Hacemos un llamado al Estado mexicano a cumplir con las recomendaciones que órganos y mecanismos internacionales han hecho en el marco de la protección de los derechos humanos de las personas migrantes y solicitantes de asilo y de las personas defensoras de los derechos humanos que trabajan con ellas.
En el marco del 103º período de sesiones del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CEDR), y de la carta de seguimiento enviada por el Comité al Estado Mexicano, las organizaciones abajo firmantes nos sumamos al análisis que hace el Comité sobre la falta de implemenetación o la implementación insatisfactoria de muchas de las recomendaciones que el Comité hizo en 2019. En particular, a casi dos años, aquellas recomendaciones realizadas sobre la situación de las personas migrantes y solicitantes de refugio o protección complementaria, la implementación no sólo ha sido insatisfactoria, sino que incluso ha habido una regresión.
Este inclumplimiento a las recomendaciónes del CEDR por parte del Estado mexicano, se enmarca en un contexto de políticas migratorias de militarización, criminalización, detenciones sistemáticas y uso de la fuerza, que fomentan la discriminación contra personas migrantes y solicitantes de refugio. Contexto que se ha agravado a un año de la imposición de medidas para contener la pandemia del Covid-19, y que ha afectado de manera particular a las personas con necesidad de protección internacional.
Primero, hemos sido testigos de un preocupante aumento de las fuerzas de seguridad, en especial las fuerzas militares y de la Guardia Nacional (GN), en la participación de las tareas de control y verificación migratoria. En el período de junio de 2019 a diciembre de 2020, las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional detuvieron a 152 mil personas migrantes en la frontera sur. La Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) – no la Guardia Nacional – realizó el 67% de estas detenciones, entre las cuales se encontraban 27 mil niños y niñas menores de 18 años.1 Además, se ha identificado un uso excesivo, arbitrario e indiscriminado de la fuerza en estas tareas de control y verificación migratoria, en especial, en el contexto de las caravanas del éxodo centroamericano, con violaciones fundamentales de los derechos humanos. Así como frente a las manifestaciones legítimas y pacíficas de las personas migrantes en detención por exigir sus derechos y condiciones dignas en la detención, lo que ha tenido consecuencias irreparables, como la muerte de un guatemalteco en la Estación Migratoria de Tensoique en abril de 2020.2
También hemos documentado que el INM ha negado el acceso al procedimiento de solicitud de refugio a las personas con necesidades de protección internacional, que han manifestado su intención de acceder al procedimiento y muchas de ellas han sido enviadas a centros de detención sin una consulta adecuada de sus solicitudes, o incluso rechazada su entrada al país. Aunado a esto, hemos documentado que personas con documentos de sus procesos de solicitud de refugio, o con la condición de refugiado reconocida, han sido detenidas y deportadas a sus países donde su vida corre riesgo.
Asimismo, ante la llegada de personas migrantes de origen africano y asiático al país, así como la presencia de personas haitianas, el Estado mexicano no ha adoptado un enfoque integral y diferenciado en su política migratoria, esencial para atender las diversas necesidades de dichas personas, como ofrecer una traducción adecuada e información suficiente de sus derechos.
El racismo que padecen las personas y familias haitianas, que han sido víctimas de la violencia, el trauma y la separación familiar es institucional. Tal es el caso de Maxene Andrè, quien murió la madrugada del 6 de agosto de 2019 en el interior de la Estación Migratoria Siglo XXI en Tapachula, Chiapas. De los 20 días que Maxene Andrè pasó detenido, 15 estuvo enfermo y en aislamiento.
La respuesta del Estado mexicano y sus instituciones, como el depliegue del INM en colaboración con la GN y la SEDENA en las fronteras, para evitar el ingreso de las personas migrantes y refugiadas, ha fomentado la xenofobia y discriminación en contra de las personas que ingresan al país por la frontera sur. Dichas prácticas se han documentado y publicado en diversos comunicados e informes donde se evidencia la criminalización del ingreso de personas extranjeras al país en situación migratoria irregular y se presume que estas personas podrían ser portadoras de alguna enfermedad. Situación que se ha hecho evidente con las medidas sanitarias en el contexto del Covid-19, las cuales han sido discriminatorias y dirigidas para contener la migración.
