communications, Author at Franciscans International (ES)

Un refugio en el camino

A lo largo de las rutas migratorias de Panamá, las familias llegan exhaustas, con los niños a cuestas, en busca de seguridad tras pasar días en la selva del Darién. En la ciudad de David, los franciscanos y otras organizaciones eclesiásticas ofrecen un momento de descanso, comida y acompañamiento a quienes no tienen a dónde acudir. Para la mayoría, este viaje no es una elección, sino un último recurso, impulsado por los conflictos, la persecución, la pobreza y los efectos cada vez más graves del cambio climático.

Antes del Examen Periódico Universal (EPU) de Panamá en noviembre de 2025, Franciscans International, junto con la Red Franciscana para Migrantes – Panamá y otras organizaciones asociadas, presentó un informe alternativo conjunto que documenta graves violaciones de los derechos humanos contra los migrantes. Estas organizaciones forman parte del Observatorio de Movilidad Humana en el Darién y otras rutas alternativas, un esfuerzo colectivo que monitorea la situación de las personas en movimiento y aboga por sus derechos. En este contexto, FI participó activamente en las sesiones previas al EPU de Panamá, promoviendo las recomendaciones incluidas en la presentación conjunta.

Peligro y denegación de justicia

El Tapón del Darién, una zona que abarca el sur de Panamá y parte de Colombia, se ha convertido en un espejo de los retos migratorios de las Américas. Entre 2020 y 2022, los cruces aumentaron casi un 4000 %, alcanzando un pico histórico de 520 085 personas que realizaron el trayecto solo en 2023.

En lugar de seguridad, los migrantes se enfrentan a más peligros: los robos, las extorsiones, los secuestros, las desapariciones y la violencia sexual son frecuentes. Médicos Sin Fronteras (MSF) informó de que ha atendido a más de 1300 víctimas de violencia sexual entre abril de 2021 y enero de 2024. Es probable que el número real de víctimas sea mucho mayor, ya que el miedo y el estigma mantienen a muchas en silencio.

Estos riesgos son aún mayores para quienes ya se encuentran en situaciones vulnerables, en particular las mujeres y las niñas, que se han visto afectadas de manera desproporcionada por la violencia sexual.

El acceso a la justicia sigue siendo difícil. Según el Defensor del Pueblo de Panamá, el 88 % de los delitos cometidos contra migrantes en el Darién no se denuncian por miedo, falta de información y desconfianza. Incluso cuando se denuncian los casos, no se garantiza la justicia. El caso de Jesús Vélez Loor, un migrante ecuatoriano torturado durante su detención en 2002, ilustra esta realidad. A pesar de una sentencia de 2010 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ordenaba a Panamá investigar y hacer justicia, el caso sigue sin resolverse.

De la protección a la criminalización

En lugar de reforzar los sistemas de protección, Panamá ha respondido con medidas punitivas. En el marco de la «Operación Flujo Controlado», los migrantes que salían del Tapón del Darién eran recluidos en Estaciones de Recepción de Migrantes (ERM), que los expertos de la ONU y los organismos regionales de derechos humanos denunciaron como centros de detención de facto con condiciones inhumanas. Aunque estos centros se cerraron a principios de 2025, no se ha establecido ningún sistema alternativo de recepción o protección.

En 2024, en un esfuerzo por frenar el paso de migrantes por el Darién, Panamá firmó un acuerdo con Estados Unidos que finalmente ayudó al Gobierno panameño a deportar a más de 1500 migrantes considerados «irregulares». En febrero de 2025, Panamá aceptó recibir a ciudadanos de terceros países expulsados de Estados Unidos, a pesar de la ausencia de una evaluación completa y justa de sus solicitudes de asilo antes de la expulsión. Entre ellos se encontraban, por ejemplo, ciudadanos de Afganistán, Irán y China, que tenían temores fundados de ser perseguidos en sus países de origen.

El flujo inverso

En los últimos meses, también ha surgido una nueva tendencia: miles de personas, a las que se les ha impedido llegar a los Estados Unidos, están regresando ahora hacia el sur. Este «flujo inverso» ha dejado a muchas personas atrapadas sin recursos, documentación ni un paso seguro.

Estas fallas sistémicas han tenido consecuencias devastadoras para las familias y los niños en tránsito. «Las familias llegan agotadas y traumatizadas, solo para ser separadas. Mientras que algunas pueden acceder a programas de retorno, otras, especialmente los niños sin documentos válidos, quedan atrapadas en condiciones peligrosas», explicó Vivian Cianca, psicóloga voluntaria de la Red Franciscana para Migrantes – Panamá.

Solo en febrero de 2025, más de 2000 personas intentaron regresar, muchas de ellas a través de peligrosas rutas marítimas. Algunas embarcaciones se volcaron, dejando a los sobrevivientes traumatizados y a las familias llorando la pérdida de sus seres queridos.

Las redes franciscanas y eclesiásticas siguen comprometidas con la prestación de asistencia. Sin embargo, como señaló Vivian: «La falta de una respuesta integral del Estado basada en los derechos humanos, incluida la atención a las personas en situación de retorno, deja a la gran mayoría en un estado de vulnerabilidad».

Por qué es importante

La crisis migratoria de Panamá refleja patrones regionales y globales: las fronteras están cada vez más militarizadas, los migrantes se enfrentan a la criminalización y las organizaciones humanitarias se encuentran con restricciones cada vez mayores. Los acuerdos bilaterales para controlar la migración, celebrados sin transparencia y sin cláusulas específicas de supervisión de los derechos humanos, corren el riesgo de socavar las normas internacionales de protección.

FI y sus socios han aprovechado su presencia en la ONU para amplificar las voces de las comunidades de base. En su presentación conjunta al EPU, instan a Panamá a:

Adoptar un enfoque de la migración basado en los derechos humanos.

Poner fin a la detención de facto y garantizar refugios dignos y abiertos.

Garantizar el acceso a la justicia, especialmente para las sobrevivientes de violencia.

Hacer que el asilo sea accesible, justo y eficiente, incluyendo permisos de trabajo para los solicitantes.

