communications, Author at Franciscans International (ES)

Entre ciertos grupos étnicos del norte de Benín, las características de un niño al nacer y en los meses siguientes son cruciales para su supervivencia. Desde su posición durante el parto hasta su forma de mamar, puede ser acusado de ser un niño «brujo». Según las creencias tradicionales, se convierte entonces en una maldición para su familia y toda la comunidad, y debe ser eliminado.

Hablamos con el hermano Auguste Agounpké, que lleva más de 20 años luchando contra el infanticidio ritual. Aunque se ha avanzado mucho desde entonces, incluida la penalización de la práctica por Benín en 2015, aún no ha desaparecido por completo. Aunque ahora se opta más a menudo por el abandono como alternativa a la muerte, los niños acusados de brujería siguen sufriendo estigmatización y exclusión. Hemos podido hablar de las actividades de sensibilización sobre el terreno en las que ha participado el Hermano Auguste, así como de su implicación en la defensa internacional.

¿Podría presentarse y presentar su trabajo sobre el infanticidio ritual en Benín?

Me llamo Auguste, soy fraile capuchino y trabajo para Franciscans-Benin. La primera vez que oí hablar de los llamados niños brujos fue cuando me enviaron en misión al norte del país en 2003. Me resultó extraño, porque es algo que no existe en el sur. Un día, un catequista de la parroquia vino a avisar al párroco de que iban a ejecutar a un niño de ocho meses porque le había salido el primer diente en el maxilar superior. Inmediatamente subimos al coche y nos dirigimos al pueblo. Los padres estaban allí, pero no tenían derecho a hablar: correspondía al abuelo decidir el destino del niño. Aceptó que nos lleváramos a su nieto, pero confirmó que lo mataría si volvía a verlo. Luego tuvimos un segundo caso, una niña a la que también le habían empezado a salir los dientes en el maxilar superior. Su madre, que lo vio enseguida, se fue a vivir con sus padres durante un tiempo para que nadie más se diera cuenta. Pero años después, por fin se lo confesó a su marido. Su hija ya tenía 9 años, pero el padre seguía queriendo matarla, así que tuvimos que ir a buscarla. Hemos salvado así a unos diez niños.

¿Cuáles son las diferentes razones por las que un niño puede ser calificado de «brujo»?

Además de la dentición, que tiene que empezar por la mandíbula inferior, también es muy importante la posición del niño durante el parto. El recién nacido debe caer de espaldas, mirando al cielo: si sale por los pies, por el hombro o de nalgas, habrá que sacrificarlo. Como la mayoría de las mujeres dan a luz en casa, suele encargarse una comadrona del pueblo. Pero algunas de ellas aprovechan que son las únicas autorizadas a entrar en la habitación -y, por tanto, capaces de presenciar la posición del niño al nacer- para ajustar cuentas. A veces mienten para perjudicar a la mujer que da a luz, si han tenido una disputa con ella, por ejemplo. Por último, el número 8 es un mal augurio en la tradición de la etnia bariba. Si una mujer da a luz prematuramente a los ocho meses, no se acepta. Del mismo modo, un niño no debe sacar sus primeros dientes a los ocho meses.

¿Qué ocurre con las mujeres que traen estos niños al mundo?

Mientras estén de acuerdo en eliminar a su hijo, no hay ningún problema para ellas. Sin embargo, si deciden quedárselo a pesar de todo, también ellas correrán peligro. Lo experimenté de primera mano cuando estuve en el norte. La sobrina del obispo con el que vivía dio a luz a un niño en una posición «mala». Con toda la sensibilización que habíamos hecho en la región, ella quería proteger a su hijo, y como su marido no era de la misma cultura, no tenía motivos para querer sacrificar a su bebé. Sin embargo, la familia de la madre concedía gran importancia a las creencias tradicionales. Ella y su marido tuvieron que huir del pueblo para proteger a su hijo. Si se hubiera quedado, su vida también habría corrido peligro.

¿Cuáles han sido las principales etapas de su lucha contra el infanticidio ritual?

En 2007, Franciscans International nos invitó a asistir a un curso de formación sobre el uso de los mecanismos de protección de los derechos humanos de la ONU. Estaba con una hermana franciscana que entonces no conocía, la hermana Madeleine Koty, que ya había salvado a cinco niños del asesinato ritual. Yo había salvado a tres. Así que decidimos que era importante llamar la atención de la comunidad internacional sobre este asunto, y presentamos un informe a la ONU unos meses después. Dos países reaccionaron inmediatamente y formularon recomendaciones para prohibir la práctica. A nuestro regreso, continuamos nuestra labor de sensibilización en las comunidades locales donde el fenómeno está muy extendido, y en 2012, con el apoyo de FI, se creó nuestra ONG Franciscains-Bénins. Combinando la incidencia internacional con la sensibilización a nivel local, puedo decir que, tras años de trabajo, las cosas han cambiado mucho y ya no se mata a estos niños de forma tan sistemática. Sin embargo, el miedo persiste, y los niños «no nacidos» siguen siendo abandonados. A veces, conseguimos concienciar a una familia para que se quede con su hijo, pero sigue siendo la excepción.

¿Puede darnos un ejemplo de una campaña de sensibilización que haya podido llevar a cabo?

En el norte de Benín, organizamos un curso de formación de una semana para cinco comadronas. Algunas de estas comadronas todavía tienen la tradición de decir a sus familias la posición exacta del niño al nacer. Así que trabajamos con ellas para animarlas a guardar el secreto entre la comadrona y la madre. Este proyecto empezó el año pasado y se prolongará hasta 2025. También vamos a continuar nuestras campañas de sensibilización en las escuelas, con los profesores, así como con diversos sectores de la población. Creo que estas campañas a distintos niveles son esenciales si queremos lograr un cambio de actitud.

¿Cuáles son los próximos pasos en su labor de protección de los llamados «niños brujos»?

Actualmente estamos construyendo un centro temporal para acoger a los niños rechazados por sus familias y mantenerlos a salvo. La idea es que puedan quedarse allí mientras les encontramos una familia de acogida, lo que a veces puede llevar meses. Intentamos elegir familias sensibles a este tema y cercanas a los niños desde el punto de vista cultural y religioso. Por último, contribuimos mensualmente a sus gastos generales. Este proyecto está actualmente en marcha y está previsto que se prolongue durante los próximos tres años.

