunta es: ¿desarrollo para quién?», dice Lia Mai Torres, directora ejecutiva del Centro para Asuntos Ambientales. «No es desarrollo para los pescadores que viven allí. No es desarrollo para las personas que perderán sus puestos de trabajo. Es un plan para que las grandes empresas obtengan beneficios, no un desarrollo genuino para las comunidades locales».

Paralelamente a estas visitas, FI aprovechó la oportunidad para reunirse con socios de la sociedad civil con los que colabora desde hace mucho tiempo, provinciales franciscanos y otros líderes religiosos, entre ellos el cardenal Pablo Virgilio David. Juntos, plantearemos estas cuestiones ante los distintos mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas a lo largo de 2025 y en adelante.

Crédito de la foto: ONU.

Franciscans International participó en la vigésima cuarta sesión del Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas (UNPFII) en Nueva York. Si bien se han logrado avances en la aplicación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, el Foro Permanente señaló que los pueblos indígenas siguen enfrentándose a importantes obstáculos e instó a los Estados miembros a adoptar medidas específicas, entre otras cosas «medidas concretas para defender sus derechos individuales y colectivos […]».

En su declaración inaugural, el secretario general António Guterres subrayó que, si bien los pueblos indígenas son «los principales guardianes de la biodiversidad y el medio ambiente del mundo», también se encuentran «en primera línea del cambio climático, la contaminación y la pérdida de biodiversidad, a pesar de no haber hecho nada para provocar estas crisis y de haberlo dado todo para intentar detenerlas». 

En el propio Foro, muchos oradores e intervenciones se centraron en la denominada «transición verde» y la demanda de minerales críticos relacionada con ella. Los oradores subrayaron el contexto de «colonialismo verde», en el que los minerales se encuentran a menudo en territorios indígenas y su extracción se lleva a cabo sin el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas.

De hecho, sus socios de todo el mundo subrayan constantemente a FI las cuestiones relacionadas con el cambio climático, la degradación medioambiental y el extractivismo. Esto se puso de manifiesto recientemente durante una misión de FI a Guatemala, donde se identificaron como preocupaciones clave los derechos sobre la tierra, la protección del medio ambiente y la defensa de los recursos naturales.

El 24 de abril, Franciscans International coorganizó un evento titulado «Situación de los derechos humanos de los pueblos indígenas en Papúa Occidental». El evento paralelo ofreció una visión general de la situación en Papúa Occidental, cómo se reconoce a los pueblos indígenas en los marcos nacionales e internacionales pertinentes, e información sobre los impactos de los proyectos extractivos y de otro tipo en los pueblos indígenas de Papúa Occidental.

FI también participó en eventos como parte de su coordinación con el Grupo de Trabajo sobre Minería, incluido un diálogo global con los pueblos indígenas para compartir experiencias y fomentar una mayor solidaridad, y un evento sobre extracción, minerales críticos y acaparamiento de tierras desde la perspectiva de los pueblos indígenas.

Al mismo tiempo, la junta directiva de Franciscans International celebró reuniones y un acto público en la ciudad de Nueva York. El acto, que tuvo lugar el 1 de mayo, se centró en los preparativos de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Clima (COP30), que se celebrará en Belém (Brasil) en noviembre de 2025. Entre los ponentes del acto figuraron: La hermana Joan Brown, que habló sobre el Cántico de las Criaturas en el contexto de la triple crisis planetaria actual; Beth Piggush, promotora de Laudato Si, que se centró en la ecología integral y el derecho a un medio ambiente saludable; y los miembros del personal de FI Marya Farah y Budi Tjahjono, que hablaron sobre el trabajo de FI sobre el impacto de las empresas en el medio ambiente y la necesidad de rendir cuentas, así como sobre la labor de incidencia previa de FI y sus planes para la COP30.

Con gran tristeza nos enteramos del fallecimiento del papa Francisco el lunes de Pascua Estamos agradecidos por la inspiración que tomó de los valores defendidos por San Francisco de Asís, evidentes a través de su nombre elegido y la selección de Laudato Si’ y Fratelli Tutti como títulos para dos de sus encíclicas. Más importante aún, estos valores definieron y animaron tanto su vida como su papado.

El papa Francisco defendió una Iglesia abierta, reconociendo que su mensaje puede inspirar a los que están más allá, al tiempo que acoge a personas que antes habían sido excluidas o marginadas. Al hacerlo, no rehuyó enfrentarse a la propia historia de la Iglesia, tendiendo la mano a los pueblos indígenas para pedir perdón por los errores del pasado y repudiando finalmente la doctrina del descubrimiento.