Aprovechando este impulso, FI ha facilitado múltiples plataformas para que la sociedad civil presente recomendaciones en nombre de los migrantes, los solicitantes de asilo y las personas en tránsito. Estos esfuerzos han creado oportunidades para que las organizaciones de base y los Estados entablen un diálogo constructivo, convirtiendo las realidades locales en una defensa concreta a nivel internacional.

Un Panorama en Transformación: Del Bosque a las Llamas

En Croacia, la degradación medioambiental y los retos migratorios han provocado una crisis de dignidad humana. De fosas de quema de residuos que envenenan a las comunidades hasta los migrantes atrapados entre la burocracia y la indiferencia, la vida cotidiana está marcada por la injusticia. En la encrucijada de estas luchas se encuentra un hermano franciscano que se rehúsa a ignorar lo que ocurre.

El hermano Benjamin Milkovic OFM, que es parte de la Oficina de Justicia, Paz e Integridad de la Creación (JPIC) en Croacia, llevó las preocupaciones de las comunidades afectadas por la desregulación medioambiental y de los migrantes al escenario internacional, utilizando como plataforma el Examen Periódico Universal (EPU) de las Naciones Unidas de su país. El EPU es más que un proceso diplomático; es un momento en el que las voces de quienes de otro modo no serían escuchadas pueden amplificarse en la escena mundial.

¿Puede hablarnos de usted y de los cambios que ha presenciado?

Crecí en el pequeño pueblo de Brestanovci, rodeado de bosques que parecían infinitos. Recuerdo que de niño corría libremente entre los árboles, jugando en la naturaleza, que formaba parte de lo que éramos. Pero hoy en día, la mayor parte del bosque ha desaparecido. La deforestación y la quema ilegal de residuos han devastado nuestra tierra.

He sido testigo de su avance año tras año, sintiendo la pérdida no solo en la tierra, sino también en el silencio donde antes resonaban los pájaros y jugaban los niños. Lo que más duele es saber que los niños ahora no tendrán la misma oportunidad ser moldeados por la naturaleza como yo lo tuve.

Ha hablado de los residuos ilegales. ¿Cuáles son los problemas que plantean?

No muy lejos de donde yo vivía, una pequeña comunidad se ha visto profundamente afectada por fosas de quema de residuos: zonas abiertas donde se quema la basura sin regulación. El olor es insoportable. Los niños y las familias se ven afectados, y aun así no hay multas ni regulaciones, especialmente para las grandes empresas. El gobierno permanece indiferente.

He visto cómo el descuido del medio ambiente se convierte en injusticia social. Cómo se niega a los niños su derecho a un aire limpio, a jugar con seguridad, a un futuro arraigado en la naturaleza. No se trata únicamente de Croacia, se trata de una problemática global.

¿Qué cambios ha observado en relación con la migración en Croacia?

El panorama migratorio en Croacia está cambiando de forma silenciosa, constante y profunda. Croacia es un país de tránsito. Los migrantes pasan por él, a menudo expuestos al contrabando y la trata. Cada persona es una criatura de Dios, digna de cuidado y compasión.

Todos los domingos, en la misa, veo más caras extranjeras. Aunque la liturgia se celebra en croata, siguen viniendo. No hablan el idioma, pero rezan con reverencia y esperanza. También veo cómo la colaboración en nuestra comunidad ha sido clave para responder a las crecientes necesidades que el Estado no puede abordar, o es demasiado lento para hacerlo.

¿Cómo está respondiendo su comunidad ante estos retos?

Hemos empezado a discutir la posibilidad de ofrecer misa en inglés para que todos puedan sentirse verdaderamente incluidos en la vida espiritual de nuestra comunidad. En mi iglesia, dirijo un programa para jóvenes. Espero abrirlo también a los jóvenes extranjeros, para ayudarles a construir una comunidad, cultivar valores y convertirse en personas de bien.

¿Qué le inspiró a llevar estas preocupaciones a la ONU?

Mi inspiración viene de San Francisco, su llamamiento a cuidar de nuestra casa común y tratar a todas las criaturas con dignidad y respeto.

No es algo que haga solo por defender una causa, es una forma de vivir el Evangelio que tiene dimensiones tanto sociales como medioambientales.

A pesar de los retos, ¿qué le da esperanza?

En todo esto, veo una verdad más profunda. Nuestra respuesta a la migración y a la injusticia medioambiental refleja nuestros valores. Y creo que podemos hacerlo mejor. Debemos hacerlo mejor.

Cuando veo a los migrantes rezando con esperanza a pesar de no entender el idioma, cuando veo a las comunidades organizándose para exigir aire limpio, cuando veo a los jóvenes deseosos de tender puentes entre culturas, veo que el Reino de Dios se abre paso.

¿Cómo fue tu experiencia al presentar tu ponencia ante la ONU?

Ante la comunidad internacional, junto con Franciscans International, llevé las voces de los que no son escuchados para hacer que los Estados tomen conciencia de la responsabilidad común que tenemos, nuestro derecho a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible, y de la dignidad de cada ser humano, especialmente de las personas migrantes.

Mientras se revisa el compromiso de Croacia en materia de derechos humanos en la ONU, la voz del hermano Benjamin se une al coro global de franciscanos que trabajan en la intersección de la justicia ambiental y social, demostrando que el mensaje de San Francisco sigue siendo tan urgente hoy como lo era hace 800 años.

El Consejo de Derechos Humanos se reúne para celebrar su 60.ª sesión entre el 8 de septiembre y el 8 de octubre de 2025. A continuación, encontrará todas nuestras declaraciones realizadas durante esta sesión a medida que estén disponibles. Nuestras intervenciones de defensa anteriores están disponibles aquí.

Ítem 4: Debate general – Mozambique (23 de septiembre)

El reciente recrudecimiento de los ataques insurgentes en Cabo Delgado ha provocado el desplazamiento de 40 000 personas, que se suman al más de medio millón de desplazados internos que siguen sufriendo violaciones generalizadas de los derechos humanos. La decisión de reanudar los proyectos de gas natural licuado en la región y la prioridad dada a la seguridad de las instalaciones económicas frente a la protección de la población civil han creado una situación insostenible para los civiles. En una declaración conjunta, instamos al Consejo a que supervise y proporcione información periódica sobre la situación en Mozambique. También pedimos al Gobierno que garantice la ayuda humanitaria sin obstáculos, proteja a la población civil de conformidad con el derecho internacional y regule las empresas transnacionales que operan en las zonas de conflicto.