Más información sobre el trabajo de Franciscans-Benin y Franciscans International en la cuestión del infanticidio ritual.

Véase nuestro artículo principal sobre los franciscanos a la cabeza en la defensa de los derechos humanos.

Se trata de una traducción automática. Rogamos disculpen los errores que puedan haberse producido. En caso de divergencia, la versión inglesa es la autorizada.

Durante las próximas dos semana os de presión empresariales, acudan a Dubai, en los Emiratos Árabes Unidos (EAU), para asistir a la Conferencia de la ONU sobre el Clima. Allí evaluarán los progresos realizados hacia la consecución de los objetivos del Acuerdo de París de 2015. La urgencia es evidente: la COP28 ha sido precedida por varios informes científicos, cuyas conclusiones son cada vez más nefastas y, por desgracia, efectivamente ignoradas.

La ventana para limitar el calentamiento global a 1,5 grados centígrados se está cerrando rápidamente y requeriría intervenciones radicales. Tal y como están las cosas, incluso el pleno cumplimiento de las promesas ya hechas por los gobiernos de reducir las emisiones elevará las temperaturas hasta 2,5 grados por encima de los niveles preindustriales.

Preocupantemente, las propias Conferencias de la ONU sobre el Clima han sido objeto de crecientes críticas por ofrecer una plataforma a los contaminadores para ellavado verde de sus actividades. La COP27 se caracterizó por una «explosión» de grupos de presión empresariales. La preocupación por la «captura corporativa» de las conferencias se hace eco de la que existe en otros procesos de la ONU, como las negociaciones en curso sobre un tratado relativo a las empresas transnacionales. También en la COP27, las autoridades egipcias impusieron severas restricciones a la sociedad civil, amenazando con privar a las deliberaciones de muchas voces críticas de las comunidades afectadas.

La COP28 se enfrenta a cuestiones similares sobre su legitimidad después de que los EAU eligieran al director general de su empresa petrolera estatal como presidente de la conferencia. Esto significa que las negociaciones sobre la eliminación progresiva del uso de combustibles fósiles por completo estarán ahora dirigidas por un ejecutivo petrolero cuya empresa, según se informa, está utilizando la COP28 como una oportunidad para promover nuevos acuerdos petroleros. Mientras tanto, conscientes de las graves restricciones del espacio cívico en los EAU, los activistas climáticos han expresado su temor a ser vigilados y detenidos durante la conferencia.

«Ahora más que nunca» se ha convertido en una especie de tópico en el mundo de la incidencia política, pero sigue siendo cierto en muchos casos, sobre todo en lo que respecta al cambio climático. Nos estamos quedando rápidamente sin tiempo para tomar medidas contra el cambio climático y ya hemos sobrepasado ciertos puntos de inflexión, lo que está provocando los ya inevitables efectos adversos del cambio climático sobre las personas y el planeta. Sin embargo, cada día que actuamos, podemos evitar más daños futuros.

¿Qué está en juego?

A pesar de sus deficiencias, el Acuerdo de París sigue ofreciendo uno de los marcos internacionales más sólidos para obligar a los Estados a actuar. En este contexto, Franciscans International seguirá de cerca los siguientes acontecimientos de la COP28:

La conferencia incluirá el primer balance mundial (GTS, por sus siglas en inglés), a través del cual los países y otras partes interesadas evaluarán los avances en la reducción de emisiones mediante los compromisos nacionales que adquirieron tras el Acuerdo de París, e identificarán dónde se están quedando rezagados. Aunque está claro que estamos muy lejos de mantener la temperatura media mundial «muy por debajo de los 2 °C», el GTS puede aprovecharse para acelerar la ambición de la próxima ronda de planes de acción nacionales, prevista para 2025.

También se espera que los delegados de los Estados decidan si eliminan por completo los combustibles fósiles (phase out) o si se limitan a reducir su uso (phase down). La extracción continuada de gas, petróleo y carbón por parte de las empresas no sólo perjudica a nuestro planeta, sino que también afecta negativamente a una serie de derechos humanos, como el derecho a la salud y el derecho a un medio ambiente limpio, sano y sostenible. La decisión de eliminar progresivamente los combustibles fósiles es esencial para proteger tanto nuestra casa común como nuestros derechos humanos.

Las negociaciones sobre un fondo de pérdidas y daños deben concluir en la COP28. A través de este mecanismo, los países ricos -históricamente responsables de la mayor parte de las emisiones- deberían proporcionar ayuda económica a los países más pobres para mitigar los daños de la crisis climática y facilitar el abandono de los combustibles fósiles. Un mecanismo equitativo y eficaz será fundamental para garantizar que nadie se quede atrás.

Por primera vez, la Conferencia de la ONU sobre el Clima contará con un pabellón religioso, lo que refuerza aún más el firme compromiso de la ONU con las comunidades religiosas en cuestiones climáticas. Aunque el Papa Francisco se vio obligado a cancelar su visita por motivos de salud, Arzobispo anglicano Julio se unirán a otros líderes religiosos para subrayar que la justicia climática no es sólo una cuestión política y de derechos humanos, sino también un imperativo moral y espiritual.

La COP28 coincide también con el 75 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el 10 de diciembre. Esa misma semana, el 15 de diciembre, se concederá el prestigioso Premio de Derechos Humanos de la ONU a una coalición internacional de organizaciones de la sociedad civil, entre las que se encuentra FI, por su papel en la defensa del reconocimiento del derecho a un medio ambiente sano, un recordatorio inequívoco de que las cuestiones medioambientales son también cuestiones de derechos humanos. Con su reconocimiento de este derecho, la Asamblea General de la ONU ha sentado las bases de un enfoque de la acción mundial basado en los derechos.

Cuando los delegados se reúnan en la COP28, deben estar a la altura del momento y cumplir por fin las obligaciones que les impone el derecho internacional. Deben saber que el mundo está observando y que todo lo que no sea una acción urgente e integradora no es una opción. En palabras del Secretario General de la ONU, Antonio Guterres : «Tenemos que elegir. Acción colectiva o suicidio colectivo. Está en nuestras manos».

Dónde encontrarnos durante la COP28:

Encuentro Interreligioso de Talanoa
(30 de noviembre – 12:30 CET)

Basándonos en una forma tradicional de diálogo de los pueblos indígenas de Fiyi para resolver problemas dentro de la comunidad, nos reuniremos para intercambiar nuestras iniciativas, preocupaciones y esperanzas en nuestro trabajo por la justicia climática.

