Más de veinte años después del final del conflicto armado interno, Guatemala sigue padeciendo estas décadas de violencia extrema y discriminación contra las comunidades indígenas. Persisten la impunidad rampante y la corrupción generalizada a alto nivel. El poder judicial desempeña un papel importante a la hora de amordazar a la disidencia, bloqueando las investigaciones sobre corrupción y violaciones de derechos humanos y procesando arbitrariamente a periodistas y jueces independientes. El país también se ha convertido en uno de los lugares más peligrosos para los defensores de los derechos humanos, que son vigilados, criminalizados, acosados y, en algunos casos, simplemente asesinados. En agosto de 2023, el candidato anticorrupción Bernardo Arévalo ganó inesperadamente las elecciones presidenciales, dando nuevas esperanzas a la población. Pero desde entonces, la fiscalía general ha intentado deslegitimar los resultados, lo que a su vez desató protestas en toda Guatemala.
En este contexto, nos reunimos con Brenda Peralta, que trabaja como coordinadora de la Comisión de Justicia, Paz e Integridad (JPIC) de la Familia Franciscana de Guatemala, miembro del comité de incidencia de la Red Franciscana para Migrantes (FNM), así como coordinadora de la Iniciativa Causas Raíz en Guatemala. Hablamos de la situación en su país y de cómo ve su trabajo para que haya más justicia.
¿Cuáles son los principales problemas de derechos humanos en Guatemala?
Durante los últimos años, el «pacto de los corruptos» -un grupo de poderosas élites vinculadas al crimen organizado- ha socavado el Estado de derecho, con ataques sistemáticos contra funcionarios de justicia independientes y la criminalización de activistas, líderes indígenas y periodistas. Tras denunciar la corrupción en las más altas esferas del gobierno, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), respaldada por Naciones Unidas, fue expulsada del país. Las comunidades indígenas también son desalojadas a menudo de sus territorios, lo que provoca desplazamientos internos y otros abusos contra los derechos humanos. El problema con estas tierras es que fueron robadas durante el conflicto armado interno, cuando la población se exilió, y familias poderosas y militares transfirieron fraudulentamente los títulos a su nombre. Tras los acuerdos de paz de 1996, la población regresó a sus territorios, pero ahora éstos están siendo reclamados por los supuestos propietarios con la ayuda del gobierno y de grupos paramilitares que quieren utilizarlos para la producción de aceite de palma, la minería extractiva y proyectos hidroeléctricos.
¿Qué te inspiró a trabajar en estos temas y cómo conecta con tu vocación de franciscano?
Conocí a los franciscanos en mi adolescencia. Ellos me ayudaron a ser más consciente de lo que estaba pasando en mi país en ese momento, que fue durante los últimos años del conflicto armado interno. Sin embargo, no fue hasta muchos años después que conocí la JPIC. Su trabajo por el cuidado de nuestra casa común y por la construcción de un mundo mejor para todos se convirtió en una forma de vida para mí. Tratamos de concienciar a las comunidades franciscanas, tanto religiosas como seglares, sobre los problemas sociales y políticos y cómo nos afectan. También intentamos mostrar la importancia de la solidaridad y cómo la participación política y ciudadana contribuye a crear soluciones.
¿Cuáles son los principales retos de su trabajo?
Creo que uno de los principales retos es la coordinación de nuestro objetivo común, que es cambiar las estructuras injustas. Ya se ha hecho mucho a nivel regional, con Centroamérica y México, pero aún nos queda mucho camino por recorrer. Trabajamos en muchos frentes simultáneamente para poder ver cambios. Esto puede ser un reto, pero lo hago con gusto porque es por convicción. Otro reto es fomentar la defensa de la familia franciscana. De hecho, algunos podrían recelar de implicarse en ciertos temas, porque siempre hay un riesgo de seguridad cuando se trabaja como defensor de los derechos humanos.
¿De qué logro se siente más orgulloso?
La respuesta positiva y la confianza que muchos franciscanos han recibido durante estos años es realmente reconfortante. Hemos establecido alianzas con líderes, otras organizaciones religiosas y la sociedad civil. Un buen trabajo en equipo ha sido esencial para mejorar nuestra forma de hacer las cosas y para implicarnos a distintos niveles, incluido el internacional. Por ejemplo, trabajar con las Naciones Unidas ayuda a hacer visibles situaciones de violación de los derechos humanos que serían más difíciles de denunciar localmente por cuestiones de seguridad. También genera confianza en las personas y redes locales con las que ya trabajamos y facilita espacios de conexión para crear nuevas redes.
¿Cómo ves la diferencia entre el trabajo de caridad y el de derechos humanos? ¿Crees que se complementan?
Uno de los principios de JPIC es la caridad, que entendemos a tres niveles. Primero, el asistencial, como dar de comer al hambriento, luego el promocional, que es la sensibilización, y, por último, el estructural. Aunque algunas personas se dedican principalmente a la primera parte -lo cual está muy bien-, creo que es esencial ir más allá y trabajar sobre las causas profundas de la injusticia. En ese sentido, la caridad y el trabajo por los derechos humanos se complementan muy bien.
Para más información, consulte nuestro artículo principal sobre los franciscanos a la cabeza en la defensa de los derechos humanos.
Se trata de una traducción automática. Rogamos disculpen los errores que puedan haberse producido. En caso de divergencia, la versión inglesa es la autorizada.