• Declaración completa (inglés)

Ítem 3: Debate general – Sri Lanka (18 de septiembre)

Seis años después de que su hijo fuera asesinado durante el atentado del Domingo de Pascua en el hotel Shangri-La, Surach Nilanga sigue esperando que se haga justicia. En una declaración conjunta ante el Consejo de Derechos Humanos, instó al Gobierno de Sri Lanka a facilitar una investigación exhaustiva, independiente y rápida con miras a garantizar la rendición de cuentas y a cooperar con las iniciativas internacionales. Hablando en apoyo de otras víctimas, también pidió una reparación adecuada y justa para las familias tras una evaluación económica, social y psicológica exhaustiva.

• Declaración completa (inglés)

Ítem 3: Diálogo interactivo sobre el informe del Secretario General sobre una transición justa (18 de septiembre)

Franciscans International acogió con satisfacción el informe del Secretario General en el que se afirma que la transición justa es una piedra angular del derecho internacional del medio ambiente, en consonancia con la reciente opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia. Si bien valoramos el enfoque del informe en los derechos humanos, subrayamos la necesidad de una crítica sistémica más profunda y de una visión de la transformación socioecológica más allá del modelo económico actual, que fue el causante de la crisis climática.

• Declaración completa (inglés)

Ítem 3: Diálogo interactivo con el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias – Filipinas (16 de septiembre)

Más de una década después de la adopción de la Ley contra las Desapariciones Forzadas, su aplicación sigue siendo muy insuficiente. Los autores siguen protegidos y los desaparecidos siguen sin aparecer. Bajo la actual administración, se han documentado 54 desapariciones forzadas, en su mayoría dirigidas contra activistas y defensores de los derechos humanos. En una declaración conjunta, pedimos la aplicación plena y efectiva de la ley, el apoyo a las víctimas y sus familias, y el fin de la impunidad mediante la rendición de cuentas de los actores estatales.

• Declaración completa (inglés)

Ítem 2: Debate general – Indonesia (10 de septiembre)

Las recientes manifestaciones en Indonesia han sido reprimidas violentamente por las fuerzas de seguridad. La sociedad civil estima que se han producido al menos 3000 detenciones arbitrarias y ha documentado un uso inadecuado y excesivo de la fuerza, incluido el uso injustificado de gases lacrimógenos y otras armas menos letales para el control de multitudes. Esta reacción refleja una deriva autoritaria más amplia en Indonesia, simbolizada además por la propuesta de Ley de las Fuerzas Armadas de Indonesia. En una declaración conjunta, hemos pedido al Gobierno que cumpla los Principios Básicos de las Naciones Unidas sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, investigue de manera imparcial las denuncias de uso excesivo de la fuerza y exija responsabilidades a los autores.

• Declaración completa (inglés)

Ítem 2: Diálogo interactivo con el Alto Comisionado para los Derechos Humanos: Sri Lanka (8 de septiembre)

A pesar de las repetidas promesas de rendición de cuentas, los informes críticos sobre los atentados del Domingo de Pascua de 2019 siguen sin hacerse públicos, lo que suscita serias preocupaciones sobre la transparencia y la justicia. Acogiendo con satisfacción las recomendaciones de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos sobre la rendición de cuentas en Sri Lanka, instamos a las autoridades a que hagan públicos los informes de todas las comisiones que investigan los atentados y agilicen todos los casos judiciales relacionados.

• Declaración completa (inglés)

Miniatura: UN Photo / Jean-Marc Ferré

Se trata de una traducción automática. Rogamos disculpen los errores que puedan haberse producido. En caso de divergencia, la versión inglesa es la autorizada.

En octubre de 2017, una serie de ataques insurgentes en la provincia de Cabo Delgado, en el norte de Mozambique, desencadenaron un conflicto que ha desplazado a más de 600 000 personas. Los franciscanos respondieron inicialmente a la crisis creando estructuras de apoyo para las oleadas de desplazados internos, tratando de abordar la falta de alimentos, agua, vivienda, educación y la prevención de traumas entre quienes huían de la violencia.

Desde entonces, los combates entre las fuerzas mozambiqueñas, mal entrenadas, y los insurgentes se han transformado en un conflicto prolongado y de baja intensidad, sin un final inmediato a la vista. Aparte de los ataques esporádicos contra las comunidades perpetrados por los insurgentes, el creciente número de violaciones de los derechos humanos cometidas por las fuerzas gubernamentales sin rendir cuentas ha destrozado la confianza de aquellos a quienes se supone que deben proteger. El conflicto no solo se ve alimentado por la presencia de gas natural, petróleo y otros recursos naturales, sino también por un cambio en la dinámica local, en la que las comunidades no se benefician económicamente de las actividades de las transnacionales. En cambio, los trabajadores artesanales locales se han visto obligados a abandonar sus actividades habituales, lo que ha aumentado aún más las tensiones en una provincia que lleva mucho tiempo marginada política, social y económicamente.

Franciscans International viajó recientemente a Mozambique, donde visitamos el campamento de desplazados internos de Corane y nos reunimos con líderes comunitarios, representantes de la sociedad civil y otras partes interesadas. También aprovechamos la oportunidad para impartir un taller sobre derechos humanos antes de la próxima Revisión Periódica Universal (RPU) de Mozambique. El taller, que reunió a diferentes ramas de la familia franciscana, abarcó una serie de cuestiones, entre ellas la documentación y las estrategias para fortalecer las redes existentes y abordar el papel cambiante de los franciscanos en respuesta al conflicto.

Desde la última visita de FI en 2022, la reducción del espacio cívico en Mozambique ha dificultado enormemente la supervisión y la presentación de informes independientes, y se ha prohibido a los medios de comunicación visitar Cabo Delgado. La limitada presencia de las instituciones gubernamentales, incluido el poder judicial, debido al conflicto, dificulta aún más el acceso a información fiable. En medio de la disminución de la ayuda humanitaria internacional, los franciscanos y otras redes eclesiásticas se encuentran entre los pocos que pueden prestar apoyo y documentar las violaciones de los derechos humanos.