El Derecho a un Medio Ambiente Sano – ¿Y ahora qué?
(1 de diciembre – 13:45 CET)

Durante un acto de alto nivel que inaugurará el Presidente de Eslovenia, exploraremos cómo la comunidad climática internacional puede incorporar, aplicar y codificar el derecho a un medio ambiente sano.

Se trata de una traducción automática. Rogamos disculpen los errores que puedan haberse producido. En caso de divergencia, la versión inglesa es la autorizada.

En la década de 2000, el descubrimiento de grandes reservas de gas y minerales en Cabo Delgado, la provincia más septentrional de Mozambique, prometió traer crecimiento económico y desarrollo humano a la población. Sin embargo, aunque dio lugar a inversiones masivas de empresas europeas, las comunidades locales apenas se han beneficiado de ello. Al contrario, la explotación de los recursos acentuó las desigualdades y participó en el aumento de la violencia. La situación en Cabo Delgado se agravó aún más en octubre de 2017, cuando un grupo extremista conocido localmente como Al Shabab* emprendió una insurgencia brutal, atacando indiscriminadamente a los ciudadanos. Desde que comenzó, miles de personas han muerto y más de un millón han sido desplazadas.

En medio de esta crisis compleja y polifacética, las Franciscanas Misioneras de María (FMM), a las que pertenece la Hermana Therese, ayudan a los desplazados internos en los campos proporcionándoles apoyo psicológico y cursos de formación práctica, sobre todo para mujeres jóvenes. Hablamos de su trabajo diario con los afectados, de algunas de las causas profundas de la crisis y de cómo ve la defensa internacional.

¿Puede explicarnos en qué consiste su trabajo?

En el norte de Mozambique, la llegada de desplazados internos fue repentina y masiva. Cada día llegaban entre 300 y 500 personas, algunas con su equipaje, otras con las manos vacías. Cuando esto ocurrió, tuvimos que tomar una decisión rápida. Como ya tenía experiencia trabajando con refugiados ruandeses y burundeses, no dudé en implicarme y ponerme a su servicio. Gracias a la colaboración de las autoridades locales, pudimos encontrar diferentes sitios para acoger a la gente, y actualmente tenemos once campamentos en nuestro distrito. Lo primero que hacemos mis hermanas y yo es acogerlos en una de nuestras parcelas y proporcionarles la ayuda de emergencia enviada por nuestra congregación, que incluye alimentos para los primeros días y una esterilla para dormir. Nuestro trabajo tiene también una dimensión psicológica: cada mañana, nuestra prioridad es estar cerca de ellos y escucharlos. Nuestra sola presencia es esencial. Por último, les formamos para que sean autosuficientes, para que no se vuelvan dependientes.

Antes de llegar a estos campos, ¿cuál era la experiencia de estos desplazados?

Muchas personas se vieron desplazadas por los atentados terroristas, que comenzaron de forma inesperada. Los aldeanos veían impotentes cómo grupos armados quemaban sus casas y decapitaban a sus vecinos y familiares. Cuando ves eso, no te queda más remedio que huir. Fueron muchos los desplazados por esta violencia, pero no fue el único factor. De hecho, el suelo de la provincia de Cabo Delgado es rico en minerales, lo que lo convierte en un lugar especialmente atractivo para la industria minera. En lugar de entablar un diálogo con las poblaciones indígenas y los jefes tradicionales, las empresas transnacionales las han desalojado de sus tierras, a menudo con la falsa promesa de darles a cambio nuevas parcelas que les permitirían continuar con sus actividades agrícolas.

¿Cómo es la situación en los campos?

Gracias a la ayuda de organizaciones no gubernamentales y eclesiásticas, la situación ha mejorado. Algunas de ellas se ocupan del agua cavando pozos, las instalaciones sanitarias están en mejores condiciones y, en general, la colaboración con otras entidades hace que se atiendan mejor las necesidades locales. Médicos Sin Fronteras (MSF), por ejemplo, fue una de las primeras en llegar sobre el terreno para proporcionar ayuda esencial. Sin embargo, la ayuda humanitaria no siempre es constante: debido a la falta de fondos, la ayuda del Programa Mundial de Alimentos (PMA) de la ONU está a punto de cesar, por lo que estamos en proceso de recibir las últimas reservas de alimentos. Esto es problemático, porque la lluvia escasea y se tarda tres meses en cosechar. Lo más difícil de nuestro trabajo son los medios. Si no tenemos los medios materiales, se acabó.

¿Qué le inspiró a empezar este trabajo y cómo conecta con su vocación de hermana franciscana?

Desde el principio de mi vocación, me vi a mí misma como misionera, lo que significa que acepto cualquier tipo de trabajo, aunque sea difícil y arriesgado. Nuestra Fundadora solía decir: «Mi consagración es el amor», así que debo amar a todos sin distinción. Mi prioridad es ayudar a los que sufren, pero también hago de mediadora. Como en Mozambique la tierra es propiedad del Estado, algunos campos se han redistribuido entre los desplazados recién llegados, lo que ha creado grandes tensiones con los lugareños. Estos últimos empezaron a exigir una parte de las cosechas como compensación por las tierras que habían perdido. En este tipo de situaciones, no tomo partido e intento mantener la cohesión. Por último, creo que mi trabajo refleja el equilibrio necesario entre la oración y la acción.

¿Qué impresión le causó su primera experiencia en las Naciones Unidas?

Me ha gustado porque pensaba que sólo algunos países estarían representados y tendrían la oportunidad de hablar; no esperaba que hubiera tanta diversidad en los debates. Además, los intercambios que presencié fueron muy respetuosos. Ahora tengo una impresión completamente distinta de la ONU, y puedo ver la gran labor en materia de derechos humanos que lleva a cabo tanta gente.

¿Cuál es su principal mensaje a la comunidad internacional?

Mi principal petición es que se respeten los derechos humanos y la libertad de expresión. En el contexto de las actividades mineras en Mozambique, es necesario entablar una conversación con la sociedad civil, y para ello la comunidad internacional tiene un papel esencial que desempeñar. Es importante presionar a los jefes de Estado para que entablen un diálogo con sus pueblos y garanticen su participación en los procesos de toma de decisiones que les afectan. También es responsabilidad de los gobiernos poner límites a las empresas y mantener una reciprocidad que incluya a las poblaciones locales. Por último, estoy convencido de que todos podríamos convivir muy bien en esta tierra si respetáramos los derechos humanos, derechos que están incluidos en los Diez Mandamientos de Dios.

