Una persistente sequía en el sur de Madagascar, donde el 85 % de la población sigue dependiendo de la agricultura, ha sumido a más de 1,47 millones de personas en la inseguridad alimentaria y la pobreza extrema. Las terribles condiciones de vida han provocado la migración hacia el norte, lo que ha creado tensiones entre las comunidades desplazadas y las comunidades de acogida. Madagascar es el cuarto país más vulnerable al cambio climático del mundo, y la degradación medioambiental y la ausencia de una política holística para hacer frente a esta nueva realidad están agravando aún más la crisis.
Franciscans International visitó recientemente Antananarivo para llevar a cabo un taller y una serie de reuniones con la sociedad civil y otras partes interesadas clave, como misiones diplomáticas y representantes de las Naciones Unidas, con el objetivo de aplicar las recomendaciones pertinentes aceptadas durante el Examen Periódico Universal de Madagascar de 2025. Esto es consecuencia de una misión de formación e investigación realizada en 2024 por miembros de la Orden Franciscana Seglar con comunidades desplazadas y funcionarios locales. Sus conclusiones sirvieron de base para un informe conjunto de las partes interesadas elaborado por FI y la participación de dos franciscanos durante la sesión previa al EPU previa al examen de Madagascar, en la que se reflejó el 80 % de las recomendaciones franciscanas.
Sin embargo, desde la adopción del informe, la situación política en Madagascar ha cambiado drásticamente. Tras las manifestaciones generalizadas de septiembre de 2025 que llevaron a la destitución del presidente Rajoelina, un gobierno de transición bajo el mando del coronel Randrianirina se ha comprometido a abordar las principales reivindicaciones de los manifestantes de la generación Z, entre ellas la falta de servicios públicos, la corrupción rampante y la pobreza.
Aunque existe una percepción general de que el espacio cívico es más abierto bajo la nueva administración, no se ha dado prioridad específica a la aplicación de las recomendaciones del EPU. Con siete informes nacionales pendientes ante los órganos de tratados de las Naciones Unidas y la institución nacional de derechos humanos sin comisionados desde julio de 2025, la agenda de derechos humanos no parece ser una prioridad para el nuevo gobierno.
En este contexto, parte del taller facilitado por FI se centró en reforzar las redes con la sociedad civil y las organizaciones religiosas y en fortalecer la capacidad local franciscana para asumir la responsabilidad del proceso del EPU. Como parte de esta estrategia, los franciscanos seglares están planificando una segunda misión de investigación en Mahajanga a mediados de 2026 para evaluar la aplicación de las recomendaciones aceptadas del EPU y proporcionar información a las autoridades. FI seguirá basándose en estas conclusiones para plantear la situación de los derechos humanos en Madagascar ante las Naciones Unidas, entre otras cosas mediante intervenciones en la próxima sesión del Consejo de Derechos Humanos y en el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer.
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