En los próximos meses, FI colaborará estrechamente con los hermanos y hermanas franciscanos de Mozambique en la preparación de una presentación para el EPU, un mecanismo de las Naciones Unidas mediante el cual se examinan de forma rotatoria los registros de derechos humanos de todos los Estados miembros. Su informe incluirá observaciones y recomendaciones clave sobre las empresas y los derechos humanos, la situación de los desplazados internos y la situación de seguridad en Cabo Delgado. FI también está preparando un nuevo informe sobre la situación, que se espera que se publique a finales de 2025.

Se trata de una traducción automática. Rogamos disculpen los errores que puedan haberse producido. En caso de divergencia, la versión inglesa es la autorizada.

En un dictamen histórico emitido el 23 de julio, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) determinó que todos los Estados tienen la obligación de garantizar la protección del clima frente a las emisiones nocivas de gases de efecto invernadero. El dictamen deja claro que estas obligaciones se derivan del derecho internacional consuetudinario y, como tales, se extienden a los Estados que no son parte en tratados pertinentes, como el Acuerdo de París de 2015.

Como parte de ello, todos los Estados tienen la obligación de utilizar «todos los medios a su alcance para impedir que las actividades realizadas dentro de su jurisdicción o bajo su control causen daños significativos». Es fundamental destacar que esto incluye la regulación de los actores privados. La CIJ también determinó que cualquier incumplimiento constituiría un hecho internacionalmente ilícito que entrañaría la responsabilidad del Estado, y señaló como posible ejemplo la concesión de subvenciones a los combustibles fósiles.

La opinión consultiva se produjo a raíz de una resolución de 2023 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la que se solicitaba a la CIJ que examinara las obligaciones de los Estados en virtud del derecho internacional para garantizar la protección del sistema climático y otras partes del medio ambiente, así como las consecuencias jurídicas cuando los Estados han causado daños significativos. Aunque un grupo central de 18 países liderado por Vanuatu propuso la resolución, su decisión de hacerlo fue consecuencia de una campaña persistente de los Estudiantes de las Islas del Pacífico en Lucha contra el Cambio Climático y la Juventud Mundial por el Clima.

«Franciscans International acoge con satisfacción la decisión de la CIJ como un hito en nuestra lucha por la justicia climática y un recordatorio de lo que puede lograr el compromiso sostenido de la sociedad civil. Nos alegra especialmente que la Corte haya tenido en cuenta el derecho a un medio ambiente saludable, que es una cuestión fundamental para los franciscanos», declaró Budi Tjahjono, director de incidencia internacional de FI. «Tras este dictamen, los Estados no tienen excusa para evitar adoptar medidas significativas».

La CIJ también se refirió al derecho a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible (R2HE) como un derecho humano, señalando que «se deriva de la interdependencia entre los derechos humanos y la protección del medio ambiente». Concluyó que «el derecho humano a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible es esencial para el disfrute de otros derechos humanos».

En las Naciones Unidas, FI denuncia constantemente la crisis climática y sus consecuencias para el disfrute del R2HE. Entre los casos recientes figuran las consecuencias de las actividades relacionadas con los combustibles fósiles en el paso de la isla Verde, en Filipinas, y en Cabo Delgado, Mozambique. En las Islas Salomón, FI apoya a los franciscanos para hacer frente a los efectos del cambio climático en las comunidades costeras. Mientras tanto, en Brasil y Guatemala, los franciscanos exigen que tanto el Estado como el sector privado rindan cuentas por las violaciones de los derechos humanos relacionadas con la extracción de minerales para la transición energética. Las conclusiones de la CIJ, en particular la de que las obligaciones del Estado se extienden a los actores privados, constituirán otra base importante para nuestra labor de defensa.

La opinión consultiva ya ha sido aclamada como un hito y será utilizada por activistas, organizaciones de la sociedad civil y otros actores para ayudar a garantizar que los Estados cumplan con sus obligaciones internacionales y que se ponga fin a la impunidad climática y la injusticia medioambiental. Como ha subrayado la Corte, el cambio climático es un «problema existencial… que pone en peligro todas las formas de vida y la propia salud de nuestro planeta»: es hora de que los Estados hagan frente al peligroso momento que estamos viviendo.

Se trata de una traducción automática. Rogamos disculpen los errores que puedan haberse producido. En caso de divergencia, la versión inglesa es la autorizada.

A pesar de ser el hogar de una sociedad civil dinámica que cuenta con más de 60 000 organizaciones, los defensores de los derechos humanos (DDH) de Filipinas que critican al Gobierno o exigen que se rindan cuentas por las graves violaciones siguen siendo objeto de acoso y agresiones. Entre julio de 2016 y marzo de 2024, 305 periodistas y DDH fueron asesinados. Con una sola condena conocida hasta la fecha, el clima de impunidad alimenta los riesgos a los que se enfrentan.

Tras su visita al país en febrero de 2024, la relatora especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la libertad de opinión y de expresión, Irene Khan, advirtió que, si bien el nuevo Gobierno del presidente Marcos ha mostrado signos positivos en la mejora de la situación de los derechos humanos en el país, estos son insuficientes para pasar página. Sus conclusiones se reflejaron en una declaración escrita presentada al Consejo de Derechos Humanos por Franciscans International, que identificó el «etiquetado rojo» como una de las prácticas más extendidas y peligrosas en Filipinas.

El etiquetado rojo —acusar a una víctima de vínculos con rebeldes comunistas o grupos terroristas— está muy extendido y, a pesar de una sentencia del Tribunal Supremo que lo considera una amenaza para el derecho a la vida, es practicado habitualmente por funcionarios del Gobierno. Una de las numerosas víctimas de esta práctica es Angelito Cortez OFM, fraile menor de Manila.

Durante la llamada «guerra contra las drogas» librada por el Gobierno anterior, el hermano Angelito asumió un papel destacado en los esfuerzos de la Iglesia por denunciar los asesinatos extrajudiciales que sacudieron el país. Junto con otras hermanas y hermanos franciscanos, proporcionó apoyo pastoral y refugio a algunas de las familias de las más de 26 000 víctimas. Durante la 59.ª sesión del Consejo de Derechos Humanos, se unió a la Sra. Khan en un acto paralelo para compartir las consecuencias de su trabajo.