*Sin vínculos con el grupo somalí del mismo nombre.

Para más información, consulte nuestro artículo principal sobre los franciscanos a la cabeza en la defensa de los derechos humanos.

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Muchos de los amigos, socios y colegas de Franciscans International se reunieron en Ginebra y en línea el 8 de noviembre para marcar el comienzo de una nueva era para la organización y despedir a Markus Heinze OFM, cuyo último mandato como Director Ejecutivo llega a su fin tras más de una década. El evento fue también una oportunidad para conocer y dar la bienvenida a su sucesor, Blair Matheson TSSF, que asumirá oficialmente el cargo el 1 de enero de 2024.

Markus aprovechó la ocasión para agradecer a las personas comprometidas con el trabajo de FI el apoyo recibido en los últimos años. «Todo lo que hemos conseguido sólo ha sido posible gracias a todos vosotros. Es como una orquesta: cada uno toca su propio instrumento, pero eso es lo que crea los maravillosos sonidos», dijo. «Pero, por supuesto, no se trata de nuestros logros, sino de nuestra misión y visión de respetar la dignidad y los derechos de todas las personas. Por eso os doy las gracias».

Reflexionando sobre el cambio, el Presidente del consejo de administración internacionalnternacional de FI, el Hermano Michael Perry OFM, pronunció un breve discurso, explorando el significado del liderazgo en un contexto franciscano y sus vínculos con la defensa de los derechos humanos en las Naciones Unidas.

«Una de las cosas más sorprendentes del liderazgo en el mundo ‘franciscano’ -si es que tal mundo existe realmente- es el sentido intuitivo de que la verdadera autoridad se deriva de abajo, de estar entre los últimos, compartir su experiencia y comprometerse con ellos, en lugar de pretender ocupar un lugar en la cima de la sociedad.»

Al concluir la reunión, los asistentes ofrecieron una bendición a Blair mientras se prepara para tomar el relevo. «Estaba claro que mi tiempo en FI iba a terminar, y puede que algunos se hayan puesto nerviosos por lo que vendría después», dijo Markus. «Prometí a la gente que haríamos todo lo posible por encontrar un buen Director Ejecutivo, pero no sabía que sería tan bueno».

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Durante la última semana de octubre, los Estados miembros de la ONU se reunieron en Ginebra para continuar las negociaciones sobre un nuevo tratado que regularía las actividades de las empresas transnacionales en el marco del derecho internacional de los derechos humanos. Este grupo de trabajo intergubernamental de composición abierta (GTIG) fue creado en 2014 por el Consejo de Derechos Humanos, reconociendo que las empresas se encuentran entre los principales impulsores de las violaciones de derechos humanos en todo el mundo.

Franciscans International ha participado activamente en las nueve sesiones del IGWG celebradas hasta la fecha, aportando tanto conocimientos técnicos como ofreciendo una plataforma a los socios para que sus experiencias de primera mano puedan informar las negociaciones. En el pasado, hemos acogido a franciscanos y a otros defensores de los derechos humanos para que dieran testimonio de los impactos que las actividades empresariales tienen en sus comunidades, a menudo con consecuencias generalizadas e intergeneracionales.

Las negociaciones empiezan en serio

Al inicio de la 9ª sesión, varios Estados plantearon cuestiones y preocupaciones sobre el proceso de elaboración del cuarto borrador revisado, el texto propuesto que se está negociando. Entre ellas, la incorporación de algunas de las controvertidas 2022 propuestas realizadas por la presidencia, así como la falta de contribuciones entre sesiones de la región africana.

Tras llegar a un acuerdo sobre la publicación del cuarto borrador revisado en formatos «limpio» y «seguimiento de cambios» durante la sesión, las negociaciones continuaron y abarcaron el preámbulo y los Artículos 1 a 3 durante la semana. La sesión contó con una amplia participación de los Estados, así como de muchos Estados que no se habían unido previamente a las negociaciones.

Aunque esto fue una señal alentadora, sigue habiendo un desacuerdo fundamental entre los Estados sobre el alcance del tratado y qué tipos de empresas debe abarcar. Con grandes intereses financieros en juego, ha habido repetidos intentos por parte de algunos Estados e intereses empresariales de debilitar el texto. FI ha realizado y participado en declaraciones orales, incluso como miembros de las coaliciones Red-DESC y Feministas por un Tratado Vinculante. A lo largo de las negociaciones, nuestras intervenciones se han centrado en la necesidad de incluir un lenguaje sólido que establezca herramientas procesables para hacer frente a la realidad a la que muchas comunidades se enfrentan desde la base.

Voces de las bases

También copatrocinamos dos actos paralelos. El primer acto, «Un debate interregional para poner de relieve cuestiones clave que el Tratado puede abordar desde una perspectiva feminista», contó con la participación de un miembro del personal de FI y una Hermana Franciscana de Mozambique, que debatió la relevancia del futuro tratado en situaciones de conflicto basándose en su experiencia de apoyo a los desplazados internos. En un segundo acto, en el que se analizaron casos concretos de violaciones de derechos humanos y de destrucción ecológica, se examinó cómo estos ejemplos abordaban disposiciones específicas del tratado propuesto, incluidas sus disposiciones sobre prevención, acceso a la justicia y responsabilidad.

Para avanzar, el informe del Presidente-Relator ofrecía una serie de recomendaciones, entre ellas presentar una decisión de procedimiento al Consejo de Derechos Humanos solicitando recursos humanos y financieros adicionales para apoyar el proceso, celebrar consultas entre periodos de sesiones sobre la metodología y convocar «consultas temáticas interregionales entre periodos de sesiones» sobre el proyecto de tratado.

FI continuará siguiendo de cerca el proceso, y contribuirá activamente, cuando sea posible, a las reuniones entre sesiones y a otras oportunidades de consulta.

