Durante casi una década, Franciscans International ha colaborado con los franciscanos de Filipinas en su búsqueda de justicia para las víctimas de la denominada «guerra contra las drogas», en la que más de 30 000 personas han sido asesinadas extrajudicialmente. Sin embargo, la labor de las hermanas y hermanos del país en materia de derechos humanos va mucho más allá de sus llamamientos a la rendición de cuentas. Los esfuerzos continuos de las autoridades por desarrollar proyectos energéticos y de infraestructura a gran escala suponen una amenaza tanto para los medios de vida de las comunidades marginadas como para el medio ambiente. En abril, FI visitó las comunidades afectadas en las islas de Luzón y Mindoro para recabar información de primera mano e identificar vías adicionales para plantear sus retos ante las Naciones Unidas.
Proteger el paso de la isla Verde
Conocido como «el Amazonas del océano», el paso de la isla Verde es un punto caliente de biodiversidad y fuente de sustento para las comunidades costeras. Sin embargo, el Gobierno tiene la intención de ampliar drásticamente la infraestructura de gas natural licuado (GNL) en sus costas. FI se reunió con pescadores de Santa Clara, un asentamiento situado entre el puerto de Batangas y una gran terminal de GNL. Aquí, los residentes han visto cómo se reducían drásticamente las capturas de pescado, al tiempo que aumentaban las enfermedades pulmonares.
«Cuando se pisotea y se explota la naturaleza, ¿quién se ve afectado? Los pobres. Son las personas humildes las que sufren cuando se da prioridad a las grandes empresas que solo se preocupan por enriquecerse», afirma el hermano José Rico OFMCap, una figura muy conocida en Santa Clara. «Han construido estas plantas para abastecer de energía a toda Batangas, pero las personas que viven junto a ellas no tienen acceso a la energía. Es un gran contraste, una contradicción».
El riesgo de seguir desarrollando la infraestructura energética en esta zona quedó patente en febrero de 2023, cuando un buque cisterna que transportaba 900 000 litros de petróleo volcó en el paso. En Mindoro, FI visitó una de las comunidades más afectadas por el vertido posterior. Más allá del daño medioambiental, la moratoria de un año sobre la pesca debido a la contaminación provocó inseguridad alimentaria para más de un millón de personas. Muchos de los propios pescadores no han recibido la compensación económica que se les prometió.
FI ya ha planteado estas cuestiones en una comunicación al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, en la que destaca los costes reales de estos proyectos que, en apariencia, tienen por objeto impulsar el crecimiento económico. Mientras tanto, los franciscanos también están explorando estrategias alternativas. Mientras FI visitaba el paso de las islas Verde, el hermano Edwin Gariguez OFM se encontraba en Ginebra para intervenir en la junta de accionistas de un gran banco, instando a los inversores a retirar la financiación de los proyectos de GNL en Filipinas.
Salvar la bahía de Manila
Muchas de estas preocupaciones se reflejan en el proyecto de recuperación de la bahía de Manila, un plan para recuperar más de 100 kilómetros cuadrados de mar con el fin de hacer frente a la congestión crónica de la capital. El impacto medioambiental de este proyecto es profundo, ya que la recuperación alteraría los ecosistemas marinos, amenazaría la seguridad alimentaria y los medios de vida debido a la reducción de las capturas de pescado, dañaría el lecho marino y las infraestructuras costeras y destruiría los manglares que protegen las costas contra la erosión y las inundaciones. Mientras tanto, las comunidades pesqueras que han vivido en las costas de la bahía de Manila durante generaciones se han mostrado reacias a trasladarse.
Junto con los Jóvenes Defensores Franciscanos, FI visitó Talabo, donde los residentes se ven sometidos a una presión cada vez mayor para que acepten las ofertas de reubicación, enfrentándose a amenazas implícitas y explícitas por parte de las autoridades y las empresas implicadas. Ya se ha desalojado por la fuerza a 700 familias para dar paso a los proyectos de recuperación, la mitad de las cuales aún no han recibido ninguna indemnización. Mientras tanto, algunas personas que decidieron voluntariamente trasladarse fueron reubicadas lejos de la costa, lo que les ha privado de sus fuentes de ingresos tradicionales.
«Nuestro Gobierno tiene la idea de que atraer la inversión extranjera y las empresas acabará con estos grandes proyectos de construcción que traen el «desarrollo». Pero la pregunta es: ¿desarrollo para quién?», dice Lia Mai Torres, directora ejecutiva del Centro para Asuntos Ambientales. «No es desarrollo para los pescadores que viven allí. No es desarrollo para las personas que perderán sus puestos de trabajo. Es un plan para que las grandes empresas obtengan beneficios, no un desarrollo genuino para las comunidades locales».
Paralelamente a estas visitas, FI aprovechó la oportunidad para reunirse con socios de la sociedad civil con los que colabora desde hace mucho tiempo, provinciales franciscanos y otros líderes religiosos, entre ellos el cardenal Pablo Virgilio David. Juntos, plantearemos estas cuestiones ante los distintos mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas a lo largo de 2025 y en adelante.
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