«Recibí múltiples amenazas de muerte, claras, directas y coordinadas. Un mensaje advertía: «Tenemos órdenes de matarlo. Cuatro de nosotros ya estamos desplegados en Manila. Pero cuando descubrimos que es usted sacerdote, nos detuvimos. No queremos que su familia sufra ningún daño». Sabían dónde vivía. Seguían mis movimientos. Vigilaban a mi familia. Y yo les creí», dijo el hermano Angelito. «Debido a este terror, no tuve más remedio que exiliarme voluntariamente a un país desconocido».

Aunque el hermano Angelito pudo finalmente regresar a Manila, la amenaza general persiste e incluso se está ampliando. El «red-tagging» se ha trasladado a los espacios en línea, donde el doxing y el acoso pueden degenerar en violencia en los espacios fuera de línea. El resultado ha sido un efecto intimidatorio que lleva a algunos defensores de los derechos humanos a autocensurarse o a abandonar por completo su activismo. Los defensores de la tierra y del medio ambiente corren un riesgo especial, incluidos los que colaboran con los franciscanos para proteger el paso de la isla Verde de nuevas infraestructuras energéticas o los que se oponen al proyecto de recuperación de la bahía de Manila.

«El Gobierno anterior ha puesto el listón tan bajo que muchos dirían que cualquier cosa que venga después tiene que ser mejor y, por lo tanto, más aceptable», afirmó la Sra. Khan durante el evento paralelo. Pero entre la población filipina, especialmente entre los activistas que se encuentran en primera línea, se dice que no es mejor, precisamente debido a la impunidad arraigada e institucionalizada».

En su declaración, FI formuló varias recomendaciones para poner fin al etiquetado rojo. Entre ellas figuran tipificar la práctica como delito, establecer procedimientos de apelación para las organizaciones que han sido etiquetadas como rojas y abolir inmediatamente el Grupo de Trabajo Nacional para poner fin al conflicto armado comunista local, organismo que ha estado al frente de la etiquetación roja de los defensores de los derechos humanos desde su creación en 2018. FI también apoyó los llamamientos de la Sra. Khan al Gobierno para que emita un decreto ejecutivo en el que se denuncie esta práctica.

«No se equivoquen: el etiquetado rojo no es una etiqueta inofensiva. Es una sentencia de muerte. Da luz verde a

la vigilancia, el acoso, las detenciones arbitrarias y los asesinatos extrajudiciales», advirtió el hermano Angelito. «Es un ataque directo al derecho a la disidencia y al derecho a la libertad de expresión, la esencia misma de la libertad de expresión».

Se trata de una traducción automática. Rogamos disculpen los errores que puedan haberse producido. En caso de divergencia, la versión inglesa es la autorizada.

En toda América, la migración se enfrenta cada vez más a la criminalización en lugar de a la protección. Las fronteras militarizadas, las deportaciones masivas y las detenciones arbitrarias han sustituido a los enfoques basados en los derechos. Estas tendencias crecientes se han reforzado desde que la administración Trump asumió el poder en enero y fueron el tema central de un evento paralelo organizado por Franciscans International durante la 59.ª sesión del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra.

«La criminalización de la migración es la norma, no la excepción», afirmó Jesús Vélez Loor, ciudadano ecuatoriano que fue detenido en Panamá en 2002 y condenado a dos años de prisión por haber entrado irregularmente en el país, antes de ser deportado. Durante su detención, sufrió torturas y tratos crueles y degradantes, y no tuvo acceso a un abogado. En 2010, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictaminó que Panamá había violado los derechos de Jesús Vélez Loor y ordenó que se le indemnizara. Aunque recibió una compensación económica, siguen sin cumplirse medidas fundamentales, como la investigación de la tortura que sufrió y la aplicación de reformas estructurales.

La experiencia de Jesús no es única, sino que pone de relieve una tendencia regional más amplia en la que la migración suscita cada vez más respuestas punitivas.

«Es una de las tendencias más preocupantes observadas durante mi mandato», afirmó el relator especial de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos de los migrantes, Gehad Madi, quien intervino durante el evento. Durante su reciente visita a Panamá, Madi informó de una mayor presencia militar y de seguridad en todo el Tapón del Darién, incluyendo senderos selváticos cerrados, alambre de púas y puestos de control del ejército. «Estas políticas no detienen la migración. Solo aumentan el sufrimiento», afirmó.

Otra preocupación importante que se destacó es la creciente externalización de los procesos migratorios, en los que los países pagan a otros Estados para que acojan a los migrantes en su nombre. Un ejemplo notorio es el acuerdo entre Estados Unidos y El Salvador para deportar a los migrantes a la CECOT, una prisión de alta seguridad diseñada originalmente para miembros de pandillas.

Jessica Vosburgh, representante del Centro para los Derechos Constitucionales, describió el caso de un venezolano que, tras solicitar asilo en Estados Unidos, fue deportado a El Salvador sin poder consultar a un abogado. «Ahora está detenido sin contacto con su familia. Estamos tratando de determinar si se encuentra bajo custodia estadounidense o salvadoreña».

«Este es el ejemplo más extremo», afirma Madi sobre el acuerdo con El Salvador, «pero muestra una tendencia que se está extendiendo por toda América».

En febrero de 2025, doscientas personas de diversos países, entre ellos Rusia, Vietnam y la India, fueron detenidas arbitrariamente en Costa Rica tras ser deportadas de Estados Unidos. Reclusos en el Centro de Atención Temporal al Migrante (CATEM) de Corredores, se les confiscaron los pasaportes y se les mantuvo sin acceso a información adecuada, asistencia letrada ni interpretación. Muchos no entendían su situación jurídica ni el motivo de su detención. Tras varios recursos judiciales, un tribunal costarricense ordenó su puesta en libertad en junio de este año.

En este contexto cada vez más hostil y con una retórica contra los migrantes, muchos abandonan su viaje a Estados Unidos e intentan regresar a sus países. Sin embargo, a menudo les resulta imposible. «Hay un movimiento migratorio inverso», observó Madi. «Los migrantes ahora se desplazan hacia el sur. Pero, atrapados entre fronteras, no pueden regresar a su país de origen». Abandonados en las zonas fronterizas, a menudo se quedan sin comida, refugio, asistencia jurídica o interpretación. En ausencia de apoyo humanitario, «su situación corre el riesgo de pasar desapercibida para la comunidad internacional».