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Más de veinte años después del final del conflicto armado interno, Guatemala sigue padeciendo estas décadas de violencia extrema y discriminación contra las comunidades indígenas. Persisten la impunidad rampante y la corrupción generalizada a alto nivel. El poder judicial desempeña un papel importante a la hora de amordazar a la disidencia, bloqueando las investigaciones sobre corrupción y violaciones de derechos humanos y procesando arbitrariamente a periodistas y jueces independientes. El país también se ha convertido en uno de los lugares más peligrosos para los defensores de los derechos humanos, que son vigilados, criminalizados, acosados y, en algunos casos, simplemente asesinados. En agosto de 2023, el candidato anticorrupción Bernardo Arévalo ganó inesperadamente las elecciones presidenciales, dando nuevas esperanzas a la población. Pero desde entonces, la fiscalía general ha intentado deslegitimar los resultados, lo que a su vez desató protestas en toda Guatemala.

En este contexto, nos reunimos con Brenda Peralta, que trabaja como coordinadora de la Comisión de Justicia, Paz e Integridad (JPIC) de la Familia Franciscana de Guatemala, miembro del comité de incidencia de la Red Franciscana para Migrantes (FNM), así como coordinadora de la Iniciativa Causas Raíz en Guatemala. Hablamos de la situación en su país y de cómo ve su trabajo para que haya más justicia.

¿Cuáles son los principales problemas de derechos humanos en Guatemala?

Durante los últimos años, el «pacto de los corruptos» -un grupo de poderosas élites vinculadas al crimen organizado- ha socavado el Estado de derecho, con ataques sistemáticos contra funcionarios de justicia independientes y la criminalización de activistas, líderes indígenas y periodistas. Tras denunciar la corrupción en las más altas esferas del gobierno, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), respaldada por Naciones Unidas, fue expulsada del país. Las comunidades indígenas también son desalojadas a menudo de sus territorios, lo que provoca desplazamientos internos y otros abusos contra los derechos humanos. El problema con estas tierras es que fueron robadas durante el conflicto armado interno, cuando la población se exilió, y familias poderosas y militares transfirieron fraudulentamente los títulos a su nombre. Tras los acuerdos de paz de 1996, la población regresó a sus territorios, pero ahora éstos están siendo reclamados por los supuestos propietarios con la ayuda del gobierno y de grupos paramilitares que quieren utilizarlos para la producción de aceite de palma, la minería extractiva y proyectos hidroeléctricos.

¿Qué te inspiró a trabajar en estos temas y cómo conecta con tu vocación de franciscano?

Conocí a los franciscanos en mi adolescencia. Ellos me ayudaron a ser más consciente de lo que estaba pasando en mi país en ese momento, que fue durante los últimos años del conflicto armado interno. Sin embargo, no fue hasta muchos años después que conocí la JPIC. Su trabajo por el cuidado de nuestra casa común y por la construcción de un mundo mejor para todos se convirtió en una forma de vida para mí. Tratamos de concienciar a las comunidades franciscanas, tanto religiosas como seglares, sobre los problemas sociales y políticos y cómo nos afectan. También intentamos mostrar la importancia de la solidaridad y cómo la participación política y ciudadana contribuye a crear soluciones.

¿Cuáles son los principales retos de su trabajo?

Creo que uno de los principales retos es la coordinación de nuestro objetivo común, que es cambiar las estructuras injustas. Ya se ha hecho mucho a nivel regional, con Centroamérica y México, pero aún nos queda mucho camino por recorrer. Trabajamos en muchos frentes simultáneamente para poder ver cambios. Esto puede ser un reto, pero lo hago con gusto porque es por convicción. Otro reto es fomentar la defensa de la familia franciscana. De hecho, algunos podrían recelar de implicarse en ciertos temas, porque siempre hay un riesgo de seguridad cuando se trabaja como defensor de los derechos humanos.

¿De qué logro se siente más orgulloso?

La respuesta positiva y la confianza que muchos franciscanos han recibido durante estos años es realmente reconfortante. Hemos establecido alianzas con líderes, otras organizaciones religiosas y la sociedad civil. Un buen trabajo en equipo ha sido esencial para mejorar nuestra forma de hacer las cosas y para implicarnos a distintos niveles, incluido el internacional. Por ejemplo, trabajar con las Naciones Unidas ayuda a hacer visibles situaciones de violación de los derechos humanos que serían más difíciles de denunciar localmente por cuestiones de seguridad. También genera confianza en las personas y redes locales con las que ya trabajamos y facilita espacios de conexión para crear nuevas redes.

¿Cómo ves la diferencia entre el trabajo de caridad y el de derechos humanos? ¿Crees que se complementan?

Uno de los principios de JPIC es la caridad, que entendemos a tres niveles. Primero, el asistencial, como dar de comer al hambriento, luego el promocional, que es la sensibilización, y, por último, el estructural. Aunque algunas personas se dedican principalmente a la primera parte -lo cual está muy bien-, creo que es esencial ir más allá y trabajar sobre las causas profundas de la injusticia. En ese sentido, la caridad y el trabajo por los derechos humanos se complementan muy bien.

Para más información, consulte nuestro artículo principal sobre los franciscanos a la cabeza en la defensa de los derechos humanos.

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En septiembre, la Red Franciscana para Migrantes (RFM) se reunió en San Salvador para efectuar su encuentro anual. Estuvieron presentes facilitadores y representantes de refugios franciscanos para migrantes a lo largo y ancho de las Américas. Franciscans International participó en este encuentro representando las preocupaciones de la red en las Naciones Unidas.

La semana se centró en desarrollo de capacidades, intercambio de experiencias y colaboración. Juntos, los participantes pudieron analizar comparativamente la situación de los migrantes en sus respectivos países y la falta de protección de las personas en desplazamiento. Aunque los contextos políticos pueden variar, a menudo los problemas que los migrantes enfrentan, tales como violencia, inseguridad, crimen organizado y corrupción, son los mismos. Aunque se hizo el balance de los esfuerzos comunes para la protección de migrantes tanto en Sudamérica, como en Centroamérica y Norteamérica, los socios franciscanos también reflexionaron sobre cómo se puede fortalecer más su labor.

Resistir la invisibilidad de los migrantes

Debido a su desventajosa situación, las personas migrantes son vulnerables a una inmensa cantidad de violaciones de derechos humanos, que incluyen tanto trata y tráfico de personas como asesinatos y desapariciones forzadas. Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), 2022 fue el año más fatal para los migrantes en las Américas desde el inicio de su Proyecto Migrantes Desaparecidos en 2014, con más de 1.400 desaparecidos o muertos. Cuando esto ocurre, muchos familiares se quedan sin saber del destino de sus seres queridos, ya que todavía hay una deficiencia severa en las investigaciones.