Fundamentalmente, reconoció que la Iglesia no puede replegarse sobre sí misma y tiene la responsabilidad de predicar con el ejemplo en los desafíos más apremiantes de nuestro tiempo, cuestiones que no solo son espirituales, sino que afectan a la vida cotidiana de miles de millones de personas.

Bajo su dirección, la Iglesia adoptó una postura activa en la lucha contra el cambio climático y la degradación del medio ambiente, y las palabras de Laudato Si’ recuerdan ahora a los responsables políticos que tienen una responsabilidad como administradores de nuestra casa común. El papa Francisco se pronunció en contra de la creciente desigualdad en un momento de riqueza histórica, denunciando esto como una afrenta a la dignidad humana e implorándonos que nos mantengamos unidos en solidaridad.

Mientras lloramos su muerte, también sabemos que el legado del papa Francisco, haciéndose eco de los ejemplos de San Francisco y Santa Clara de Asís, será una fuente de inspiración para quienes trabajan en la construcción de un mundo más justo y equitativo. Franciscans International sigue comprometida con hacer realidad este sueño.

Foto: El papa Francisco es recibido por Dionysius Mintoff OFM, cofundador de FI, durante una visita en 2022 al Pope John XIII Peace Laboratory en Malta.

Mientras la migración a través del Mediterráneo sigue marcada por el peligro y el sufrimiento humano, los franciscanos de la región están trabajando juntos para ofrecer una visión diferente: transformar el Mediterráneo de un «cementerio», como lo describió una vez el Papa Francisco, a un hogar abierto a todos.

La Red Franciscana del Mediterráneo (RFMed), fundada en 2019 para conectar iniciativas lideradas por franciscanos que apoyan a migrantes y refugiados en el sur de Europa y el norte de África, tiene como objetivo defender la dignidad de todas las personas, en particular de aquellas que se ven obligadas a huir de la violencia, la pobreza y la devastación provocada por el clima. «Es algo con lo que soñamos hace mucho tiempo», dice el hermano Fabio L’Amour, OFM, que forma parte del Comité de Coordinación de RFMed.

La idea de crear una red en torno al Mediterráneo comenzó hace varios años, pero se vio interrumpida por la pandemia. Ahora, un nuevo grupo ha reactivado el proyecto y ha decidido centrarse en tres pilares: migración, juventud y ecología, y diálogo por la paz.

En Marruecos, el hermano Fabio L’Amour trabaja directamente con los migrantes: «Tenemos un grupo de hermanas y hermanos que trabajan para garantizar un servicio diario a los migrantes que intentan cruzar la frontera en el norte del país. Todos los días, recibimos de 30 a 40 de ellos».

«Cuando llegan, a veces están heridos, hambrientos y en muy malas condiciones», explica, «les damos algo de comida, atención médica y ropa porque han viajado mucho para llegar a Marrakech».

Construir una base para la siguiente fase de la Red

Del 31 de marzo al 4 de abril de 2025, la Red Franciscana del Mediterráneo celebró su reunión anual en Rodas, Grecia, una oportunidad para hacer balance de los progresos recientes y definir las prioridades colectivas para el año siguiente.

El hermano Eunan McMullan, OFM, coordinador de FI para Europa, se unió a otros frailes y asociados laicos para una semana de diálogo y planificación estratégica. Las sesiones incluyeron talleres, oración compartida y apoyo a proyectos locales en el convento, como la distribución de alimentos.

Aunque todavía se encuentra en sus primeras etapas, la Red está ampliando constantemente su alcance en toda la región mediterránea. Cuando se le preguntó sobre el siguiente paso de la Red, el hermano L’Amour explicó: «Hemos encontrado a quienes están trabajando [en migración] y ahora vamos a planificar lo que podríamos hacer como grupo para colaborar y mejorar los servicios para quienes lo necesitan».

Durante la semana, FI también presentó ejemplos de cómo amplificó las voces de los migrantes y las comunidades de primera línea en las Naciones Unidas, para demostrar cómo la atención pastoral local y la defensa internacional pueden, y deben, ir de la mano.

Un compromiso compartido

«Creo que la visión que nosotros, la familia franciscana, tenemos de la Red no es muy diferente de la visión que Franciscans International tiene del mundo entero», dice el Hno. Fabio, «así que es natural que nos conectemos con FI».