Con el fin de contribuir a una reflexión más amplia sobre los numerosos retos a los que se enfrentan los migrantes y refugiados en las Américas, FI acogió a dos representantes de la Red Franciscana para Migrantes (RFM) de Colombia para compartir información sobre la situación de los migrantes venezolanos en Colombia y los esfuerzos franciscanos para apoyarlos a través de una «cultura del encuentro».

Como parte de su labor de incidencia, la RFM – Colombia presentó una nueva publicación que, basándose en extensas entrevistas comunitarias, documenta las violaciones relacionadas con las barreras al acceso a la salud, la educación y la protección. También destaca las limitaciones del Estatuto de Protección Temporal de Colombia y pide una mayor coordinación institucional y rendición de cuentas.

Se trata de una traducción automática. Rogamos disculpen los errores que puedan haberse producido. En caso de divergencia, la versión inglesa es la autorizada.

El Consejo de Derechos Humanos se reúne para su 59.ª sesión entre el 16 de junio y el 9 de julio de 2025. A continuación, encontrará todas nuestras declaraciones pronunciadas durante esta sesión a medida que estén disponibles. Nuestras intervenciones de incidencia política anteriores están disponibles aquí.

Ítem 6: Examen Periódico Universal – Bosnia y Herzegovina (2 de julio)

Si bien acogió con satisfacción el apoyo a las recomendaciones relacionadas con los derechos de los migrantes y el derecho a un medio ambiente saludable, FI también instó a que se aceptaran las recomendaciones destinadas a reforzar las instituciones que tienen por objeto garantizar los derechos humanos. Recordando las conclusiones del Relator Especial sobre el derecho a la libertad de reunión y de asociación, que indicaban que la situación constitucional en el país es tensa, pedimos al Gobierno que adoptara y aplicara las recomendaciones para reforzar la oficina del Defensor del Pueblo.

• Declaración completa (inglés)

Ítem 6: Examen Periódico Universal – Madagascar (1 de julio)

La falta de medidas dirigidas a la pobreza extrema en el contexto del cambio climático contribuye a alimentar la migración interna en Madagascar. Aunque los fenómenos meteorológicos extremos provocados por el clima son cada vez más frecuentes, las autoridades locales carecen de los recursos y los conocimientos técnicos necesarios para apoyar a estas comunidades desplazadas. Durante el EPU de Madagascar, acogimos con satisfacción la puesta en marcha de una estrategia nacional para la seguridad humana que contiene un enfoque basado en los derechos humanos, incluido el derecho a un medio ambiente saludable.

• Declaración completa (francés)

Ítem 6: Examen Periódico Universal – Italia (30 de junio)

Franciscans International elogió la apertura de Italia para colaborar con la sociedad civil durante el proceso de examen y acogió con satisfacción la aceptación de las recomendaciones relacionadas con la adaptación al cambio climático, los derechos de los presos y la distribución desigual de los servicios sanitarios. En cuanto a la movilidad humana, reiteramos nuestro llamamiento a Italia para que respete el derecho internacional y garantice que los migrantes tengan acceso a rutas seguras y legales, respetando su dignidad. Conscientes del compromiso de Italia de continuar las consultas con la sociedad civil y de su intención de presentar un informe de mitad de período, expresamos nuestra esperanza de que las recomendaciones aceptadas se apliquen en un plazo razonable.

• Declaración completa (inglés)

Ítem 3: Diálogo interactivo con la Relatora Especial sobre el cambio climático (30 de junio)

Acogiendo con satisfacción el último informe de la Relatora Especial sobre la necesidad imperiosa de desfosilizar nuestras economías, nos hicimos eco de muchas de sus conclusiones clave, entre ellas que las empresas de combustibles fósiles se han beneficiado de una protección indebida en virtud de acuerdos bilaterales de inversión, contratos y acuerdos entre inversores y Estados. Esta situación debe cambiar. Deben establecerse y aplicarse mecanismos nacionales, regionales e internacionales eficaces para que las empresas rindan cuentas por las violaciones de los derechos humanos. En consecuencia, Franciscans International instó a los Estados a participar activamente en las negociaciones en curso para la elaboración de un tratado vinculante sobre las empresas y los derechos humanos.

• Declaración completa (inglés)

Ítem 3: Diálogo interactivo con el Relator Especial sobre los derechos humanos de los migrantes (20 de junio)

En una declaración conjunta, expresamos nuestra alarma por la tendencia mundial de los Estados a adoptar políticas que aumentan la deshumanización y la criminalización de los migrantes. Esto ha dado lugar a un número creciente de migrantes desaparecidos o que sufren muertes y desapariciones evitables. También se ha manifestado en procedimientos de detención y expulsión a través de acuerdos confidenciales con terceros países que no respetan las garantías procesales. Elogiamos al Relator Especial por su triple enfoque para prevenir las desapariciones y pedimos al Consejo que garantice que las políticas y los marcos migratorios se basan en el derecho internacional de los derechos humanos y dan prioridad a la protección.

• Declaración completa (en inglés)

Ítem 3: Diálogo interactivo con el Relator Especial sobre las ejecuciones sumarias, arbitrarias y extrajudiciales (18 de junio)

En Filipinas, las familias de las personas asesinadas en la denominada «guerra contra las drogas» siguen sufriendo amenazas, acoso y represalias. En su búsqueda de justicia, también han sido objeto de ataques en línea destinados a desacreditarlas e intimidarlas, una tendencia que se ha intensificado tras la detención del expresidente Rodrigo Duterte. En una declaración conjunta, pedimos a los Estados miembros de las Naciones Unidas, incluida Filipinas, que garanticen la protección y el apoyo a las familias que buscan reparación. También instamos al Gobierno a que invite al Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales a realizar una visita oficial al país.

• Declaración completa (inglés)

Declaraciones escritas

Reducción del espacio cívico en Filipinas: ataques contra defensores de los derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil

A pesar de contar con una sociedad civil dinámica que agrupa a más de 60 000 organizaciones, el entorno para quienes critican las políticas estatales y trabajan en cuestiones relacionadas con graves violaciones de los derechos humanos y la rendición de cuentas sigue siendo extremadamente difícil en Filipinas. Los ataques y el acoso contra los defensores de los derechos humanos son frecuentes y se producen con impunidad. Tras documentar muchos de estos casos con socios locales, Franciscans International presentó al Gobierno una serie de recomendaciones para reforzar el espacio cívico y proteger a quienes trabajan en defensa de los derechos humanos.