Por otro lado, en el actual campamento instalado desde el 18 de febrero de 2021 en el puerto de entrada de la ciudad de Tijuana, conocido como El Chaparral, en el que permanecen aproximadamente 1,500 personas, principalmente centroamericanas, existen situaciones de vulnerabilidad y riesgo. En el campamento no hay condiciones básicas de salubridad, higiene, seguridad, alimentación y atención a la salud. También, hay presencia de personas que difunden mensajes y acciones abiertamente xenofóbicas, racistas y discriminatorias, condiciones que generan mayor estrés y tensión en el campamento. Hasta el momento los tres niveles de gobierno no han implementado ninguna medida de atención humanitaria, ni de prevención a estas situaciones de discriminación.
También llamamos la atención a la situación particular de niñas y niños no acompañados. El 11 de noviembre de 2020, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley de Migración y de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, en materia de Infancia Migrante. Sin embargo, en la práctica se siguen observando detenciones de los niños y niñas no acompañados; así como detenciones en lugares inadecuados para estas poblaciones; separaciones familiares; y la falta de acceso al derecho de solicitud de asilo para ellos y sus acompañantes. Hasta el momento no existen reglamentos, protocolos, ni manuales de operación adecuados que hagan efectiva la implementación de dicha reforma.
Por último, enmarcado en el contexto generalizado de endurecimiento de las políticas migratorias antes descrito, se han vivido meses de una intensa hostilidad, acoso, vigilancia, difamaciones y agresiones en contra de personas defensoras de las personas migrantes; así como de albergues y espacios de atención a personas migrantes. Desde enero de este año, durante los recorridos de monitoreo de derechos humanos realizado por integrantes del Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos del Sureste Mexicano, las personas defensoras han sido vigiladas, hostigadas e impedidad a ejercer el derecho a defender derechos por elementos del INM, la GN, Sedena y Marina. Lo anterior, sucede en un contexto en el que, por las situaciones arriba descritas, son las personas defensoras, albergues y organizaciones de la sociedad civil quienes asumen todas las tareas de asistencia humanitaria y protección de las personas migrantes y sujetas de protección internacioal.
En el contexto del Covid-19, los discursos y acciones que criminalizan a las personas defensoras de los derechos de las y los migrantes, también han utilizado la emergencia sanitaria como pretexto para señalar falsamente las labores de acompañamiento y defensa de los derechos humanos, como “riesgos” a la salud de las poblaciones locales. Tal es el caso de las personas defensoras que atienden humanitariamente a las personas migrantes en el campamento El Chaparral, en Tijuana, y el de diversos albergues para personas migrantes en el país.
Por esta razón, vemos con preocupación la falta de información del Estado Mexicano en su informe de seguimiento al CEDR sobre la implementación de las recomendaciones relacionadas con la protección de personas defensoras que trabajan con personas en movilidad.
La falta de acciones que atiendan estas recomendaciones por parte del Estado mexicano tiene como consecuencia la negación sistemática de derechos fundamentales de cientas de miles de personas migrantes y solicitantes de refugio a raíz de la discriminación por su origen nacional.
Hacemos un llamado al Estado mexicano a cumplir con sus obligaciones internacionales, particularmente, en dar cumplimiento a las recomendaciones que órganos y mecanismos internacionales han hecho en el marco de la protección de los derechos humanos de las personas migrantes y solicitantes de asilo y de las personas defensoras de los derechos humanos que trabajan con ellas.
Firmamoss
- Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova A. C.
- Franciscans International
- Programa de Asuntos Migratorios, Universidad Iberoamericana Ciudad de México
- Red Franciscana para Migrantes en Centroamérica, México y Estados Unidos
- Red Franciscana para Migrantes en México
- Red Jesuita con Migrantes Centroamérica y Norteamérica
- Servicio Jesuita a Refugiados México
1) Storr, Samuel, “La militarización de las fronteras”, 24 Marzo 2021, https://seguridadviacivil.ibero.mx/2021/03/24/la-militarizacion-de-las-fronteras/ (acceso por última vez el 31 de Mayo 2021)
2) Ver también la comunicación realizada al respecto por los Mandatos del Relator Especial sobre los derechos humanos de los migrantes; del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria; el Relator Especial sobre el derecho a la alimentación y del Relator Especial sobre los derechos humanos al agua potable y el saneamiento, 23 de diciembre de 2020, https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=25793