Como Franciscans International forma ahora parte formal del comité de coordinación de la Red, esta semana en Grecia nos ofreció la oportunidad de reafirmar un propósito compartido junto con otros miembros de la RFMed: servir a las personas en movimiento a través de acciones concretas y de defensa, fomentar el diálogo y convertir el Mediterráneo de una zona de exclusión en una región de solidaridad.

«Hay un sufrimiento enorme», afirma el hermano L’Amour, «y como franciscanos, no podemos ser indiferentes a eso».

En Guatemala, los pueblos indígenas, que constituyen casi la mitad de la población, siguen enfrentándose a una discriminación racial sistémica y a profundas desigualdades. Tienen un acceso limitado a la atención sanitaria, la educación y la representación política, mientras que sus tierras ancestrales se ven amenazadas por las industrias extractivas y la agroindustria a gran escala.

Este año, Guatemala será examinada por el Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD). Reconociendo que este es un momento crítico para amplificar las voces indígenas y presionar para que el Estado rinda cuentas, Franciscans International viajó al país para dirigir un taller sobre cómo participar en el proceso del CERD.

Desarrollo de capacidades para líderes indígenas

Durante tres días consecutivos, representantes de organizaciones mayas y otros grupos de la sociedad civil se reunieron en un pequeño hotel de la ciudad de Guatemala. Compartieron sus conocimientos y experiencias, al tiempo que aprendieron cómo pueden promover su causa a través del sistema de las Naciones Unidas. «En Guatemala existe discriminación racial por ser pobre, por ser indígena y por ser mujer», comentó uno de los asistentes.

Como parte de la formación, los participantes seleccionaron áreas temáticas en las que centrarse para un informe alternativo conjunto que se presentará al CERD. Entre ellas, se identificaron como preocupaciones clave los derechos sobre la tierra, la protección del medio ambiente y la defensa de los recursos naturales.

«Debemos considerar a la Madre Tierra como un sujeto de derechos humanos», dijo un representante de CODECA, una organización indígena y campesina. «Si no defendemos a nuestra Madre Tierra, estamos destruyendo nuestra propia casa común».

El taller también dio la bienvenida a representantes de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), que aportaron valiosas ideas y mejores prácticas. El siguiente paso será finalizar el informe alternativo, que se presentará al CERD a finales de este año.

Misión de investigación en El Estor

Antes de abandonar Guatemala, nuestro equipo viajó a El Estor, una ciudad enclavada a orillas del lago Izabal, el lago más grande del país. Conocida por sus exuberantes paisajes y su suelo rico en minerales, la región ha estado en el centro de disputas territoriales durante décadas.

En el centro del conflicto se encuentra la industria minera. Durante años, las empresas transnacionales han extraído recursos de estas tierras, a menudo a expensas de las comunidades locales.

La industria ha estado vinculada a la degradación ambiental, el desplazamiento forzado y la represión violenta de la resistencia indígena.

Los derechos sobre la tierra son un área de especial preocupación para las comunidades locales. En total, se han otorgado como concesión minera y ‘loteado’ casi 385 kilómetros cuadrados alrededor de El Estor.

Nos reunimos con los habitantes del Lote 9, que por décadas han luchado para conseguir la propiedad legal de sus tierras. A pesar de haber realizado todos los pagos requeridos, nunca se les concedió el título de propiedad. Como resultado, han sufrido desplazamientos forzosos y acoso, así como también la contaminación de sus alimentos y fuentes de agua.

«Miren a los niños de aquí. ¿A dónde más pueden ir?» – preguntó un residente.

Tras años de batallas legales, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictaminó en diciembre de 2023 que Guatemala había violado los derechos de la comunidad y ordenó al gobierno que les otorgara su título de propiedad en un plazo de seis meses, pero la comunidad sigue esperando hasta el día de hoy.

Por qué es importante

La situación en Guatemala pone de manifiesto un patrón global más amplio: las comunidades indígenas que defienden sus tierras contra poderosos intereses económicos, a menudo con gran riesgo personal. Para proteger sus derechos, los defensores indígenas de la tierra se exponen a la intimidación y la criminalización, especialmente en Guatemala, donde el sistema legal ha sido cooptado por intereses especiales.

Nuestra misión en el país tenía como objetivo apoyar a estas comunidades garantizando que sus voces llegarán al escenario internacional, especialmente a través del próximo examen del CERD. Además, FI seguirá presionando para que se adopte un instrumento jurídicamente vinculante que regule a las empresas transnacionales, de modo que los derechos de los indígenas y la justicia ambiental no queden sacrificados en aras del beneficio económico.