• Declaración completa (inglés)

Derechos humanos de los migrantes

Según estimaciones de la OIM, al menos 52 500 personas han muerto durante migraciones relacionadas con crisis humanitarias desde 2014. Es casi seguro que estas cifras subestiman enormemente el número real de personas desaparecidas cuyo paradero sigue desconocido: solo en 2024, la organización no gubernamental Caminando Fronteras constató que 9757 migrantes perdieron la vida al intentar cruzar entre África y las Islas Canarias. Franciscans International reafirmó la necesidad de que los Estados proporcionen a los migrantes rutas seguras y viables hacia su destino y pidió que se realicen esfuerzos multidisciplinarios para identificar e informar a las familias de los migrantes que han sido encontrados, vivos o muertos.

• Declaración completa (inglés)

Situación de los derechos humanos en Sri Lanka: rendición de cuentas, verdad y justicia en relación con los atentados del Domingo de Pascua de 2019

Seis años después de los atentados del Domingo de Pascua, sigue sin conocerse el número exacto de personas fallecidas en los atentados, con una diferencia de 56 víctimas entre las diferentes investigaciones y pesquisas realizadas por las autoridades. El impacto en sus familias ha sido profundo, ya que no tienen derecho a recibir indemnización ni apoyo. Aunque se han presentado más de 40 causas penales relacionadas con los atentados, la mayoría siguen abiertas. En particular, las causas contra altos funcionarios se han retrasado repetidamente. Antes de la 59.ª sesión del Consejo de Derechos Humanos, Franciscans International presentó varias recomendaciones para garantizar la transparencia, la rendición de cuentas y la justicia para las víctimas de los atentados.

• Declaración completa (inglés)

Foto: UN Photo / Jean Marc Ferré

Se trata de una traducción automática. Rogamos disculpen los errores que puedan haberse producido. En caso de divergencia, la versión inglesa es la autorizada.

Desde las profundidades del océano hasta la sangre que corre por nuestras venas, el plástico lo impregna todo. Cada año se producen más de 400 millones de toneladas de plástico, la mitad de las cuales se destinan a aplicaciones de un solo uso. En lugar de reconocer y abordar el daño que ha causado, la industria petroquímica, con sus márgenes de beneficio bajo la presión de las energías renovables, está presionando para aumentar la producción. El Día Mundial del Medio Ambiente 2025 pone de relieve el alcance de la contaminación mundial por plásticos y sus devastadores efectos en el ecosistema y la salud pública. También nos recuerda la magnitud de la triple crisis planetaria del cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación, que no es solo una emergencia medioambiental, sino también una emergencia de derechos humanos.

En un mundo en el que la población ya se enfrenta a diario a los efectos de estas crisis, en los últimos años se ha producido una clara movilización en torno a las cuestiones medioambientales en las Naciones Unidas. El reconocimiento de un medio ambiente saludable como derecho humano y el establecimiento de un Relator Especial sobre el cambio climático, decisiones que Franciscans International defendió, son solo dos ejemplos de la respuesta de los Estados miembros de las Naciones Unidas a las demandas de la base. Sin embargo, la cruda realidad es que se nos acaba rápidamente el tiempo. Ante un panorama cada vez más sombrío de catástrofes climáticas y medioambientales, necesitamos que los Estados rompan con las prácticas del pasado y actúen, y necesitamos que actúen ahora.

Un primer paso fundamental es rechazar la captura corporativa de los procesos internacionales, especialmente en los foros de las Naciones Unidas. Más de 1.700 lobistas de los combustibles fósiles participaron en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Clima de 2024 en Azerbaiyán (COP29), frente a los 1.033 delegados que representaban a los diez países más vulnerables al clima del mundo. Durante las negociaciones de este año sobre un tratado mundial sobre los plásticos, se espera que los grupos de presión de las industrias de los combustibles fósiles y químicos formen la delegación más numerosa. Las organizaciones no gubernamentales apoyadas por intereses empresariales también han estado trabajando de forma estructural para socavar los esfuerzos de la ONU por regular las empresas transnacionales en virtud del derecho internacional de los derechos humanos. En un momento en que la riqueza de una sola empresa puede eclipsar la economía de naciones enteras, los Estados tienen la responsabilidad de salvaguardar los espacios destinados a frenar sus actividades perjudiciales.

Un segundo paso es no repetir los crímenes del pasado, ni continuar con las violaciones de los derechos humanos en nuestra búsqueda y uso de los recursos. A medida que los Estados y las instituciones adoptan el lenguaje de una «transición justa», la búsqueda de los recursos necesarios a menudo reproduce los viejos patrones de explotación y colonización bajo una nueva etiqueta verde. En Brasil, por citar solo un ejemplo, nuestros socios están dando la voz de alarma sobre proyectos extractivos que se aceleran en nombre de la energía limpia, sin tener en cuenta el riesgo medioambiental y sin consultar ni obtener el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades indígenas.

La creciente demanda de cobalto, níquel y otros minerales críticos está extendiendo ahora esta amenaza a los fondos oceánicos. La minería en aguas profundas se promueve como necesaria para una «economía verde», pero las investigaciones científicas advierten cada vez más de las consecuencias perjudiciales y desconocidas que podría tener para la frágil biodiversidad marina de las profundidades y el ecosistema oceánico, incluidos aquellos que desempeñan un papel crucial en la absorción del dióxido de carbono de la atmósfera. Reconociendo estos riesgos, 33 Estados apoyan ahora una moratoria, una pausa cautelar o la prohibición de la minería en aguas profundas, en un esfuerzo que debería contar con un amplio respaldo.

Por último, no se puede ignorar la intersección entre las industrias extractivas, el daño medioambiental y los conflictos. Un claro ejemplo de ello es la labor de los franciscanos en Mozambique, donde la explotación de gas natural en la provincia de Cabo Delgado ha creado un círculo vicioso de violencia, degradación medioambiental y desplazamientos, lo que ha generado un contexto plagado de violaciones de los derechos humanos. La degradación medioambiental no solo alimenta los conflictos, sino que es también una consecuencia directa de ellos. Además de los devastadores costes humanos, un reciente estudio ha revelado que la huella de carbono del genocidio perpetrado contra los palestinos en Gaza durante más de 18 meses es mayor que las emisiones anuales de cien países.