Durante la semana, los franciscanos se reunieron con miembros del Comité de Familiares de Migrantes Fallecidos y Desaparecidos de El Salvador (COFAMIDE), una iniciativa de los familiares de migrantes desaparecidos nacida en 2006. Omar Joaquín, secretario general de la organización, recibió él mismo una “última comunicación” de su hijo antes de desaparecer. Desde entonces, ha ayudado a cientos de familias buscando respuestas acerca de sus parientes y aboga por mecanismos más sólidos de protección y búsqueda.

Documentar la situación es un verdadero desafío

Otro punto de atención del encuentro anual de 2023 fue la importancia de documentar estas violaciones de derechos humanos – un taller que recae bajo la responsabilidad de FI. Documentar y conectar las experiencias individuales puede ayudar a distinguir tendencias y dinámicas, a identificar a quienes estén implicados, y consiguientemente a robustecer los casos para una labor de incidencia nacional e internacional. También ayuda a desarrollar y sustentar una memoria colectiva de lo que les está sucediendo a las personas en desplazamiento.

Con ayuda de Margarita Núñez, del Programa de Asuntos Migratorios (PRAMI), se identificaron diferentes componentes de documentación de los derechos humanos y lo esencial que es cada uno para tomar acciones humanitarias, judiciales o políticas. De hecho, puesto que a menudo hay una brecha entre la legislación, los discursos y la práctica, es vital tener una información precisa y sistemática cuando se está abogando por el cambio.

La documentación también incluye incidentes de seguridad contra personas que trabajan apoyando y protegiendo a los migrantes. En un contexto de creciente criminalización y amenazas contra los defensores de derechos humanos (DDH), Joaquín Raymundo, de Protection International, hizo recuerdo a los participantes de que la Asamblea General de la ONU ha conminado a los Estados a proteger a los DDH. Esto condujo a un extenso intercambio de experiencias de primera mano de los protagonistas de incidentes de seguridad, y de ideas para mejorar las capacidades y las estrategias de protección para mitigar estos riesgos.

Finalmente, la semana que pasaron juntos ha demostrado la importancia de las alianzas. La secretaria ejecutiva de la RFM, Vianey Martínez, dijo: “Con un espíritu fraternal, hemos creado un espacio sinodal seguro para trabajar con FI en el desarrollo de un plan de trabajo de tres años y discutir nuestros próximos pasos”. Por último, esta colaboración les permite a los franciscanos usar sus habilidades complementarias, compartir sus buenas prácticas y apoyarse mutuamente en su objetivo común de proteger y salvaguardar la dignidad humana de las personas en desplazamiento.

El 21 de septiembre de 2016, hombres armados -algunos de ellos con uniformes que los identificaban como miembros de la agencia antidroga de Filipinas- se detuvieron frente a la casa de Amelia Santos. «No puedo olvidar el dolor cuando recuerdo ese día. Fue como una película», dice. Los hombres armados se adentraron en el barrio y empezaron a disparar. «Después, vi a mi marido tendido sobre una mesa, con la cara y el cuerpo cubiertos de barro y sangre […] En ese momento, supe que tenía que ser fuerte». Después supo que su marido había recibido 28 disparos.

La suya fue una de las miles de personas asesinadas extrajudicialmente en la brutal «guerra contra las drogas» emprendida en Filipinas bajo el mandato del ex presidente Duterte. Mientras que el gobierno admite que hay unas 6.000 víctimas, las organizaciones de la sociedad civil han documentado más de 30.000 casos. Los asesinatos han continuado a pesar de las promesas realizadas por una nueva administración que asumió el poder en 2022. Para las víctimas y sus familias, que proceden de forma desproporcionada de las comunidades más pobres y marginadas, ha habido pocas esperanzas de encontrar justicia a través de los tribunales de Filipinas.

En su lugar, han recurrido a las Naciones Unidas, pidiendo al Consejo de Derechos Humanos que apoye las investigaciones que puedan conducir finalmente a la rendición de cuentas. Franciscans International, en estrecha colaboración con hermanas y hermanos que apoyan a las víctimas en Filipinas, ha sido una de las organizaciones que ha ofrecido una plataforma a los familiares. Estas experiencias de primera mano son también esenciales para ofrecer una perspectiva crítica sobre iniciativas como el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos, que hasta ahora no han conseguido abordar con eficacia las violaciones de los derechos humanos en el país.

«Estamos hambrientos de justicia. Les pedimos que nos ayuden a obtener justicia y a garantizar que la guerra contra las drogas no caiga en el olvido. Su apoyo nos dará nuevas esperanzas, a nosotros que luchamos por la justicia para nuestros seres queridos», dijo la Sra. Santos mientras participaba en un acto paralelo durante el Consejo de Derechos Humanos. «Esperamos y rezamos para que se unan a nosotros dándonos valor».

La «guerra contra las drogas» es sólo uno de los muchos problemas de derechos humanos a los que se enfrentan los filipinos. Por eso, en septiembre de 2022, FI visitó el país para realizar un mapeo de los retos actuales y organizar un taller para que los franciscanos y sus socios puedan seguir planteando estos problemas de forma eficaz ante la ONU.

Durante esta visita, una de las principales preocupaciones identificadas por los franciscanos fue el daño causado por industrias como la minería y la energía geotérmica. Aunque aparentemente son una vía hacia el desarrollo, estos proyectos tienen un impacto devastador en el medio ambiente. La debilidad de las normativas y de la supervisión, unida a la corrupción, contribuyen a que la protección de las comunidades afectadas sea insuficiente. Además, estos proyectos agravan aún más los efectos ya negativos del cambio climático en Filipinas, un país especialmente vulnerable a los fenómenos meteorológicos extremos.

En la actualidad, Filipinas se enfrenta a una situación en la que un nuevo gobierno ha asumido algunos compromisos en la ONU para mejorar el problemático historial de derechos humanos del país, pero hasta ahora no ha cumplido sus promesas. En su lugar, un clima de impunidad sigue alimentando las violaciones de los derechos humanos y los ataques contra quienes defienden la justicia. Mientras persista este contexto, el Consejo de Derechos Humanos no debe hacer la vista gorda ante Filipinas. Los franciscanos siguen comprometidos a garantizar que se planteen estos retos a la comunidad internacional.