Con motivo del 800^º aniversario del Cántico de las Criaturas, Franciscans International está intensificando sus esfuerzos en favor de la justicia medioambiental y climática en vísperas de la COP30 en Brasil. Nos acompañan personas y comunidades de todo el mundo que reclaman medidas audaces, significativas e inmediatas. El impulso para abordar la triple crisis planetaria no puede recaer únicamente en los esfuerzos de los individuos: los Estados deben ir más allá de las palabras y el lavado verde y adoptar medidas sustantivas para hacer frente al momento crítico que todos estamos viviendo. Hay que poner fin al statu quo, que permite que los intereses corporativos y personales se impongan a las personas y al planeta.

Se trata de una traducción automática. Rogamos disculpen los errores que puedan haberse producido. En caso de divergencia, la versión inglesa es la autorizada.

Durante casi una década, Franciscans International ha colaborado con los franciscanos de Filipinas en su búsqueda de justicia para las víctimas de la denominada «guerra contra las drogas», en la que más de 30 000 personas han sido asesinadas extrajudicialmente. Sin embargo, la labor de las hermanas y hermanos del país en materia de derechos humanos va mucho más allá de sus llamamientos a la rendición de cuentas. Los esfuerzos continuos de las autoridades por desarrollar proyectos energéticos y de infraestructura a gran escala suponen una amenaza tanto para los medios de vida de las comunidades marginadas como para el medio ambiente. En abril, FI visitó las comunidades afectadas en las islas de Luzón y Mindoro para recabar información de primera mano e identificar vías adicionales para plantear sus retos ante las Naciones Unidas.

Proteger el paso de la isla Verde

Conocido como «el Amazonas del océano», el paso de la isla Verde es un punto caliente de biodiversidad y fuente de sustento para las comunidades costeras. Sin embargo, el Gobierno tiene la intención de ampliar drásticamente la infraestructura de gas natural licuado (GNL) en sus costas. FI se reunió con pescadores de Santa Clara, un asentamiento situado entre el puerto de Batangas y una gran terminal de GNL. Aquí, los residentes han visto cómo se reducían drásticamente las capturas de pescado, al tiempo que aumentaban las enfermedades pulmonares.

«Cuando se pisotea y se explota la naturaleza, ¿quién se ve afectado? Los pobres. Son las personas humildes las que sufren cuando se da prioridad a las grandes empresas que solo se preocupan por enriquecerse», afirma el hermano José Rico OFMCap, una figura muy conocida en Santa Clara. «Han construido estas plantas para abastecer de energía a toda Batangas, pero las personas que viven junto a ellas no tienen acceso a la energía. Es un gran contraste, una contradicción».

El riesgo de seguir desarrollando la infraestructura energética en esta zona quedó patente en febrero de 2023, cuando un buque cisterna que transportaba 900 000 litros de petróleo volcó en el paso. En Mindoro, FI visitó una de las comunidades más afectadas por el vertido posterior. Más allá del daño medioambiental, la moratoria de un año sobre la pesca debido a la contaminación provocó inseguridad alimentaria para más de un millón de personas. Muchos de los propios pescadores no han recibido la compensación económica que se les prometió.

FI ya ha planteado estas cuestiones en una comunicación al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, en la que destaca los costes reales de estos proyectos que, en apariencia, tienen por objeto impulsar el crecimiento económico. Mientras tanto, los franciscanos también están explorando estrategias alternativas. Mientras FI visitaba el paso de las islas Verde, el hermano Edwin Gariguez OFM se encontraba en Ginebra para intervenir en la junta de accionistas de un gran banco, instando a los inversores a retirar la financiación de los proyectos de GNL en Filipinas.

Salvar la bahía de Manila

Muchas de estas preocupaciones se reflejan en el proyecto de recuperación de la bahía de Manila, un plan para recuperar más de 100 kilómetros cuadrados de mar con el fin de hacer frente a la congestión crónica de la capital. El impacto medioambiental de este proyecto es profundo, ya que la recuperación alteraría los ecosistemas marinos, amenazaría la seguridad alimentaria y los medios de vida debido a la reducción de las capturas de pescado, dañaría el lecho marino y las infraestructuras costeras y destruiría los manglares que protegen las costas contra la erosión y las inundaciones. Mientras tanto, las comunidades pesqueras que han vivido en las costas de la bahía de Manila durante generaciones se han mostrado reacias a trasladarse.

Junto con los Jóvenes Defensores Franciscanos, FI visitó Talabo, donde los residentes se ven sometidos a una presión cada vez mayor para que acepten las ofertas de reubicación, enfrentándose a amenazas implícitas y explícitas por parte de las autoridades y las empresas implicadas. Ya se ha desalojado por la fuerza a 700 familias para dar paso a los proyectos de recuperación, la mitad de las cuales aún no han recibido ninguna indemnización. Mientras tanto, algunas personas que decidieron voluntariamente trasladarse fueron reubicadas lejos de la costa, lo que les ha privado de sus fuentes de ingresos tradicionales.

«Nuestro Gobierno tiene la idea de que atraer la inversión extranjera y las empresas acabará con estos grandes proyectos de construcción que traen el «desarrollo». Pero la pregunta es: ¿desarrollo para quién?», dice Lia Mai Torres, directora ejecutiva del Centro para Asuntos Ambientales. «No es desarrollo para los pescadores que viven allí. No es desarrollo para las personas que perderán sus puestos de trabajo. Es un plan para que las grandes empresas obtengan beneficios, no un desarrollo genuino para las comunidades locales».

Paralelamente a estas visitas, FI aprovechó la oportunidad para reunirse con socios de la sociedad civil con los que colabora desde hace mucho tiempo, provinciales franciscanos y otros líderes religiosos, entre ellos el cardenal Pablo Virgilio David. Juntos, plantearemos estas cuestiones ante los distintos mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas a lo largo de 2025 y en adelante.

Se trata de una traducción automática. Rogamos disculpen los errores que puedan haberse producido. En caso de divergencia, la versión inglesa es la autorizada.