Se trata de una traducción automática. Rogamos disculpen los errores que puedan haberse producido. En caso de divergencia, la versión inglesa es la autorizada.

Sri Lanka está marcada desde hace tiempo por tensiones y enfrentamientos étnicos. Aunque la guerra civil terminó en 2009, la falta de cohesión social y un proceso de reconciliación fallido siguen alimentando la violencia. Durante las celebraciones de Pascua de abril de 2019, una serie de atentados suicidas en tres iglesias y tres hoteles causaron la muerte de más de 250 personas, lo que reavivó viejos agravios. La situación de los derechos humanos se deterioró aún más debido a una crisis económica que desencadenó las protestas masivas de Aragalaya, que condujeron al desalojo del entonces presidente Gothabaya Rajapaksa en 2022.

En este contexto, el padre Patrick Perera trabaja para que se haga más justicia y se rindan cuentas por las violaciones de derechos humanos que asolaron su país. Hablamos con él de la falta de justicia transicional, de cómo le impactaron los atentados de Semana Santa, así como de su llamamiento a la población para que se una.

¿Puede presentarse y explicar cuáles son los principales problemas de derechos humanos en su país?

Me llamo Patrick Sujeewa Perera y soy un sacerdote que trabaja para la Oficina de Justicia, Paz e Integridad de la Creación (JPIC) en Sri Lanka. En los últimos años, mi país se ha enfrentado a una grave crisis de derechos humanos, por lo que he estado participando en actividades para defender los derechos de las personas. El primer problema que observo tiene su origen en las tres décadas de guerra civil que sufrió Sri Lanka entre 1983 y 2009. Dada la brutal historia del país, sigue habiendo fuertes tensiones entre las comunidades cingalesa y tamil. Al mismo tiempo, la mala gestión de la economía por parte del gobierno y la corrupción provocaron una aguda escasez de combustible y otros suministros necesarios, lo que causó las protestas de Aragalaya, en las que participamos. El tercer problema es la creciente frecuencia de fenómenos meteorológicos extremos, como sequías e inundaciones, debido al cambio climático, que se ven exacerbados por proyectos insostenibles en nombre del desarrollo. Por último, hay mucha violencia contra los activistas de derechos humanos.

¿Qué te inspiró para empezar este trabajo y cómo conecta con tu vocación de hermano franciscano?

Empecé como voluntario, pero en aquel momento no estaba seguro de lo que hacía. Fue cuando presencié personalmente los atentados del Domingo de Pascua y vi los restos de la gente dentro de la iglesia cuando sentí un profundo cambio dentro de mí. Me di cuenta de que, si algunas personas pueden hacer cosas tan terribles contra la humanidad, es mi deber personal contrarrestarlo. Aunque no espero vivir en un mundo en el que no haya ninguna injusticia, como franciscano haré lo que pueda contra ella. Incluso ahora, cuando hablo en las Naciones Unidas, me acuerdo de aquel incidente. No sólo rezo por las víctimas, sino que alzo sus voces: Creo que en esto consiste mi vocación.

¿Qué defiende y por qué?

Abogamos por una mayor transparencia y responsabilidad del gobierno, que tiene en sus manos la vida de la gente corriente. Esto es especialmente importante si queremos eliminar la corrupción del sistema político. Como personas religiosas y activistas de derechos humanos, es nuestro deber mantenerlos en el buen camino. Tienen que saber que alguien les vigila. También creo que es importante recordar a la gente que tiene poder para cambiar las cosas. De hecho, las protestas de Aragalaya ayudaron en este sentido, porque la gente se dio cuenta de que tiene poder para protestar, y de que tiene poder para hacer que el gobierno rinda cuentas si está unida.

En su trabajo, ¿se ha sentido alguna vez en peligro, especialmente cuando las autoridades tienen en el punto de mira a los defensores de los derechos humanos?

Con el trabajo que realizo en relación con los atentados de Semana Santa, me han recordado muchas veces que tenga cuidado con mis actividades, ya que estamos exigiendo responsabilidades y justicia al gobierno. También participé en las protestas de Aragalaya, donde me enfrenté a ataques con gases lacrimógenos o agua, pero eso es bastante habitual. Hasta ahora no he recibido amenazas personales, pero sigo tomando precauciones para evitar que me ataquen.

¿Cuál es el logro del que se siente más orgulloso?

Lo que más me enorgullece no es algo individual, sino algo que hemos conseguido como grupo. Tras los atentados del Domingo de Resurrección, otros líderes religiosos de la diócesis de Colombo, como el arzobispo cardenal Malcolm Ranjith, pidieron una investigación imparcial de este atentado, pero no se llevó a cabo. Tras este fracaso, el cardenal quiso llevar la situación al ámbito internacional, pero no disponía de herramientas ni mecanismos reales. En aquel momento, él y la Iglesia católica de Sri Lanka se sintieron desesperanzados, como todas las víctimas. Gracias a la ayuda de Franciscans International, nuestro trabajo sobre el terreno ha llegado por fin al ámbito internacional. Como franciscanos, tenemos una buena reputación, y se nos respeta – este es un gran ejemplo de cómo la unidad de grupo puede ser eficaz.

¿Cómo ve la evolución del papel de los franciscanos en Sri Lanka?

Siempre hemos hecho obras de caridad, pero tras los atentados de Semana Santa, empezamos a movilizar a la gente, incluidos otros grupos franciscanos. Desde entonces, no sólo abogamos por nosotros mismos, sino que colaboramos con toda la familia franciscana, como las Misioneras Franciscanas de María o los frailes capuchinos. También hay grupos de la sociedad civil que colaboran con nosotros, sobre todo después de las protestas de Aragayala. Además, ahora estamos presentes a nivel internacional, así que, si algunos grupos no tienen necesariamente acceso a la ONU, podemos ayudarles llevando sus preocupaciones de defensa a ese nivel. Por último, el siguiente paso que veo es debatir cómo vamos a seguir trabajando juntos como una familia y elaborar estrategias sobre cómo abogar por la defensa de los derechos humanos.

Se trata de una traducción automática. Rogamos disculpen los errores que puedan haberse producido. En caso de divergencia, la versión inglesa es la autorizada.

UN Photo / Jean Marc Ferré

A continuación encontrará todas las declaraciones realizadas durante esta sesión a medida que estén disponibles. Nuestras intervenciones anteriores están disponibles aquí.

Ítem 10: Debate General – Filipinas (11 de octubre)

Teniendo en cuenta la impunidad reinante en Filipinas, pedimos al Consejo que no sólo renueve el mandato del Programa Conjunto de la ONU sobre Derechos Humanos en el país, sino que reconfigure su mandato para mejorar los mecanismos de rendición de cuentas en materia de derechos humanos. Esta ampliación debería incluir un elemento de supervisión e información, un papel de contrapartida para las instituciones nacionales y una participación significativa para las víctimas y sus familias. El programa también debería animar al gobierno a cooperar con el Tribunal Penal Internacional.

• Declaración completa (inglés)

Ítem 10: Diálogo interactivo sobre el informe relativo a la República Democrática del Congo (9 de octubre)

Aunque acogimos con satisfacción el informe del Alto Comisionado y los expertos, observamos que no aborda la buena gobernanza de los recursos subterráneos como causa principal de la inestabilidad en la RDC. Nuestras observaciones muestran que muchas empresas mineras siguen desalojando por la fuerza a la población, exponiéndola a la pobreza extrema y a la explotación. Con la transición energética verde creando una gran demanda de yacimientos congoleños de cobre y cobalto, preguntamos al Consejo cómo podría incluir la gobernanza del sector minero en su asistencia técnica.

• Declaración completa (francés)

Ítems 3 y 5: Diálogo interactivo con el Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas – Guatemala (28 de septiembre)

Durante el conflicto armado en Guatemala, la militarización de las tierras indígenas provocó graves violaciones de los derechos humanos, como desapariciones forzadas, masacres y desplazamientos forzados. Sin embargo, el sistema judicial no ha conseguido que los responsables rindan cuentas, y una nueva iniciativa podría conceder la amnistía a los militares que cometieron estos crímenes. Además, la militarización de las tierras indígenas continúa a día de hoy: 85 comunidades han sido desalojadas extrajudicialmente desde 2022. Pedimos al Consejo de Derechos Humanos que inste a Guatemala a proteger y respetar los derechos de los pueblos indígenas, incluido su derecho al consentimiento libre, previo e informado.

• Declaración completa (español)

Ítems 3&5: Diálogo Interactivo con el Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (28 de septiembre)

En una declaración conjunta, expresamos nuestro agradecimiento al Mecanismo de Expertos por su informe sobre la militarización de las tierras indígenas, en particular por dar visibilidad a los efectos sobre los derechos económicos, sociales y culturales, así como por incluir su punto de vista sobre el papel de la oportunidad empresarial. También aprovechamos la oportunidad para plantear tres casos de Brasil, Guatemala y Nicaragua en los que se siguen violando los derechos de los Pueblos Indígenas.

• Declaración completa (español)

Panel Anual sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas – Guatemala (27 de septiembre)

Ostensiblemente para «desarrollar el país», Guatemala ha abierto la puerta a empresas nacionales y transnacionales, así como a proyectos extractivos. A menudo emprendidos sin consultas ni consentimiento libre, previo e informado de las comunidades afectadas, estos proyectos tienen un impacto desproporcionado sobre los derechos de las mujeres indígenas a través de la explotación laboral y el trabajo no remunerado. En esta declaración conjunta, instamos a todos los Estados a que respeten sus obligaciones internacionales y garanticen a las mujeres indígenas un papel significativo en los procesos de toma de decisiones.

• Declaración completa (español)

Ítem 4: Debate general – Filipinas (27 de septiembre)

Las víctimas y sus familias siguen buscando justicia por las violaciones de derechos humanos cometidas durante la llamada «guerra contra las drogas», emprendida por el ex presidente Duterte. A pesar de que la nueva administración se ha comprometido a poner fin a las ejecuciones extrajudiciales, desde julio de 2022 se han documentado más de 400 casos. La Sra. Amelia Santos -cuyo marido fue víctima de una ejecución extrajudicial en 2016- planteó el acoso continuado y la falta de apoyo a las víctimas y sus familias. Pidió al Consejo que revise si su compromiso con Filipinas ha dado lugar a mecanismos adecuados para hacer efectiva la rendición de cuentas y acabar con la impunidad.

• Declaración completa (inglés)

Ítem 3: Diálogo interactivo con la Relatora Especial sobre residuos tóxicos (19 de septiembre)

En Colombia, se permite la expansión de las industrias extractivas sin consultar a las comunidades afectadas que sufren las consecuencias. Por ejemplo, la mina «La Colosa» en Cajamara ha causado daños medioambientales irreversibles en zonas protegidas y ha contaminado fuentes de agua. Teniendo esto en cuenta, pedimos al gobierno que apoye el Proyecto de Ley de Democracia Ambiental, que ayudaría a garantizar consultas significativas a las comunidades, evitaría una mayor degradación ambiental y obligaría a tomar medidas para mitigar los daños ya causados.

• Declaración completa (español)

Ítem 2: Debate general – Guatemala (13 de septiembre)
En 2022 se documentaron en Guatemala más de 3.574 agresiones contra personas, organizaciones y comunidades defensoras de los derechos humanos. La crisis de derechos humanos en la que está sumido el país se ve agravada por los intentos de instrumentalizar el poder judicial para deslegitimar las recientes elecciones presidenciales. Pedimos al Consejo que inste a todas las instituciones guatemaltecas a que respeten la voluntad del pueblo y garanticen que los funcionarios electorales, los periodistas y los defensores de los derechos humanos puedan llevar a cabo su trabajo sin temor a ser intimidados.

• Declaración completa (inglés)

Ítem 3: Diálogo interactivo con la Relatora Especial sobre agua y saneamiento (14 de septiembre)

La tala de árboles en las Islas Salomón limita el acceso al agua de las comunidades locales y daña los ecosistemas acuáticos del país. En este sentido, acogimos con satisfacción la recomendación del Relator Especial de que las empresas deben rendir cuentas por la degradación de los sistemas acuáticos y ser obligadas a cumplir con sus obligaciones de reparar y compensar estos daños. Destacando varios retos de las Islas Salomón, pedimos al gobierno que aplique los compromisos que asumió durante su último Examen Periódico Universal.

• Declaración completa (en inglés)

Se trata de una traducción automática. Rogamos disculpen los errores que puedan haberse producido. En caso de divergencia, la versión inglesa es la autorizada.